Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y luego vicedecano de Ciencias Sociales. Abogado vinculado al movimiento de radios comunitarias, fue entrevistado por Roberto Caballero en el programa Mañana es hoy, que se emite de lunes a viernes, de 18 a 20, en Radio Nacional. Defendió la concepción de la Ley de Medios de la Democracia y analizó los puntos de contacto entre Murdoch y Magnetto.
Publicaste en Página/12 en relación al tema Murdoch. Escándalo en Inglaterra, con paralelo en los EE UU, y relacionado con nuestra nueva Ley de Medios.
–Se trata de un problema solamente de Inglaterra, o solamente un problema de escuchas. Eso parte de una primera investigación que hace el diario The Guardian, con su periodista Nick Davies, que publica ciertas inconductas de parte del News of the World, un diario de más de 180 años, que compró el grupo Murdoch hace un tiempo. E incluso se hace un planteo en un ámbito llamado Comisión de Quejas contra la Prensa (PCC), que es un mecanismo de autorregulación del periodismo inglés, donde tiempo más tarde, en septiembre de 2009, sacan una primera resolución señalando que no había ninguna cuestión que impugnarle a News of The World por la publicación de escuchas, porque dicen que no está probado esto. Hay una rara paradoja: si uno hoy se mete en la página web del PCC, encuentra un cartel en esa resolución de 2009 donde se dice que esto ha sido revocado por una decisión del 6 de julio de 2011, ya con pleno escándalo lanzado y con una declaración del PCC haciéndose cargo no del error sino de la circunstancia que existió, y llamando a que esto no pase más, etc.
–Le dieron la razón al periodista que había denunciado eso…
–Exactamente. Eso se puede hacer cuando tenés más de un medio y suficiente sustentabilidad para que haya pluralismo: ningún periodista se animaría a hacer eso si existiera un medio, o tal vez dos, porque no tendría adónde ir a trabajar. Marcaba eso en situación de la concentración de los medios, sobre todo en el interior en la Argentina, y particularmente en la televisión. La segunda cuestión es que este escándalo se visibiliza cuando el grupo Murdoch quiere comprar el resto de lo que le falta para llegar al 100% de una empresa de televisión digital llamada BSkyB, la más desarrollada de la televisión inglesa. Y requiere que sea aprobada esa compra, de acuerdo a la ley inglesa, por parte de una oficina regulatoria que hace un test de idoneidad, y si es apropiado y adecuado quien intenta comprar una licencia respecto a su historia en los medios, y cómo maneja sus medios. En Inglaterra, las reglas de desconcentración implican que si un propietario, por ejemplo, tuviera más de un medio, no puede nunca unificar las redacciones.
–Más dura que la legislación argentina.
–Las reglas en materia de contenidos, en muchísimos lugares, son más duras que en la Argentina. Los mecanismos de autorregulación, o de la propia prensa inglesa, se basaron en que a fines de los ’40, en la postguerra, el Parlamento inglés sacó un Documento llamado el Libro Blanco de la Prensa Inglesa, con una serie de cuestiones que estaban ocurriendo, y les dijo a las empresas periodísticas, a los editores: “o se autorregulan o los regulamos nosotros”. De ahí salió el Reglamento de la Comisión de Prensa, primero, y el PCC actual.
–Pero el caso no se termina ahí...
–Cuando explota el tema policial marca una situación de complicidades entre News of The World y la propia Policía Metropolitana (por el que termina renunciando el jefe de la Policía), ya que había un montón de libras puestas en estas operaciones encubiertas de la Policía para vender las grabaciones. Esto no era secreto, porque habían existido pagos de indemnizaciones judiciales y extra judiciales por publicaciones de esas escuchas. El punto más complejo es cuando se divulgan las grabaciones periodísticas ligadas al caso de la violación de una menor. Esto pone en jaque a todo el sistema, al régimen de complicidades, y toma intervención el Parlamento.
–¿Y cuál es el vínculo con el gobierno británico?
–La Cámara de los Comunes cita al primer ministro David Cameron –conservador–, y una de las cosas que le plantea es que su director de comunicaciones –acá una suerte de vocero– es el ex editor de News of The World, lo que muestra una mezcla entre la Fox y el gobierno conservador muy cuestionable. La devolución de atenciones que hace el primer ministro Cameron en su interpelación en la Cámara de Comunes es que la misma relación la tenía antes Rupert Murdoch –dueño del grupo de medios News Corporation– con el gobierno laborista, lo que implicó una serie de cambios reglamentarios durante su gestión, el inicio de flexibilizaciones a los mecanismos de control de concentración, y el propio Murdoch había dicho un día antes, en la Comisión de Cultura de la Cámara de los Comunes, que él se llevaba mejor con James Gordon Brown (primer ministro anterior). Cuando este entramado sale a la luz, los diputados le dicen a Murdoch que retire su oferta de comprar el 100% de BSkyB. Esto, limitado a un caso inglés, no sería nada, pero el propio Murdoch dijo hace mucho tiempo que él manejaba un imperio. ¿Hasta dónde llega ese imperio? Es innumerable la cantidad de medios que tiene, desde Australia hasta The Wall Street Journal en los EE UU. Y ahí aparece otra pata en todo este problema: el entramado entre la FOX de los EE UU –comprada por Murdoch en la década de 1980– y el Partido Republicano, sobre todo su ala más dura, más de derecha. Al punto que hay autores independientes, algunos, y demócratas, otros; y páginas web que tratan las cuestiones vinculadas a los medios, que han marcado frases como la de un ex redactor de discursos de Bush que dice: “nosotros pensábamos que la FOX trabajada para nosotros, y resulta que trabajamos para la FOX.”
–Queda en evidencia el poder mediático. ¿Hay algún paralelo entre Murdoch y Magnetto?
–No tengo elementos para hacer ese tipo de afirmaciones, porque no conozco al dedillo ninguna de las dos trayectorias. Sí creo que la situación de predominio de los medios del Grupo, en función del tendido de cable de lo que fue lo del fútbol para la explotación de modo vinculado con el crecimiento de Multicanal, la actual discusión sobre la fusión y la situación de predominio de la industria del papel por parte de Papel Prensa, da la sensación de un manejo del poder equiparable.
–Clarín publicó sin firma una nota de una página donde reflejaba mails secretos, personales, privados, de funcionarios, periodistas y actores políticos importantes. No para denunciar el delito sino haciéndose eco de lo que decían los mails. ¿Hay riesgo de traspasar una línea como sucedió en Inglaterra?
–Seré puntilloso en esto. No es exactamente lo mismo, ni por asomo, discutir principios éticos que discutir reglas legales. Y como entre otras, la piedra en mi mochila es haber sido y seguir siendo abogado del Gremio de Prensa, he tenido algunas defensas y planteos vinculados a esto. Lo que está claro en la mayoría de la jurisprudencia es que la difusión de correos y de grabaciones no puede ser considerada una violación legal. ¿Por qué? Porque no es el periodista –se supone, y si lo hiciera dejaría de trabajar como tal– el que hace el hackeo, la interferencia o la captación telefónica. Lo mismo con la publicación de fotos. Hay cuestiones que tienen que ver no con situaciones delictivas de apropiarse de la foto, sino con la divulgación de imágenes. Ahí puede haber un problema de derecho de imagen, pero no de naturaleza penal de cómo las obtienen en la medida en que no sea el periodista el que hace la captación. Ahí está la ilegalidad en el caso Murdoch: entre la policía y el News of The World, en función de ser ellos los que hacían las pinchaduras o encargarlas.
–Volviendo al tema de las similitudes con el caso argentino. La interpelación a Murdoch en la Cámara de los Comunes. Es improbable en nuestro país que en algún momento se pueda interpelar en la Cámara de Diputados a nuestro equivalente criollo de Murdoch, que sería la señora Herrera de Noble.
–Hay un régimen distinto de trabajo parlamentario. Aquí a lo único que se podría interpelar es a una figura que tenga el rol de ministro, o la sesión de preguntas y respuestas al jefe de Gabinete. Sí han habido muchos casos de citaciones en comisiones, pero se los cita en función de testimoniar.
–¿El alcance jurídico de las decisiones de la Cámara de los Comunes incide en impedir que Murdoch se hiciera cargo de la señal del BSkyB?
–Tiene control parlamentario. Con lo cual, si se lo diera, posiblemente por ser un sistema parlamentario de gobierno, habría una revisión por parte de la Comisión de Cultura, que es la que interviene. Lo que ocurrió es que la presión de la Cámara de los Comunes fue tal, que pidieron varias cosas: una, que pidiera disculpas el primer ministro por tener a Andy Carlson de director de Comunicaciones.
–¿Y lo hizo?
–Lo hizo. Pidió disculpas públicamente. Dijo que de haberlo sabido, no lo hubiera contratado. La segunda cuestión es que también le pidieron una separación más marcada entre los líderes políticos y los líderes de los medios. El primer ministro planteo claramente que había tenido
reuniones privadas, no sólo en su casa sino en otros sitios, pero en ningún caso se habían tratado temas oficiales. Y la tercera cuestión que se trató es una recomendación explícita a Murdoch de que retire la oferta.
–La causa que tiene Arroyo Salgado sobre pinchaduras y mails, de la Policía Aeroportuaria. Sí, le allanaron la casa a “Tata” Yofre, con periodistas de Editorial Perfil que fueron a declarar en el expediente…
–Lo que hay ahí es un tema de que uno no está obligado a revelar las fuentes.
–¿Se aprobó en Bolivia una ley de regulación del monopolio comunicacional?
–Hasta donde sé, lo sé desde hace diez días, era un ante proyecto de ley de telecomunicaciones, con cinco o seis artículos vinculados a radiodifusión, tomando el modelo argentino, que toma el modelo uruguayo y canadiense, de reserva de frecuencias para sectores sin fines de lucro en una franja, y en otra franja equiparable a esa, que entre las dos daban el 35% del espectro para primeras naciones.
–¿Se ha logrado en algún caso como el nuestro, con una Ley de Medios como la nuestra, un efecto antimonopolizante concreto?
–El problema es encontrar una ley como la nuestra. Por varias razones: es raro encontrar una situación tan monopolizada –en TV abierta– hasta que salgan los concursos que se convocaron hace poco, de las 220 licencias en el interior del país hay ciudades capitales de provincias que tienen sólo una señal de TV abierta, y tenés un monopolio hecho y derecho. En otros lugares, hay oligopolio: siete ciudades del país tienen más de una y a veces tres señales. Es raro encontrar un mercado de tanta concentración, salvo excepciones como México con Televisa que tiene el 60%, Azteca un 32% y el 8% restante son televisoras universitarias o públicas. No conozco muchos ejemplos de desmonopolización. En Uruguay con una comisión multisectorial, previo a que el presidente José Mugica ponga un pie en el freno, se están haciendo muchas cosas en la distribución de espectro, en la reasignación de bandas. Brasil discute a partir del Congreso Federal de Comunicaciones, con 8000 ponencias. Chile, inverso a nosotros. El modelo de TV digital es concentrador, no desconcentrador. Ecuador, con un proyecto que no respeta estándares internacionales y algunas cosas incómodas en control de contenidos, como que es la información “veraz y adecuada” en oportunidad de divulgar algo. Es muy complejo porque el riesgo es que en esa delicada línea haya alguien que resuelva qué es veraz o no veraz, no desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista legal.
–¿Cuáles son los puntos distintivos de la legislación argentina?
–Lo que se convocó en la Argentina, y en eso tuvo mucho que ver Gabriel Mariotto y por eso también me interesó participar, es que se recogieron las cosas más nuevas y a la vez las mejores prácticas regulatorias. Se apostó a un modelo de convergencia y que integrara los mejores mandatos del sistema interamericano de Derechos Humanos. Respetar la igualdad de oportunidades. La reserva de frecuencias se tomó del modelo canadiense, los derechos del público del modelo estadounidense, el control cruzado de concentración de los modelos estadounidense e inglés (no sólo cantidad de licencias sino su implicancia en el mercado), la política de desmonopolización, desconcentración de contenidos relevantes. Se tomaron los mejores modelos comparados. Y una cosa que se tomó particularmente en cuenta es que la Comisión Interamericana dice que no debe haber ningún tipo de regulación legal sobre las características de la información y las opiniones. No es cierto cuando se dice que la ley regula contenidos.
–¿Qué pasó con esa comisión que debía estar integrada en el Congreso para formar parte de este órgano de esta nueva ley? ¿Se formó o no? Algunos partidos dijeron que no pondrían a su gente…
–En algún momento se constituyó previo al cambio de la legislatura de diciembre de 2009, y se designaron los representantes de la primera minoría en radio y TV. De hecho ahí está sentado Claudio Schiffer en la autoridad de aplicación y María Lens en radio y TV. Las minorías no los enviaron y en el momento en que se constituyan deberían proceder a nombrar al Defensor del Público.
–¿Omitieron esa responsabilidad los partidos políticos por las minorías?
–No sé hoy cómo quedaría integrado, por el tema de mayorías y minorías en el Congreso por la composición de la bicameral y las distintas rotaciones que existieron.
–Quería contar una anécdota con la presidenta…
–Me tocó participar de una de las reuniones a la que fueron los gremios de la comunicación, CTA y CGT que fue en abril, creo. La presidenta se sentó a la cabecera, con unos 60 representantes sindicales, y durante 40 minutos dio una clase de Derecho a la Comunicación, impresionante. Lamenté no grabarla, pero si alguien la tiene, la colgaría con los teóricos de la facultad. Empezó distinguiendo entre libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información, a la comunicación, el rol de los medios en función a la garantía de los derechos en el sistema interamericano. Una clase de derecho de esas que inician la materia. <
La Presidenta inaugurará la ampliación del puerto y el astillero de Caleta Paula, en Santa Cruz. Además inaugurará por videoconferencia una planta refinadora de hidrocarburos en Cutral-Co.