CLARIN MIENTE
La presidenta Cristina Fernández salió ayer al cruce de las versiones que indicaban que presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) salían de los establecimientos sin autorización judicial para asistir a actos kirchneristas, y lo calificó como "una mentira absoluta".
La mandataria, además, dejó entrever una fuerte crítica al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), al ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, y al tratamiento mediático que recibió el tema por parte del diario Clarín.
La mandataria se refirió a la "cadena nacional del miedo y el desánimo" y remarcó que "para determinadas cosas, (los medios) aplican la figura del encubrimiento", al evitar destacar hechos que pueden salpicar al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Durante el acto que encabezó en Casa de Gobierno para rubricar un acuerdo con la AFA, la presidenta subrayó que "todas las denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hechas contra el país, son por los servicios penitenciarios provinciales y ninguna por el Federal", al que calificó como "modelo".
Casi 24 horas después de que el ministro de Justicia, Julio Alak, exhibiera la autorización judicial que permitió la asistencia del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez –condenado por matar a su esposa– a un evento organizado por la agrupación Vatayón Militante, la presidenta decidió refutar el informe publicado el domingo por Clarín. "Quiero decirles que el Servicio Penitenciario Federal es un modelo", afirmó la mandataria, al describir que de él dependen 9700 presos de los 60 mil a nivel nacional; que el ciento por ciento de los internos posee su documentación en regla; que el 70% trabaja y tiene acceso al estudio, y que "con 35 establecimientos es el único que no tiene superpoblación".
A su vez, defendió la participación de los detenidos "en actos culturales" fuera de los muros de las prisiones porque el objetivo es "resocializarlos". "Con autorización judicial, no a actos políticos sino culturales, es obligación de la ley la reinserción social del preso", aclaró, ya que en la difusión periodística se puso el énfasis en la pertenencia partidaria afín al kirchnerismo de los organizadores. Tiempo Argentino reveló el oficio judicial con en el que Vázquez había sido autorizado, el 25 de noviembre del año pasado por el juez de Cámara Pablo Gustavo Laufer, a asistir al "evento cultural" que se iba a llevar a cabo en un local perteneciente a la agrupación. Lo mismo se repetiría en junio de este año cuando el mismo magistrado lo autorizó a salir por segunda vez. El caso de Vázquez también encierra una cuestión legal más compleja, ya que no tiene una condena firme al día de hoy. Su sentencia fue apelada tanto por su defensa como por la querella y la decisión está en la Cámara de Casación. La Ley 24.660 regula la forma en la que se cumplen las penas de encierro y a partir de lo que se entiende como "progresividad del régimen", se adapta al objetivo de resocialización. Los jueces suelen otorgar los permisos de salidas transitorias con más frecuencia aún a quienes no tienen una sentencia condenatoria firme como también era su situación en 2011.
Pero la presidenta fue más allá en su señalamiento al Servicio Penitenciario Bonaerense, y a lo que denominó como una de "una cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento". En ese contexto, subrayó que "no hubo ninguna figura política teniendo que dar explicaciones" cuando a días "de ser condenado a 29 años de prisión" por la justicia bonaerense "un delincuente peligrosísimo se escapó de la cárcel obviamente con complicidad". La referencia fue para la increíble fuga de Marcelo Segovia, quien el pasado 13 de julio había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del comerciante Emiliano Martinó en una entradera en la localidad de Ramos Mejía, en el año 2010. Diez días después, y vestido de mujer, huyó de la Unidad de Máxima Seguridad Nº 23, presuntamente con la ayuda de penitenciarios bonaerenses, según reconoció el propio Ejecutivo provincial. A pesar de que Casal debió dar explicaciones y relevar a la cúpula del penal, no hubo manifestaciones públicas sobre el episodio por parte de Scioli. No fue la única: hubo otras siete fugas sospechosas en lo que va del año de unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Eso se suma a las denuncias por torturas, tratos degradantes y asesinatos que jaquean a la estructura penitenciaria que conduce Casal. Los medios "tratan de involucrar siempre al gobierno nacional", se lamentó la presidenta, que se preguntó: "¿Qué es lo que hace el ministro de Seguridad?"
En el gobierno, interpretan el ataque hacia el director del SPF, Víctor Hortel –identificado por su pertenencia kirchnerista y también con Vatayón Militante–, como una estrategia urdida desde la provincia de Buenos Aires para desviar el foco de atención en las irregularidades que se denuncian en torno al Servicio Penitenciario provincial. Alak había mencionado a "sectores del sciolismo" cuando señaló a los responsables de lo que interpretaron como una operación político-mediática. Una fuente del mismo Gabinete anticipó que desde el gobierno nacional no descartan otros cuestionamientos mediáticos al manejo de las investigaciones policiales en casos que –en el último tiempo– han tenido gran cobertura y un alto impacto en la opinión pública con el objetivo de mellar la imagen de gestión del kirchnerismo. «
La mandataria se refirió a la "cadena nacional del miedo y el desánimo" y remarcó que "para determinadas cosas, (los medios) aplican la figura del encubrimiento", al evitar destacar hechos que pueden salpicar al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Durante el acto que encabezó en Casa de Gobierno para rubricar un acuerdo con la AFA, la presidenta subrayó que "todas las denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hechas contra el país, son por los servicios penitenciarios provinciales y ninguna por el Federal", al que calificó como "modelo".
Casi 24 horas después de que el ministro de Justicia, Julio Alak, exhibiera la autorización judicial que permitió la asistencia del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez –condenado por matar a su esposa– a un evento organizado por la agrupación Vatayón Militante, la presidenta decidió refutar el informe publicado el domingo por Clarín. "Quiero decirles que el Servicio Penitenciario Federal es un modelo", afirmó la mandataria, al describir que de él dependen 9700 presos de los 60 mil a nivel nacional; que el ciento por ciento de los internos posee su documentación en regla; que el 70% trabaja y tiene acceso al estudio, y que "con 35 establecimientos es el único que no tiene superpoblación".
A su vez, defendió la participación de los detenidos "en actos culturales" fuera de los muros de las prisiones porque el objetivo es "resocializarlos". "Con autorización judicial, no a actos políticos sino culturales, es obligación de la ley la reinserción social del preso", aclaró, ya que en la difusión periodística se puso el énfasis en la pertenencia partidaria afín al kirchnerismo de los organizadores. Tiempo Argentino reveló el oficio judicial con en el que Vázquez había sido autorizado, el 25 de noviembre del año pasado por el juez de Cámara Pablo Gustavo Laufer, a asistir al "evento cultural" que se iba a llevar a cabo en un local perteneciente a la agrupación. Lo mismo se repetiría en junio de este año cuando el mismo magistrado lo autorizó a salir por segunda vez. El caso de Vázquez también encierra una cuestión legal más compleja, ya que no tiene una condena firme al día de hoy. Su sentencia fue apelada tanto por su defensa como por la querella y la decisión está en la Cámara de Casación. La Ley 24.660 regula la forma en la que se cumplen las penas de encierro y a partir de lo que se entiende como "progresividad del régimen", se adapta al objetivo de resocialización. Los jueces suelen otorgar los permisos de salidas transitorias con más frecuencia aún a quienes no tienen una sentencia condenatoria firme como también era su situación en 2011.
Pero la presidenta fue más allá en su señalamiento al Servicio Penitenciario Bonaerense, y a lo que denominó como una de "una cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento". En ese contexto, subrayó que "no hubo ninguna figura política teniendo que dar explicaciones" cuando a días "de ser condenado a 29 años de prisión" por la justicia bonaerense "un delincuente peligrosísimo se escapó de la cárcel obviamente con complicidad". La referencia fue para la increíble fuga de Marcelo Segovia, quien el pasado 13 de julio había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del comerciante Emiliano Martinó en una entradera en la localidad de Ramos Mejía, en el año 2010. Diez días después, y vestido de mujer, huyó de la Unidad de Máxima Seguridad Nº 23, presuntamente con la ayuda de penitenciarios bonaerenses, según reconoció el propio Ejecutivo provincial. A pesar de que Casal debió dar explicaciones y relevar a la cúpula del penal, no hubo manifestaciones públicas sobre el episodio por parte de Scioli. No fue la única: hubo otras siete fugas sospechosas en lo que va del año de unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Eso se suma a las denuncias por torturas, tratos degradantes y asesinatos que jaquean a la estructura penitenciaria que conduce Casal. Los medios "tratan de involucrar siempre al gobierno nacional", se lamentó la presidenta, que se preguntó: "¿Qué es lo que hace el ministro de Seguridad?"
En el gobierno, interpretan el ataque hacia el director del SPF, Víctor Hortel –identificado por su pertenencia kirchnerista y también con Vatayón Militante–, como una estrategia urdida desde la provincia de Buenos Aires para desviar el foco de atención en las irregularidades que se denuncian en torno al Servicio Penitenciario provincial. Alak había mencionado a "sectores del sciolismo" cuando señaló a los responsables de lo que interpretaron como una operación político-mediática. Una fuente del mismo Gabinete anticipó que desde el gobierno nacional no descartan otros cuestionamientos mediáticos al manejo de las investigaciones policiales en casos que –en el último tiempo– han tenido gran cobertura y un alto impacto en la opinión pública con el objetivo de mellar la imagen de gestión del kirchnerismo. «
"una metodología para tergiversar"
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que "es falso" que haya minimizado la importancia de la seguridad como lo han reflejado medios periodísticos del Grupo Clarín. "Con su clásica metodología de tergiversar y descontextualizar, el monopolio presenta una respuesta mía al uso que algunos medios hacen de los hechos de inseguridad como si yo hubiese minimizado esa compleja e importante problemática", afirmó Abal Medina.
"Jamás sostuve que la inseguridad fuera una temática de la derecha, lo que es sencillamente una pavada, ni mucho menos minimicé el dolor de las víctimas de estos hechos", remarcó el jefe de Gabinete en declaraciones a Télam.
Abal Medina señaló que simplemente había respondido a una pregunta de un periodista radial, quien lo consultó sobre el recurso que utilizan algunas señales de noticias al repetir un mismo hecho de inseguridad infinidad de veces, a lo cual él contestó que "buscan generar miedo y desánimo en los televidentes". "Aislar y descontextualizar son prácticas a las que lamentablemente este monopolio nos tiene cada vez más acostumbrados", concluyó.
"Jamás sostuve que la inseguridad fuera una temática de la derecha, lo que es sencillamente una pavada, ni mucho menos minimicé el dolor de las víctimas de estos hechos", remarcó el jefe de Gabinete en declaraciones a Télam.
Abal Medina señaló que simplemente había respondido a una pregunta de un periodista radial, quien lo consultó sobre el recurso que utilizan algunas señales de noticias al repetir un mismo hecho de inseguridad infinidad de veces, a lo cual él contestó que "buscan generar miedo y desánimo en los televidentes". "Aislar y descontextualizar son prácticas a las que lamentablemente este monopolio nos tiene cada vez más acostumbrados", concluyó.
pedido de informes
El diputado radical Luis Sacca se sumó ayer a sus pares que habían anunciado medidas para investigar lo publicado por el diario Clarín. El legislador de Tucumán aseguró que presentará un proyecto de resolución para pedir al Poder Ejecutivo que explique sobre las presuntas salidas de presos para participar en actos políticos.
"La última vez que un gobierno llevó presos a los actos políticos fue con (José) López Rega y la Triple A, y ya sabemos lo nefasto que fue. Por tal razón, es muy importante que este tema sea esclarecido lo antes posible", sostuvo el legislador en una particular comparación. "Queremos establecer en qué marco institucional lo realizan y si además trasladan presos hacia sus actos políticos, violando la Ley 24.660" de ejecución de la pena privativa de la libertad, dijo pese a que se conoció la autorización judicial mediante la cual se tramitaron las salidas.
A su vez, Sacca anticipó que solicitará información sobre aportes presupuestarios por parte de organismos estatales hacia la agrupación Vatayón Militante, y preguntará si existen convenios para que en el marco del régimen de salidas transitorias normados por esa ley, los presos presten servicios y actividades dentro de dicha organización kirchnerista, una de las más de 20 ONG que se desempeñan intramuros.
En tanto, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) manifestó su "preocupación" al descreer de que las salidas hubieran sido autorizadas por la justicia, y aseguró que "no es veraz el argumento que llevando a los presos a estas actividades políticas partidarias se logra su resocialización". En un comunicado, Donda señaló que "es triste la manipulación de la situación que están haciendo altos funcionarios porque el trabajo social en la cárceles es fundamental, pero todo debe hacerse bajo supervisión de los jueces encargados del seguimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad".
La diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich, confirmó que tiene previsto entrevistarse esta semana con los jefes de algunos de los penales para profundizar los datos consignados por los medios.
"La última vez que un gobierno llevó presos a los actos políticos fue con (José) López Rega y la Triple A, y ya sabemos lo nefasto que fue. Por tal razón, es muy importante que este tema sea esclarecido lo antes posible", sostuvo el legislador en una particular comparación. "Queremos establecer en qué marco institucional lo realizan y si además trasladan presos hacia sus actos políticos, violando la Ley 24.660" de ejecución de la pena privativa de la libertad, dijo pese a que se conoció la autorización judicial mediante la cual se tramitaron las salidas.
A su vez, Sacca anticipó que solicitará información sobre aportes presupuestarios por parte de organismos estatales hacia la agrupación Vatayón Militante, y preguntará si existen convenios para que en el marco del régimen de salidas transitorias normados por esa ley, los presos presten servicios y actividades dentro de dicha organización kirchnerista, una de las más de 20 ONG que se desempeñan intramuros.
En tanto, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) manifestó su "preocupación" al descreer de que las salidas hubieran sido autorizadas por la justicia, y aseguró que "no es veraz el argumento que llevando a los presos a estas actividades políticas partidarias se logra su resocialización". En un comunicado, Donda señaló que "es triste la manipulación de la situación que están haciendo altos funcionarios porque el trabajo social en la cárceles es fundamental, pero todo debe hacerse bajo supervisión de los jueces encargados del seguimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad".
La diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich, confirmó que tiene previsto entrevistarse esta semana con los jefes de algunos de los penales para profundizar los datos consignados por los medios.
FUENTE: http://tiempo.infonews.com/
