El fiscal de instrucción Sandro Abraldes pidió ayer la declaración indagatoria de 33 oficiales de la Policía Metropolitana, 12 de la Federal y una jueza penal y contravencional porteña por sus presuntas responsabilidades en la muerte de dos personas y heridas a por lo menos media docena más durante el desalojo de los ocupantes del Parque Indoamericano, en diciembre del año pasado. Para el fiscal, si los policías hubieran actuado de acuerdo con lo que les exigen sus reglamentos ante situaciones de esa naturaleza “sin lugar a dudas, el resultado lesivo investigado en estos actuados se habría evitado, cuanto menos en la forma y dimensión que finalmente tuvo”. Esa normativa aconseja utilizar el mínimo de la fuerza y con extremo cuidado, pero según explica el dictamen, de 98 páginas, al que accedió Tiempo Argentino, “se verificaron, documentalmente, 581 disparos con motivo del desalojo del Parque Indoamericano”, y fueron secuestradas “141 pistolas, 55 escopetas y 4 pistolas lanzagases”, utilizadas por los uniformados.
La requisitoria ya está en manos del juez de instrucción Eliseo Otero, quien deberá resolver si hace lugar o rechaza los planteos. Abraldes reconstruyó lo que ocurrió desde la tarde/noche del 7 de diciembre del año pasado en el parque, determinó que “el desalojo fue llevado a cabo conjuntamente por la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana”, y concluyó que “ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía”.
Según la acusación fueron víctimas de “homicidio en agresión, y no de homicidio en riña. La acción conjunta de los imputados, que enfrentaron a varias personas que se hallaban desarmadas, con ostentación de su poder ofensivo mediante la portación y uso de armas largas, demuestra que todos ellos, más allá de quiénes hayan realizado los disparos con puntería, efectuaron un despliegue de violencia constitutivo de la realización de las acciones típicas”.
El fiscal también embistió contra la “decisión desaprensiva y prevaricadora de desalojar” el parque de la jueza María Cristina Nazar, a quien le reprochó que “no mantuvo contacto con la policía a los fines de dar indicaciones específicas o para expresar la impronta de trabajo, tampoco ejerció supervisión personalizada sobre el operativo, no se apersonó para tomar real dimensión de la situación, ni siquiera tuvo una comunicación telefónica directa con la persona a quien puso a cargo de la ejecución de la orden”.
“La jueza convirtió en derecho vigente, de modo acrítico y célere, la petición de la fiscalía; y de ese modo permitió la ejecución del operativo, que terminó con dos muertos y al menos cinco heridos de bala, al margen de todo mecanismo de control civil”, insistió el fiscal. El dictamen subraya que “la consecuencia directa del accionar policial violento han sido el fallecimiento de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña, y las graves heridas sufridas por Wilson Ramón Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Ronald Meruvia Guzmán, Jhon Alejandro Duré Mora y Juan Segundo Aráoz”. Todos recibieron impactos de proyectiles de plomo, probablemente –según la hipótesis del acusador público– producto de la adulteración de cartuchos que en su interior debían contener sólo postas de goma. “No menoscaba la hipótesis sostenida la alegación de que el personal de la Policía Metropolitana concurrió al Parque Indoamericano sólo provisto de munición antitumulto, ya que los hechos acreditados –muertes y lesiones– demuestran que en la ocasión se utilizaron cartuchos con proyectiles de plomo.”
Metropolitanos “con camisas blancas y chalecos negros” y Federales “con camisa negra y chaleco naranja” participaron por igual en los trágicos episodios y deberán dar explicaciones por ello, según la propuesta contenida en el escrito. El dictamen considera medular un peritaje de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional que demostró que los impactos mortales partieron desde los sectores en los que estaban los uniformados. “Los resultados mortales y lesivos derivaron de la actividad desplegada por las fuerzas policiales”, aseveró Abraldes. Lapidario, resumió: “Actuaron con conocimiento y aceptación de la concreción de aquellas consecuencias.” <
La requisitoria ya está en manos del juez de instrucción Eliseo Otero, quien deberá resolver si hace lugar o rechaza los planteos. Abraldes reconstruyó lo que ocurrió desde la tarde/noche del 7 de diciembre del año pasado en el parque, determinó que “el desalojo fue llevado a cabo conjuntamente por la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana”, y concluyó que “ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía”.
Según la acusación fueron víctimas de “homicidio en agresión, y no de homicidio en riña. La acción conjunta de los imputados, que enfrentaron a varias personas que se hallaban desarmadas, con ostentación de su poder ofensivo mediante la portación y uso de armas largas, demuestra que todos ellos, más allá de quiénes hayan realizado los disparos con puntería, efectuaron un despliegue de violencia constitutivo de la realización de las acciones típicas”.
El fiscal también embistió contra la “decisión desaprensiva y prevaricadora de desalojar” el parque de la jueza María Cristina Nazar, a quien le reprochó que “no mantuvo contacto con la policía a los fines de dar indicaciones específicas o para expresar la impronta de trabajo, tampoco ejerció supervisión personalizada sobre el operativo, no se apersonó para tomar real dimensión de la situación, ni siquiera tuvo una comunicación telefónica directa con la persona a quien puso a cargo de la ejecución de la orden”.
“La jueza convirtió en derecho vigente, de modo acrítico y célere, la petición de la fiscalía; y de ese modo permitió la ejecución del operativo, que terminó con dos muertos y al menos cinco heridos de bala, al margen de todo mecanismo de control civil”, insistió el fiscal. El dictamen subraya que “la consecuencia directa del accionar policial violento han sido el fallecimiento de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña, y las graves heridas sufridas por Wilson Ramón Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Ronald Meruvia Guzmán, Jhon Alejandro Duré Mora y Juan Segundo Aráoz”. Todos recibieron impactos de proyectiles de plomo, probablemente –según la hipótesis del acusador público– producto de la adulteración de cartuchos que en su interior debían contener sólo postas de goma. “No menoscaba la hipótesis sostenida la alegación de que el personal de la Policía Metropolitana concurrió al Parque Indoamericano sólo provisto de munición antitumulto, ya que los hechos acreditados –muertes y lesiones– demuestran que en la ocasión se utilizaron cartuchos con proyectiles de plomo.”
Metropolitanos “con camisas blancas y chalecos negros” y Federales “con camisa negra y chaleco naranja” participaron por igual en los trágicos episodios y deberán dar explicaciones por ello, según la propuesta contenida en el escrito. El dictamen considera medular un peritaje de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional que demostró que los impactos mortales partieron desde los sectores en los que estaban los uniformados. “Los resultados mortales y lesivos derivaron de la actividad desplegada por las fuerzas policiales”, aseveró Abraldes. Lapidario, resumió: “Actuaron con conocimiento y aceptación de la concreción de aquellas consecuencias.” <
