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lunes, 30 de enero de 2012
PROstibulos en la CABA y tros lugares de LUJO
La conexión PRO. Cuando se encontró el último cuerpo sin vida entre los escombros de Orion, el gimnasio de Villa Urquiza que se vino abajo, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Oscar Raúl Ríos, era quien debía estar en el lugar y no estaba. Por eso al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no le quedó otra que pedirle la renuncia.
Una radiografía del sistema de prostitución en la Ciudad. Las influencias ocultas del ex Side, Raúl Martins. Las denuncias de su hija sobre el financiamiento de campañas Pro.
CONDE-MACRI-AWADA en el PROstibulo
Como si a este verano le hiciera falta calor, la escena mediática tomó temperatura con una historia de espías, intrigas y una cantidad y calidad de ribetes periodísticos aún difíciles de dimensionar. Por todo ello parece una operación. Una historia taquillera, de dinero, políticos y política; una trama de despecho familiar, complicidades y traiciones. Pero en su interior, hay otra historia, más dolorosa, la de la trata de personas. Un culebrón tan grande, que es difícil de seguir si no es a través de sus personajes.
El primer personaje es conocido, pero el público se renueva. Raúl Luis Martins Coggiola se hizo famoso en el ’98 a raíz de la causa “Soarez de Souza, Francisca s/ promover o facilitar la prostitución”, que se había iniciado un año antes, en la que trabajaron el fiscal José María Campagnoli y el juez Pablo Belisario Bruno. La investigación se extendió hasta 2001 y se encontró a Martins y a Carlos Perciavalle como responsables de promocionar la prostitución en sus locales, pero cayó por ser nulo el procedimiento judicial.
Martins era un espía que trabajó en la Side desde 1974 hasta 1987. Atravesó el período de dictadura completo, pero antes de abandonar su puesto de agente secreto para dedicarse de lleno a los negocios de la noche, según denunció su propia hija en sede judicial, ya tenía una estructura de corrupción, tráfico de drogas, trata de personas y prostitución armada. A principios de la década del 2000, Martins decide explorar nuevos horizontes para aquietar las aguas. Viaja a México y se instala en Cancún.
El personaje clave ahora es Lorena Cristina Martins, la hija de 35 años que hace más de diez se instaló con su madre y sus hermanos en España, buscando esquivar a la prensa y huyendo del mal trago familiar de haberse enterado de la doble vida del padre. Lorena cuenta que fingió un acercamiento para investigar sus cuentas pero descubrió la trama de corrupción tejida por espías, policías, funcionarios y políticos, y la trama de la trata que empezó a conocer de boca de las mismas chicas.
Ningún hijo que no sea directamente afectado puede denunciar a su padre, pero el 29 de octubre del año pasado hubo testigos identificados que escucharon la voz de Martins por el altavoz del Nextel de Lorena, gritando: “Te voy a matar a vos y a tu novio”. Ante la amenaza, se ganó el derecho a denunciar todo lo que sabía. Ese mismo día, dos matones aparecieron por la casa donde se hospedaba “para amedrentarla”, según dijo a la policía de Boulogne, donde también señaló que a los matones los había mandado otro agente de inteligencia en actividad, al que llaman El Lauchón, con quien se había comunicado y confirmado lo denunciado. El Lauchón, siempre según la denuncia presentada por Lorena, cobra por sus servicios de espía, alertando a la organización sobre pinchaduras de teléfonos, denuncias u operativos, además de los matones.
Cuando Martins le decía a Lorena, desde México, “te voy a matar a vos y a tu novio”, el novio estaba escuchando. Era Claudio Lifschitz, ex abogado del espía, ahora enemistado. Los testigos del Nextel y quienes se adelantaron a los matones, de hecho, fueron los agentes que Lifschitz lleva como custodia personal desde que en 2007 denunció a Martins y presentó el testimonio de algunas chicas a las que él mismo ayudó a escapar. Lifschitz es el cuarto personaje.
“Con Claudio tuvimos una historia personal muy corta, ahora somos abogado-cliente. Era abogado de mi padre y yo lo conocí hace muy poco”, cuenta Lorena a Miradas al Sur. “Lo busqué porque los otros abogados tenían miedo a representarme. Tuvimos una cortísima relación sentimental que en ningún caso fue algo serio. De su pasado sé muy poco”, aclara.
El ex abogado del espía proxeneta también se había peleado con un jefe anterior, cuando trabajaba en el juzgado de Juan José Galeano durante la época de la investigación trunca del atentado a la Amia. Se dice que fue recomendado por el ex comisario Jorge Fino Palacios. Antes, había hecho buenas migas también entre los espías que, dicho sea de paso, le pagan la correspondiente jubilación a Martins. Ahora Lifschitz se ganó la confianza con el mérito de haber recuperado el pasaporte y repatriar al menos a una de las chicas secuestradas en México, otra de las testigos protegidas. La primicia de la denuncia estuvo en la página de la organización social La Alameda y en el diario Página/12, que también le hizo la primera entrevista a quien desde ese momento todos llaman Carla.
El cuarto actor de esta historia es el relato de Carla. El que cuenta de tres chicas solas en una tierra extraña, sin documentos y amenazadas, desengañadas de la confianza que le tenían a esa gente tanto como de los empleos de camareras, modelos, bailarinas o recepcionistas que les habían prometido. Tres chicas que son atacadas sexualmente por unas 12 personas en su primera noche en Cancún. Armas y drogas completaban el inicio de la fase de quiebre. Después, la historia no es original. Chicas esclavizadas en una calesita de amenazas, endeudamientos, alcohol, drogas y sometimientos por parte del poder y los funcionarios de turno. En Buenos Aires, en Cancún y en Mendoza. Carla ahora cuenta todo a borbotones, cómo aquella primera noche sangraba.
El primer personaje es conocido, pero el público se renueva. Raúl Luis Martins Coggiola se hizo famoso en el ’98 a raíz de la causa “Soarez de Souza, Francisca s/ promover o facilitar la prostitución”, que se había iniciado un año antes, en la que trabajaron el fiscal José María Campagnoli y el juez Pablo Belisario Bruno. La investigación se extendió hasta 2001 y se encontró a Martins y a Carlos Perciavalle como responsables de promocionar la prostitución en sus locales, pero cayó por ser nulo el procedimiento judicial.
Martins era un espía que trabajó en la Side desde 1974 hasta 1987. Atravesó el período de dictadura completo, pero antes de abandonar su puesto de agente secreto para dedicarse de lleno a los negocios de la noche, según denunció su propia hija en sede judicial, ya tenía una estructura de corrupción, tráfico de drogas, trata de personas y prostitución armada. A principios de la década del 2000, Martins decide explorar nuevos horizontes para aquietar las aguas. Viaja a México y se instala en Cancún.
El personaje clave ahora es Lorena Cristina Martins, la hija de 35 años que hace más de diez se instaló con su madre y sus hermanos en España, buscando esquivar a la prensa y huyendo del mal trago familiar de haberse enterado de la doble vida del padre. Lorena cuenta que fingió un acercamiento para investigar sus cuentas pero descubrió la trama de corrupción tejida por espías, policías, funcionarios y políticos, y la trama de la trata que empezó a conocer de boca de las mismas chicas.
Ningún hijo que no sea directamente afectado puede denunciar a su padre, pero el 29 de octubre del año pasado hubo testigos identificados que escucharon la voz de Martins por el altavoz del Nextel de Lorena, gritando: “Te voy a matar a vos y a tu novio”. Ante la amenaza, se ganó el derecho a denunciar todo lo que sabía. Ese mismo día, dos matones aparecieron por la casa donde se hospedaba “para amedrentarla”, según dijo a la policía de Boulogne, donde también señaló que a los matones los había mandado otro agente de inteligencia en actividad, al que llaman El Lauchón, con quien se había comunicado y confirmado lo denunciado. El Lauchón, siempre según la denuncia presentada por Lorena, cobra por sus servicios de espía, alertando a la organización sobre pinchaduras de teléfonos, denuncias u operativos, además de los matones.
Cuando Martins le decía a Lorena, desde México, “te voy a matar a vos y a tu novio”, el novio estaba escuchando. Era Claudio Lifschitz, ex abogado del espía, ahora enemistado. Los testigos del Nextel y quienes se adelantaron a los matones, de hecho, fueron los agentes que Lifschitz lleva como custodia personal desde que en 2007 denunció a Martins y presentó el testimonio de algunas chicas a las que él mismo ayudó a escapar. Lifschitz es el cuarto personaje.
“Con Claudio tuvimos una historia personal muy corta, ahora somos abogado-cliente. Era abogado de mi padre y yo lo conocí hace muy poco”, cuenta Lorena a Miradas al Sur. “Lo busqué porque los otros abogados tenían miedo a representarme. Tuvimos una cortísima relación sentimental que en ningún caso fue algo serio. De su pasado sé muy poco”, aclara.
El ex abogado del espía proxeneta también se había peleado con un jefe anterior, cuando trabajaba en el juzgado de Juan José Galeano durante la época de la investigación trunca del atentado a la Amia. Se dice que fue recomendado por el ex comisario Jorge Fino Palacios. Antes, había hecho buenas migas también entre los espías que, dicho sea de paso, le pagan la correspondiente jubilación a Martins. Ahora Lifschitz se ganó la confianza con el mérito de haber recuperado el pasaporte y repatriar al menos a una de las chicas secuestradas en México, otra de las testigos protegidas. La primicia de la denuncia estuvo en la página de la organización social La Alameda y en el diario Página/12, que también le hizo la primera entrevista a quien desde ese momento todos llaman Carla.
El cuarto actor de esta historia es el relato de Carla. El que cuenta de tres chicas solas en una tierra extraña, sin documentos y amenazadas, desengañadas de la confianza que le tenían a esa gente tanto como de los empleos de camareras, modelos, bailarinas o recepcionistas que les habían prometido. Tres chicas que son atacadas sexualmente por unas 12 personas en su primera noche en Cancún. Armas y drogas completaban el inicio de la fase de quiebre. Después, la historia no es original. Chicas esclavizadas en una calesita de amenazas, endeudamientos, alcohol, drogas y sometimientos por parte del poder y los funcionarios de turno. En Buenos Aires, en Cancún y en Mendoza. Carla ahora cuenta todo a borbotones, cómo aquella primera noche sangraba.
La conexión PRO. Cuando se encontró el último cuerpo sin vida entre los escombros de Orion, el gimnasio de Villa Urquiza que se vino abajo, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Oscar Raúl Ríos, era quien debía estar en el lugar y no estaba. Por eso al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no le quedó otra que pedirle la renuncia. A pesar de que no estaba allí porque estaba en Boca votando a pedido de Mauricio en contra de la renovación del contrato de Juan Román Riquelme. Según la denuncia de Lorena Martins, Ríos es a quien señalan como cobrador del dinero en negro que la organización pagó para la última campaña del PRO. Cuando él tuvo que renunciar, según Lorena, dejó el contacto con José Alonso. El quinto personaje en discordia es Macri. Cuyo video, ufanándose de poner un prostíbulo y una tintorería circula por internet.
El último círculo es el judicial, encabezado por el juez Norberto Oyarbide, que es amigo de la familia, le tocó en sorteo esta causa, aún no se expidió porque el escándalo estalló en plena feria estival, pero que no deja de poner sobre el tapete el recuerdo de su juicio político, ante la sobreexposición de una foto junto a Martins. “Claro que hay fotos de Norberto con Papá, si Norberto vino a mi casamiento y al de mi hermano”, contó Lorena, que se quejó de que “Norberto” no se haya apartado aún y por eso con sus abogados le pidieron al fiscal Gerardo Policcita que lo recuse.
La hija de Martins asegura que si no fuera por sus abogados y el respaldo de La Alameda ella no se hubiera animado a presentar la denuncia. Porque sabe lo que es la ferocidad del ambiente en el que se mueve su padre y porque en su denuncia aportó a la Justicia los listados de las comisarías de la Policía Federal que, junto a los inspectores del gobierno de la Ciudad, le brindarían protección a esta red. En las fotos también aparecen los ex comisarios Luis Buscaglia, de la División Moralidad, y su hermano, Carlos Buscaglia.
Una de las mayores dudas del caso son los montos de los que Lorena fue testigo de que se pagaban a unos y otros funcionarios. Tanto los 35 mil pesos mensuales a repartir en once comisarios, como los 10 mil que se habrían aportado para la campaña, suenan a un muy magro aporte para el rubro. Sin embargo, en el mail que se aporta junto a los números de IP de las computadoras de origen y destino, Estela Percival, la actual mujer de Martins, aparece opinando que “hay que aportar para Mauricio” y pone a todos los hoy denunciados en funciones. Ellos, además de Martins y su mujer, son Virginia Solís, Natalia Beatriz Percival, María de los Ángeles Maini, Pablo Alfredo Paternostro, José Alejandro González, Guillermo Martín Soto, Omar Florit y Héctor Darío Biglione. Este último es el padrino de Lorena y primo y antiguo socio de Raúl Martins. Sobre el fin de semana, también el ex cardenal Jorge Bergoglio recibió a Lorena. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dispuso que como hay policías federales implicados, la custodia permanente para la hija de Martins quede a cargo de Gendarmería.
Según el informe anual de la Unidad Especial Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo del fiscal federal Marcelo Colombo y donde Lorena Martins presentó su denuncia, casi el 90 por ciento de los delitos que llegan a manos de esta dependencia se corresponden con la trata o delitos relacionados.
http://sur.infonews.com/notas/trata-espias-dinero-y-macri
El último círculo es el judicial, encabezado por el juez Norberto Oyarbide, que es amigo de la familia, le tocó en sorteo esta causa, aún no se expidió porque el escándalo estalló en plena feria estival, pero que no deja de poner sobre el tapete el recuerdo de su juicio político, ante la sobreexposición de una foto junto a Martins. “Claro que hay fotos de Norberto con Papá, si Norberto vino a mi casamiento y al de mi hermano”, contó Lorena, que se quejó de que “Norberto” no se haya apartado aún y por eso con sus abogados le pidieron al fiscal Gerardo Policcita que lo recuse.
La hija de Martins asegura que si no fuera por sus abogados y el respaldo de La Alameda ella no se hubiera animado a presentar la denuncia. Porque sabe lo que es la ferocidad del ambiente en el que se mueve su padre y porque en su denuncia aportó a la Justicia los listados de las comisarías de la Policía Federal que, junto a los inspectores del gobierno de la Ciudad, le brindarían protección a esta red. En las fotos también aparecen los ex comisarios Luis Buscaglia, de la División Moralidad, y su hermano, Carlos Buscaglia.
Una de las mayores dudas del caso son los montos de los que Lorena fue testigo de que se pagaban a unos y otros funcionarios. Tanto los 35 mil pesos mensuales a repartir en once comisarios, como los 10 mil que se habrían aportado para la campaña, suenan a un muy magro aporte para el rubro. Sin embargo, en el mail que se aporta junto a los números de IP de las computadoras de origen y destino, Estela Percival, la actual mujer de Martins, aparece opinando que “hay que aportar para Mauricio” y pone a todos los hoy denunciados en funciones. Ellos, además de Martins y su mujer, son Virginia Solís, Natalia Beatriz Percival, María de los Ángeles Maini, Pablo Alfredo Paternostro, José Alejandro González, Guillermo Martín Soto, Omar Florit y Héctor Darío Biglione. Este último es el padrino de Lorena y primo y antiguo socio de Raúl Martins. Sobre el fin de semana, también el ex cardenal Jorge Bergoglio recibió a Lorena. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dispuso que como hay policías federales implicados, la custodia permanente para la hija de Martins quede a cargo de Gendarmería.
Según el informe anual de la Unidad Especial Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo del fiscal federal Marcelo Colombo y donde Lorena Martins presentó su denuncia, casi el 90 por ciento de los delitos que llegan a manos de esta dependencia se corresponden con la trata o delitos relacionados.
http://sur.infonews.com/notas/trata-espias-dinero-y-macri
Mauricio Macri, en cambio, quedó engranpado en el caso por su desafortunada visita al Mix Sky Lounge, el lupanar insignia de Martins en Cancún, para brindar con su encargado, Gabriel Conde.
El ex agente de la Side Raúl Martins se convirtió en el proxeneta top de la temporada. Las denuncias en su contra hacen temblar a funcionarios y policías. Más detalles de su paso por las catacumbas del terrorismo de Estado.
El letrado describió un difícil horizonte. En resumidas cuentas, la Procuraduría General de la República (PGR) de México tomaría en la próxima semana el testimonio de su hija, Lorena Martins –con el patrocinio de la diputada Rosi Orozco, titular de la Comisión contra la Trata del Parlamento azteca, y otras 47 organizaciones no gubernamentales–, lo cual podrá derivar en una causa penal. En Argentina, mientras tanto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, acababa de entregar al procurador de la Nación, Esteban Righi, una copia de la declaración efectuada ante ella por su primogénita y las pruebas que aportó –documentos, grabaciones y agendas– sobre su imperio prostibulario.
El doctor Álvarez concluyó su exposición con una frase de consuelo. La respuesta de Martins fue el silencio. No siempre ese hombre había sido tan introvertido.
El agente confidencial. Hubo un tiempo remoto en que Martins también era otro: Aristóbulo Manghi. Tal era su nombre de cobertura en la Side. Tenía 27 años y un espíritu locuaz, al que solía dar rienda suelta entre los parroquianos de Angelo’s, un pequeño bar en la esquina de Santa Fe y Laprida. Allí –según un testigo de aquellos días– decía dar clases de Historia en un secundario. Y provenir de una familia acomodada, de la cual –se jactaba– hasta heredaría una pequeña estancia. Pero, en más de una ocasión, entonado por alguna copa, terminaba por revelar su verdadero oficio.
Nadie sabe con exactitud por qué el único hijo de doña Cledi Precilla Coggiola, una madre severa y sobreprotectora, se enroló en el organismo de la calle 25 de Mayo. Lo cierto es que su solicitud de ingreso, recomendada por un teniente coronel amigo de la familia, fue presentada a fines de 1973. Meses más tarde –según constató Miradas al Sur en un archivo oficial– salió su “nombramiento condicional” con categoría C-C33 IN 14, que en buen romance significa “agente secreto” con funciones operativas. Y fue destinado a la Base Bilinghurst.
Lo cierto es que, como hombre de acción, lo suyo fue de baja intensidad. Las primeras tareas del hombrecillo que ahora se presentaba como Aristóbulo Manghi fueron sacar fotos de militantes en actos y marchas, durante los días previos al golpe de 1976. A partir de entonces, se dedicó al seguimiento de posibles “blancos de la lucha antisubversivas”. De ese modo se hizo diestro en el arte del ovejeo y la capacha, tal como en la jerga represiva se denominaba a los dispositivos de vigilancia sobre las futuras víctimas. Cabe recordar que el personal de la Base Billinghurst tenía bajo su control el centro clandestino de detención Automotores Orletti, nada menos que la filial vernácula del Plan Cóndor. Allí –así como anticipó este dominical en su edición del 22 de enero–, el tal Aristóbulo hizo amistad con dos celebridades del terorismo de Estado: Eduardo Ruffo y Aníbal Gordon. Al primero, incluso, lo presentó en una ocasión a sus contertulios de Angelo’s. En 1983, a poco de concluir la dictadura, Martins dejó de frecuentar ese bar.
Manghi volvió a ser Martins en 1987, al renunciar a la central de espías. De allí, no obstante, prolongaría ciertos vínculos a través de los años. De hecho, Marcelo Gordon, hijo dilecto del ya fallecido Aníbal, es aún hoy uno de sus culatas predilectos. A su vez, el abogado Álvarez acostumbra a ufanarse de haber defendido a su afamado padre. Y el Lauchón –apodo del hombre acusado por Lorena de haber querido limpiarla hace unos meses por cuenta de papá– en la actualidad cumpliría funciones en la sección de Contrainteligencia de dicho organismo. Otros integrantes de su planta permanente –según Lorena– suelen ocuparse de detectar si los teléfonos del jefe están intervenidos, además de pinchar los de sus enemigos.
Quizás algunos de ellos participaran del ataque inconcluso al domicilio en San Isidro de la señorita Martins, enviados –de acuerdo con la denuncia– justamente por el Lauchón. Al ser luego increpado por ella, dado que lo conoce desde niña, sólo atinó a esgrimir la siguiente justificación: “No sabía que estabas vos ahí”.
No se sabe con exactitud cómo el único vástago de doña Cledi pasó de fisgón profesional a convertirse en El Yabrán de la Prostitución, como a él le agrada que lo llamen. Hay quienes, incluso, creen que en semejante emprendimiento pudo haber plata negra del aparato represivo de la dictadura. Lo cierto es que aquel hombre alternó esas circunstancias impartiendo clases de Historia e Instrucción Cívica en un colegio católico, del cual su abuelo había sido rector. Dicen que se dedicó a la docencia con sumo fervor, al punto de que en una oportunidad llevó al joven secretario de un juzgado correccional para dar a sus alumnos una clase sobre adicciones; su nombre, Norberto Oyarbide. Todo indica que ambos se conocían de otros claustros más festivos.
El señor de los sobornos. El azar jurídico quiso que la denuncia de Lorena girara precisamente hacia el despacho de Oyarbide. Éste dio vista del asunto al fiscal antes de partir con su novio a un exclusivo resort de República Dominicana.
Mauricio Macri, en cambio, quedó engranpado en el caso por su desafortunada visita al Mix Sky Lounge, el lupanar insignia de Martins en Cancún, para brindar con su encargado, Gabriel Conde. Recién a tres semanas de trascender aquella velada, el alcalde porteño esgrimió la siguiente explicación: “Parecía un boliche normal. No percibí nada raro. Eso sí, no era muy lindo”. No obstante, su paso por la Riviera Maya dejó al desnudo la presunta existencia de aportes económicos para el PRO y sobornos al Gobierno de la Ciudad con fondos de don Raúl.
Pero la tormenta también sacudió a otros ámbitos. Tanto es así que los titulares de las comisarías 19ª, 38ª y 5aª de la Federal –Gerardo Fabian Galli, Carlos Grandall y Edgardo Bragoni– suspendieron de manera súbita sus comunicaciones con el estado mayor de Martins en Argentina, encabezado por la tesorera (y madre de Estela Noemí Parcival), Virginia Solís, su otra hija, Natalia, el jefe de seguridad de la organización (y hermano de Virginia), el oficial en actividad de la Bonaerense, Alberto Solís, y el gerente general Pablo Paternostro. Éstos tributaban a los comisarios un canon fijo de cinco mil dólares por cada uno de los seis locales que funcionan en Buenos Aires, además de otros tantos billetes por otros servicios, los cuales a veces llegaban a los 20 mil dólares. Una verdadera ganga.La trascendencia pública de correos electrónicos y anotaciones que prueban tales pagos causó la inmediata eyección de los tres comisarios hacia el incierto territorio de la disponibilidad.
Durante la mañana del jueves, tras cortar la comunicación con su abogado, el hombre que durante siete lustros hizo de la impunidad un medio de vida, tal vez haya percibido el final de su propio tiempo.
Sus ojos seguían clavados en el mar.
http://sur.infonews.com/notas/martins-historia-de-un-emprendedor
MAURICIO MACRI EL VETADOR SERIAL DE LEYES POPULARES
Fiel a la rutina política que practica desde hace meses, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó una ley sancionada en diciembre por la Legislatura que creaba un Registro de Autoexclusión a las salas de juego para prevenir la ludopatía entre los porteños. El veto –el número 103 durante la gestión macrista– fue comunicado formalmente a la Legislatura el viernes, aunque recién esta semana se publicaría en el Boletín Oficial.
La Ley N° 4085, impulsada por el legislador Daniel Amoroso y sancionada por unanimidad en la Legislatura 1 de diciembre de 2011, creaba un registro de autoexclusión para impedir el acceso de los ludópatas a las salas de juego y apuestas de la Ciudad. Según establecía la norma, la inscripción al registro sería voluntaria y estaría administrada por la autoridad de aplicación que registraría nombre y apellido, número de DNI, una fotografía actualizada, una fecha de alta y otra de baja de la prohibición y el motivo por el cual la persona decide inscribirse en el registro. Además, la ley establecía un sistema de autoexclusiones reforzadas que proponía que un tercero –un amigo o un familia– avalara la solicitud. El veto de Macri sorprendió al bloque del PRO que apoyó el proyecto, confiado en que el Instituto del Juego de la Ciudad lo había avalado. Por otra parte, el Instituto también difunde la práctica del registro de autoexclusión durante los congresos y eventos en los que se trata la adicción al juego.
En los argumentos que se usaron para vetar la ley, el Ejecutivo sostuvo que el hecho de que se requiera la voluntad de un tercero para dar de baja a una persona en el registro “afecta derechos y garantías de orden constitucional –la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, principalmente– en tanto la norma no requiere ningún tipo de intervención judicial que determine la restricción de derechos y libertades individuales”. Lo curioso es que la participación de un tercero en el proceso es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud para que los ludópatas encaren un tratamiento para frena su adicción. El decreto del veto considera que la norma “no se compadece con las disposiciones de los artículos 10 y 13 de la Constitución de la Ciudad y 18 de la Constitución Nacional, y normas concordantes de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional”. También, establece que existen diversas tecnologías –además de la de “reconocimiento facial” que propone la norma– que deberían ser analizadas para implementar una ley de esas características.
Ante el decreto del Poder Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (ALEARA) rechazó ayer en un comunicado el veto por considerarlo “arbitrarió, incoherente y sin fundamentos sólidos”. “Estamos asombrados por un veto que demuestra una enorme arbitrariedad y un gran desconocimiento del gobierno de la Ciudad. Esta ley es una herramienta que se usa con éxito en Chile, Canadá, Uruguay, Australia, Sudáfrica y varios estados de los Estados Unidos”, aseguró el secretario general de ALEARA, Mariano Zeiss. “¿El jefe de gobierno lo hace por incoherente o por interés? En los fundamentos del veto no aparece ningún argumento sólido. Nos queda pensar que persigue algún interés sobre el tema”, sostuvo Zeiss y adelantó que el sindicato insistirá en la Legislatura para que se vuelva a sancionar una norma con un espíritu similar.
El veto a la ley para combatir la ludopatía forma parte del cuerpo de 103 normas que fueron rechazadas por el Ejecutivo porteño. Las últimas fueron acordar con el lobby del sector más reaccionario de la Iglesia para dar de baja el Congreso Pedagógico –que era el primer paso para tener una Ley de Educación– y un proyecto del fallecido legislador de su partido, Gerardo Ingaramo, que concedía una ayuda monetaria de 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down. <
http://tiempo.infonews.com/notas/macri-veto-una-ley-contra-ludopatia
La Ley N° 4085, impulsada por el legislador Daniel Amoroso y sancionada por unanimidad en la Legislatura 1 de diciembre de 2011, creaba un registro de autoexclusión para impedir el acceso de los ludópatas a las salas de juego y apuestas de la Ciudad. Según establecía la norma, la inscripción al registro sería voluntaria y estaría administrada por la autoridad de aplicación que registraría nombre y apellido, número de DNI, una fotografía actualizada, una fecha de alta y otra de baja de la prohibición y el motivo por el cual la persona decide inscribirse en el registro. Además, la ley establecía un sistema de autoexclusiones reforzadas que proponía que un tercero –un amigo o un familia– avalara la solicitud. El veto de Macri sorprendió al bloque del PRO que apoyó el proyecto, confiado en que el Instituto del Juego de la Ciudad lo había avalado. Por otra parte, el Instituto también difunde la práctica del registro de autoexclusión durante los congresos y eventos en los que se trata la adicción al juego.
En los argumentos que se usaron para vetar la ley, el Ejecutivo sostuvo que el hecho de que se requiera la voluntad de un tercero para dar de baja a una persona en el registro “afecta derechos y garantías de orden constitucional –la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, principalmente– en tanto la norma no requiere ningún tipo de intervención judicial que determine la restricción de derechos y libertades individuales”. Lo curioso es que la participación de un tercero en el proceso es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud para que los ludópatas encaren un tratamiento para frena su adicción. El decreto del veto considera que la norma “no se compadece con las disposiciones de los artículos 10 y 13 de la Constitución de la Ciudad y 18 de la Constitución Nacional, y normas concordantes de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional”. También, establece que existen diversas tecnologías –además de la de “reconocimiento facial” que propone la norma– que deberían ser analizadas para implementar una ley de esas características.
Ante el decreto del Poder Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (ALEARA) rechazó ayer en un comunicado el veto por considerarlo “arbitrarió, incoherente y sin fundamentos sólidos”. “Estamos asombrados por un veto que demuestra una enorme arbitrariedad y un gran desconocimiento del gobierno de la Ciudad. Esta ley es una herramienta que se usa con éxito en Chile, Canadá, Uruguay, Australia, Sudáfrica y varios estados de los Estados Unidos”, aseguró el secretario general de ALEARA, Mariano Zeiss. “¿El jefe de gobierno lo hace por incoherente o por interés? En los fundamentos del veto no aparece ningún argumento sólido. Nos queda pensar que persigue algún interés sobre el tema”, sostuvo Zeiss y adelantó que el sindicato insistirá en la Legislatura para que se vuelva a sancionar una norma con un espíritu similar.
El veto a la ley para combatir la ludopatía forma parte del cuerpo de 103 normas que fueron rechazadas por el Ejecutivo porteño. Las últimas fueron acordar con el lobby del sector más reaccionario de la Iglesia para dar de baja el Congreso Pedagógico –que era el primer paso para tener una Ley de Educación– y un proyecto del fallecido legislador de su partido, Gerardo Ingaramo, que concedía una ayuda monetaria de 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down. <
http://tiempo.infonews.com/notas/macri-veto-una-ley-contra-ludopatia
"MACRI NO RESPETA AL TRABAJADOR NI A SUS DERECHOS LABORALES"
Los docentes de educación física que se desempeñan en los polideportivos porteños durante las vacaciones no cuentan con ART, obra social ni otros beneficios. A los que exigieron pasar a planta permanente, los dieron de baja.
No hay contrato, no sabés cuándo ni cuánto te van a pagar, no tenés ART, ni obra social, ni beneficios.” El testimonio de Juan Pablo De Marco es idéntico al de otros profesores de educación física que trabajaron o lo hacen actualmente bajo la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En coincidencia con ellos, la defensora del Pueblo, Graciela Muñiz, denunció a Tiempo Argentino la precarización laboral de estos profesionales y le respondió al subsecretario de Deportes porteño, Francisco Irarrazával, quien dijo a este Tiempo: “Toda la gente firma una especie de papel, como si fuera un contrato de trabajo, donde se le indica cuánto van a trabajar por día; se le informa la remuneración que van a recibir y tienen un seguro similar a una ART. Es el sistema que tiene el GCBA hace 20 años y no pudimos cambiarlo porque el período es tan corto que pensamos en el monotributo, pero no les sirve anotarse por un mes de trabajo.” Para Muñiz, los dichos del funcionario macrista incitan a la evasión fiscal.
El sistema que, para Irarrazával, debe su eficacia a la antigüedad, se sustenta en sistemáticos decretos que, año tras año, crean una planta transitoria, tanto para las colonias de verano como para los programas deportivos anuales. “El único pago es una suma fija no remunerativa en la cual está todo en negro”, afirmó De Marco. Su recibo de sueldo, expedido por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos porteña, confirma sus dichos: no figuran descuentos ni aportes, y al pie, reza: “Obra Social: Ninguna”.
Las colonias de vacaciones se dividen en dos: las que organiza la Subsecretaría de Deportes y las del Ministerio de Educación. Para ingresar a cualquiera de ellas, el docente debe completar una solicitud de personal y una declaración jurada que no especifican fecha de inicio de actividades ni el final, y que, en los hechos, sólo sirven para confeccionar un legajo. De ninguno de los cuestionarios reciben copia alguna. Además, los profesores de las colonias argumentan que, a pocos días de terminar sus tareas, aún no saben cuánto dinero van a percibir.
El Decreto Nº 266/10 lo explicita en su artículo 2º: “Establézcase que el personal comprendido en el presente decreto será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria. Asimismo, podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa.”
De Marco, profesor de Educación Física, tiene 40 años, trabajó desde 1998 hasta 2010 y fue dado de baja, junto con otro grupo de profesionales, cuando solicitaron el pase a planta permanente, aunque a él le explicaron que “no daba con el perfil de la gestión”. Cumplió funciones en el Polideportivo Pereyra, de Barracas. “Nunca teníamos materiales para trabajar y de las diez actividades que promocionaban, sólo podíamos realizar cuatro por falta de profesores.”
La Defensoría también recibió denuncias similares por parte de docentes, auxiliares y guardavidas del proyecto “Vacaciones en la Escuela 2012”, dependiente del Ministerio de Educación porteño. La denuncia también refiere a otro problema: la falta de docentes, que llevó a que muchos grupos de niños sean asumidos por auxiliares. La Defensora reconoció que no puede conocer la cantidad de profesores designados en los parques “porque me niegan las actas. Recién nos vamos a enterar cuando salga el decreto en junio, pero para esa época ya no están los docentes como para tomarles lista”. Irarrazával, por su parte, negó muchos de los aspectos señalados y recordó que “cuando llegamos el gobierno en 2007 y heredamos las colonias, esa gente cobraba entre agosto y octubre. Con nuestra gestión, la gente cobra como máximo a fines de marzo, porque modernizamos los sistemas.” El funcionario también aseguró: “Cuando firman este papel se les dice cuánto van a ganar, ¿quién acepta un trabajo si no sabe cuánto van a ganar?”
Finalmente, Francisco Irarrazával adelantó que “a la gente que va a trabajar durante todo el año se les va a cambiar el contrato y se los va a pasar a un esquema remunerativo
http://tiempo.infonews.com/notas/colonias-con-profesores-precarizados
No hay contrato, no sabés cuándo ni cuánto te van a pagar, no tenés ART, ni obra social, ni beneficios.” El testimonio de Juan Pablo De Marco es idéntico al de otros profesores de educación física que trabajaron o lo hacen actualmente bajo la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En coincidencia con ellos, la defensora del Pueblo, Graciela Muñiz, denunció a Tiempo Argentino la precarización laboral de estos profesionales y le respondió al subsecretario de Deportes porteño, Francisco Irarrazával, quien dijo a este Tiempo: “Toda la gente firma una especie de papel, como si fuera un contrato de trabajo, donde se le indica cuánto van a trabajar por día; se le informa la remuneración que van a recibir y tienen un seguro similar a una ART. Es el sistema que tiene el GCBA hace 20 años y no pudimos cambiarlo porque el período es tan corto que pensamos en el monotributo, pero no les sirve anotarse por un mes de trabajo.” Para Muñiz, los dichos del funcionario macrista incitan a la evasión fiscal.
El sistema que, para Irarrazával, debe su eficacia a la antigüedad, se sustenta en sistemáticos decretos que, año tras año, crean una planta transitoria, tanto para las colonias de verano como para los programas deportivos anuales. “El único pago es una suma fija no remunerativa en la cual está todo en negro”, afirmó De Marco. Su recibo de sueldo, expedido por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos porteña, confirma sus dichos: no figuran descuentos ni aportes, y al pie, reza: “Obra Social: Ninguna”.
Las colonias de vacaciones se dividen en dos: las que organiza la Subsecretaría de Deportes y las del Ministerio de Educación. Para ingresar a cualquiera de ellas, el docente debe completar una solicitud de personal y una declaración jurada que no especifican fecha de inicio de actividades ni el final, y que, en los hechos, sólo sirven para confeccionar un legajo. De ninguno de los cuestionarios reciben copia alguna. Además, los profesores de las colonias argumentan que, a pocos días de terminar sus tareas, aún no saben cuánto dinero van a percibir.
El Decreto Nº 266/10 lo explicita en su artículo 2º: “Establézcase que el personal comprendido en el presente decreto será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria. Asimismo, podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa.”
De Marco, profesor de Educación Física, tiene 40 años, trabajó desde 1998 hasta 2010 y fue dado de baja, junto con otro grupo de profesionales, cuando solicitaron el pase a planta permanente, aunque a él le explicaron que “no daba con el perfil de la gestión”. Cumplió funciones en el Polideportivo Pereyra, de Barracas. “Nunca teníamos materiales para trabajar y de las diez actividades que promocionaban, sólo podíamos realizar cuatro por falta de profesores.”
La Defensoría también recibió denuncias similares por parte de docentes, auxiliares y guardavidas del proyecto “Vacaciones en la Escuela 2012”, dependiente del Ministerio de Educación porteño. La denuncia también refiere a otro problema: la falta de docentes, que llevó a que muchos grupos de niños sean asumidos por auxiliares. La Defensora reconoció que no puede conocer la cantidad de profesores designados en los parques “porque me niegan las actas. Recién nos vamos a enterar cuando salga el decreto en junio, pero para esa época ya no están los docentes como para tomarles lista”. Irarrazával, por su parte, negó muchos de los aspectos señalados y recordó que “cuando llegamos el gobierno en 2007 y heredamos las colonias, esa gente cobraba entre agosto y octubre. Con nuestra gestión, la gente cobra como máximo a fines de marzo, porque modernizamos los sistemas.” El funcionario también aseguró: “Cuando firman este papel se les dice cuánto van a ganar, ¿quién acepta un trabajo si no sabe cuánto van a ganar?”
Finalmente, Francisco Irarrazával adelantó que “a la gente que va a trabajar durante todo el año se les va a cambiar el contrato y se los va a pasar a un esquema remunerativo
http://tiempo.infonews.com/notas/colonias-con-profesores-precarizados
TARGETA SUBE para todos
La Secretaría de Transporte informa que para asegurar la veracidad de los datos proporcionados, será entregada una tarjeta SUBE por persona, presentando el Documento Nacional de Identidad correspondiente, en los centros de distribución habilitados.
De esta manera, para poder gestionar la tarjeta SUBE el interesado deberá presentarse personalmente en cualquiera de los centros de distribucion habilitados con el DNI y no podrán realizarse entregas de plásticos para terceras personas ni familiares.
De esta manera, para poder gestionar la tarjeta SUBE el interesado deberá presentarse personalmente en cualquiera de los centros de distribucion habilitados con el DNI y no podrán realizarse entregas de plásticos para terceras personas ni familiares.
La única excepción será en el caso de los menores de edad, ya que los padres de los niños podrán continuar realizando el trámite por sus hijos.
La cartera a cargo de la implementación de la tarjeta SUBE recuerda que tanto la obtención de la tarjeta como la recarga son gratuitos y que cualquier intento de cobro debera ser denunciado por los usuarios ante el call center del SUBE que funciona en el 0810-777-SUBE (7823) o ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT al 0800-333-0300.
CABA "La sintonia fina esta en todos lados"
Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
Hacernos cargo con sintonía fina
Desde 2003 hubo decisión política y voluntad de poner la proa del barco en el que estamos todos subidos, hacia la construcción de otro modelo de país, escribió la ministra en una columna publicada por Tiempo Argentino.
Por Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación.
Ministra de Desarrollo Social de la Nación.
Críticas, palos en la rueda, difamación, invención o desfiguración de las noticias, así discurren las escenas de los que hacen, aun negándolo, la politiquería del descrédito.
Son los Opinólogos de LA TODOLOGÍA que terminan ejerciéndola con soberbia. Son los que han elegido como trabajo y comportamiento la queja, la mentira y la crítica permanente que es lo único que alimenta a los intereses decadentes que los sostienen.
Cuando la presidenta anticipó la “sintonía fina”, quienes se dedican a confundir hablan de ajuste encubierto. Renuevan anacrónicas demandas, sin tener en cuenta los cambios operados y visibles en nuestro país; en un contexto internacional con características inusuales en la historia, pero no ha sido la única que sobrevoló por estas latitudes desde hace casi una década.
Apuntando a la sintonía fina, Cristina Fernández alertó que “la competitividad solamente es sustentable con inclusión social.
Porque muchas veces algunos interpretan que competitividad se hace a costa de salarios o se hace a costa de renuncia de impuestos por parte del Estado. Ser competitivo porque el Estado me baja los impuestos, me da exenciones fiscales, me paga subsidios o porque les pago poca plata a los trabajadores, en realidad tampoco parecen formas muy novedosas en materia de innovación para generar competitividad.”
Desde 2003 hubo decisión política y voluntad de poner la proa del barco en el que estamos todos subidos, hacia la construcción de otro modelo de país, en el que el hombre y la mujer argentina, su familia y el colectivo social, han sido la clave de la recuperación. Pero sobre todo, se adoptaron las medidas conducentes a ampliar la inclusión que nos permite ubicarnos en el primer nivel de América Latina en el abordaje de la cuestión social.
Es cierto que existen demandas sectoriales que son legítimas. Nuestro gobierno lo tiene claro y lo ha manifestado durante casi nueve años en la firme decisión de incluir a los 40 millones de argentinos.
Son los Opinólogos de LA TODOLOGÍA que terminan ejerciéndola con soberbia. Son los que han elegido como trabajo y comportamiento la queja, la mentira y la crítica permanente que es lo único que alimenta a los intereses decadentes que los sostienen.
Cuando la presidenta anticipó la “sintonía fina”, quienes se dedican a confundir hablan de ajuste encubierto. Renuevan anacrónicas demandas, sin tener en cuenta los cambios operados y visibles en nuestro país; en un contexto internacional con características inusuales en la historia, pero no ha sido la única que sobrevoló por estas latitudes desde hace casi una década.
Apuntando a la sintonía fina, Cristina Fernández alertó que “la competitividad solamente es sustentable con inclusión social.
Porque muchas veces algunos interpretan que competitividad se hace a costa de salarios o se hace a costa de renuncia de impuestos por parte del Estado. Ser competitivo porque el Estado me baja los impuestos, me da exenciones fiscales, me paga subsidios o porque les pago poca plata a los trabajadores, en realidad tampoco parecen formas muy novedosas en materia de innovación para generar competitividad.”
Desde 2003 hubo decisión política y voluntad de poner la proa del barco en el que estamos todos subidos, hacia la construcción de otro modelo de país, en el que el hombre y la mujer argentina, su familia y el colectivo social, han sido la clave de la recuperación. Pero sobre todo, se adoptaron las medidas conducentes a ampliar la inclusión que nos permite ubicarnos en el primer nivel de América Latina en el abordaje de la cuestión social.
Es cierto que existen demandas sectoriales que son legítimas. Nuestro gobierno lo tiene claro y lo ha manifestado durante casi nueve años en la firme decisión de incluir a los 40 millones de argentinos.
Estamos avanzando pero necesitamos abrir nuestras mentes, mirar al país tierra adentro y no “aeropuertos afuera”. Desterrar la concepción de “este país” y cada uno, desde el lugar que le toca, hacerse cargo de “nuestro país”, nivelando hacia arriba.
Necesitamos, como señala la presidenta, “innovación en los comportamientos, innovación en las cabezas, no nos va a servir de nada la innovación científica, tecnológica, que tengamos terneros clonados, vacas clonadas, autos que vuelen, cohetes espaciales que transporten gente al espacio, si no innovamos el comportamiento”.
Por eso, el hacernos cargo con sintonía fina nos permitirá seguir produciendo transformaciones sociales de las que no están exentas la actitud y el comportamiento de cada argentino, y aun más los que tienen la responsabilidad de comunicar.
Este país es nuestro.
En el equilibrio de la diversidad caminemos juntos más allá de los colores políticos. Apostar a la Argentina en sintonía fina es tarea de todos, pero sobre todo es apostar a un modelo nacional, popular y democrático.
Este es el nudo medular para el crecimiento del país.
Necesitamos, como señala la presidenta, “innovación en los comportamientos, innovación en las cabezas, no nos va a servir de nada la innovación científica, tecnológica, que tengamos terneros clonados, vacas clonadas, autos que vuelen, cohetes espaciales que transporten gente al espacio, si no innovamos el comportamiento”.
Por eso, el hacernos cargo con sintonía fina nos permitirá seguir produciendo transformaciones sociales de las que no están exentas la actitud y el comportamiento de cada argentino, y aun más los que tienen la responsabilidad de comunicar.
Este país es nuestro.
En el equilibrio de la diversidad caminemos juntos más allá de los colores políticos. Apostar a la Argentina en sintonía fina es tarea de todos, pero sobre todo es apostar a un modelo nacional, popular y democrático.
Este es el nudo medular para el crecimiento del país.
martes, 17 de enero de 2012
Amado Boudou, Daniel Scioli, Gabriel Mariotto
en Ensenada Pcia de bs as
El vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia, Amado Boudou, puso en marcha hoy la primera turbina de la Central Termoeléctrica Barragán, en Ensenada, en el partido homónimo, que, dijo, implica la posibilidad de tener el máximo nivel de seguridad energética en el país.
Boudou concurrió a la planta, que aportará al Sistema Interconectado Nacional 560MW en esta primera etapa, acompañado por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el vicegobernador, Gabriel Mariotto; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, entre otras autoridades.
Luego de recorrer el interior del centro de monitoreo informático de la turbina y la central térmica, Boudou saludó a los trabajadores y dialogó con la prensa.
Afirmó que “el ciclo abierto que pone en funcionamiento” la central de Barragán, “implica seguridad energética, la posibilidad de tener el máximo nivel de seguridad en toda la región, que está creciendo por las obras de infraestructura que se han venido llevando” en la Argentina.
Destacó Boudou que “en momentos en que el mundo está complicado, la Argentina demuestra, bajo el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que están dadas en el país todas las condiciones para seguir creciendo”.
“La energía es una de las claves para este crecimiento”, destacó, y subrayó que “ en los últimos 8 años se han construido en el país 8.300 megavatios, que significa casi el 40 por ciento del total la energía que se consume en el país”.
“Nosotros decimos que las cosas no pasan por casualidad, pasan porque el Gobierno, un proyecto político, y su equipo trabajan muy fuerte al compás de lo que marca la Presidenta para seguir creciendo”.
Indicó que obras como las inauguradas hoy en Ensenada implican “más puestos de trabajo, y ocuparse, como dice la Presidenta, de los 40 millones de argentinos ”.
En ese sentido recordó que “hoy, hace un rato, el Ministerio de Planificación estaba haciendo una denuncia muy importante, porque ha sectores concentrados” contra empresas petroleras que “aparentemente han llevado adelante una discriminación de precios, de cartelización, lo que significó mayores costos, y es eso a lo que siempre nos vamos a oponer”.
“Siempre –continuó- vamos a estar del lado de las mayorías, enfrentando los monopolios en cualquier actividad: no vamos a permitir que ningún sector quiera llevarse por delante el pueblo argentino” porque “sabemos lo que pasa, en un momento de la historia del país se perdieron millones de puestos de trabajo“ y “este es un proyecto político eso no lo va a permitir”.
Consultado por un periodista sobre si se analizaba la posibilidad de renacionalizar YPF, Boudou contestó que “el ministro De Vido fue muy claro cuando llamó a todas las empresas a sentarse a la mesa ya para resolver hoy la situación: no vamos a perder tiempo, lo importante es que los argentinos tengan el combustible, la energía, el transporte que necesitan”.
También fue interrogado sobre el estado de salud de la Presidenta, y Boudou respondió que “ha tenido una evolución más que favorable y el cambio de diagnóstico sobre su enfermedad ha puesto contentos a todos los argentinos, que la verdad estábamos preocupados hasta que tuvimos este nuevo diagnóstico que nos deja una tranquilidad total para seguir hacia adelante”.
También asistieron al acto de hoy el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, y el director de Enarsa, Santiago Pierro. Además, participan el presidente de IECSA, Angelo Calcaterra, los directores de Obras Electromecánicas, Alberto Brusco; de Administración, Adolfo Pichinini, de ISolux Ingeniería, Alvaro Delso; los de Energía Gabriel Burgos y Osvaldo Madera; el de Proyectos de UTE, Oscar Habarnau; y el de Construcción de la Obra, Luis Pardi.
Esta central de Enarsa fue construida en la localidad bonaerense por la UTE conformada por las empresas nacionales Isolux, Ingeniería SA y Iecsa Ingeniería y Construcción, con tecnología de última generación, que permitirá operar en forma confiable, segura y con los más altos estándares de cuidado ambiental.
http://www.prensa.argentina.ar/2012/01/16/27347-boudou-puso-en-marcha-la-central-termoelectrica-de-barragan-en-ensenada-que-aportara-560-mw-en-la-primera-etapa.php
Esta central de Enarsa fue construida en la localidad bonaerense por la UTE conformada por las empresas nacionales Isolux, Ingeniería SA y Iecsa Ingeniería y Construcción, con tecnología de última generación, que permitirá operar en forma confiable, segura y con los más altos estándares de cuidado ambiental.
http://www.prensa.argentina.ar/2012/01/16/27347-boudou-puso-en-marcha-la-central-termoelectrica-de-barragan-en-ensenada-que-aportara-560-mw-en-la-primera-etapa.php
lunes, 16 de enero de 2012
precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de dicha empresa en la suma de $ 109,00, que los usuarios debían abonar para los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
La Secretaría de Comercio Interior estableció que la firma Cablevisión S.A. deberá, en un plazo máximo de 24 horas, restablecer el servicio interrumpido de televisión paga a aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios establecidos por las Resoluciones de dicha Secretaría.
La reconexión deberá ser efectuada respetando todas y cada una de las condiciones pactadas oportunamente.
Para aquellos casos en que la firma unilateralmente hubiera alterado cualquiera de las condiciones contractuales pactadas con los usuarios, deberá en el mismo plazo restablecer el servicio a la situación de origen.
Se instruye a la Dirección Nacional de Comercio Interior a realizar el control y vigilancia del cumplimiento de lo establecido así como también a efectuar las investigaciones tendientes a determinar posibles infracciones a las leyes de su competencia.
Los usuarios del servicio de televisión paga brindado por Cablevisión que, habiendo abonado los precios establecidos por las Resoluciones hayan sido privados del servicio o alteradas las condiciones contractuales pactadas, podrán denunciar tal hecho ante la Secretaría de Comercio Interior, a través de la página web www.consumidor.gov.ar, telefónicamente, llamando al número 0800-666-1518 o personalmente en Av. Julio A. Roca 651, Piso 4º, Sector 3 en el horario de 9.30 a 17.00 hs.
El plazo establecido comenzará a regir a las cero horas de mañana.
Agrega, además, que serán de aplicación las normas sobre procedimientos, sanciones, recursos y prescripciones previstas en la Ley Nº 20.680.
La Resolución 2/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En los fundamentos dice que surge de las constancias obrantes que la empresa Cablevisión habría cancelado el servicio a aquellos usuarios que, en un todo de acuerdo con las normas precedentemente citadas, abonaron las cifras fijadas por la Secretaría de Comercio Interior.
Recuerda las resoluciones anteriores, en las que se establecieron los parámetros a los cuales debía ajustarse la empresa de televisión paga Cablevisión S.A., con relación a los servicios que presta a sus usuarios. Se procedió a fijar el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de dicha empresa en la suma de $ 109,00, que los usuarios debían abonar para los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
Pone de relieve que se estableció que el precio fijado en esas medidas debería mantener su vigencia e inmutabilidad sin variaciones, durante el plazo indicado, indicándose que otros servicios de señales y productos, también prestados por la empresa citada, tampoco podrían sufrir variaciones en sus precios, y no podría modificarse la composición, ni la cantidad de señales que contuviera el abono básico mensual, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados ante la Secretaría.
"abuso de posición dominante en el mercado de combustibles" son Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles.
El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, detalló que las empresas que se investigarán por presunto "abuso de posición dominante en el mercado de combustibles" son Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles.
En conferencia de prensa, señaló que el 11 de enero se efectuó la denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, "contra las empresas petroleras proveedoras de combustibles que aplican un sobreprecio, distorsionan el mercado en espurio beneficio de las compañías petroleras y de este modo afectan un servicio público vital para el país", dijo Schiavi.
Participaron de la denuncia la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia (CELADI), la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autrotransporte de Cargas (Fadeeac).
Participaron de la denuncia la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia (CELADI), la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autrotransporte de Cargas (Fadeeac).
fuente: http://www.telam.com.ar/
Yo creo que sí hay que aportar para Mauricio....., Más cuando todos los negocios están en Capital. VIRGINIA: dale a Pablo los $ 10.000 APROVECHA PARA PRESENTARSELO A LORENA”, ordenó Martins a Virgina Solis, madre de Percival, http://tiempo.infonews.com/notas/amigo-de-boca
Como anticipó Tiempo Argentino, el intercambio de correos electrónicos entre Raúl Martins y sus socios, que apoyan la denuncia sobre supuestos aportes de la red de trata a la campaña de Mauricio Macri, hacen referencia al “amigo de Boca”. Con fecha del 26 de julio de 2011, cinco días antes de que se llevara a cabo el ballottage porteño, se envía un correo a la dirección de “Mercedita Suarez”. Según su hija, el nombre de una casilla electrónica compartida por Martins y por su pareja Estela Percival; jefes de la organización. “Amigo de Boca” es el asunto del intercambio. De acuerdo a la denunciante, era la forma de referirse a Raúl Oscar Ríos. “Hoy me llamó el de Boca y me junté con él. Me pidió si se le puede aportar diez lucas para solventar gastos de campaña para la segunda vuelta. Me recordó que el año pasado cuando nos pidió y no la necesitó, la devolvió y te lo agradeció, y que le está pidiendo a los que no les pidió en la primera vuelta”, relató quien sería Pablo Paternostro, presunto encargado de pagos. La respuesta fue afirmativa y contundente: “Yo creo que sí hay que aportar para Mauricio....., Más cuando todos los negocios están en Capital. VIRGINIA: dale a Pablo los $ 10.000 APROVECHA PARA PRESENTARSELO A LORENA”, ordenó Martins a Virgina Solis, madre de Percival, copiándola. “‘R’: andá con Pablo el día que se encuentre con este señor”, decía el último mail de la cadena dirigido a Lorena ese día con la instrucción de su padre. “Fuimos y yo vi como le daban a Ríos un sobre de papel madera con dinero adentro. Puedo describir cómo era el lugar, la oficina. Todo”, relató a Tiempo Lorena Martins, comprometiendo aun más al funcionario PRO.
http://tiempo.infonews.com/notas/amigo-de-boca
http://tiempo.infonews.com/notas/amigo-de-boca
Alberto Rubén “Tatino” Ibáñez, tan conocido por su talento para el lobby como por su particular historia personal, donde se mezclan la barrabrava de Huracán, el sindicalismo, el turf y los “picaditos” VIP entre políticos y famosos.
Las finanzas de la Policía Metropolitana constituyen uno de los puntos más difusos y cuestionados en la polémica fuerza de seguridad que el gobierno de Mauricio Macri montó en la Ciudad de Buenos Aires. Y no sólo por los fondos desembolsados en uniformes, pertrechos o en la adquisición de móviles. La Metropolitana también gastó cifras millonarias para la limpieza de sus dependencias centrales, mediante contrataciones directas que una y otra vez favorecieron a la empresa de un viejo y sigiloso operador radical: Alberto Rubén “Tatino” Ibáñez, tan conocido por su talento para el lobby como por su particular historia personal, donde se mezclan la barrabrava de Huracán, el sindicalismo, el turf y los “picaditos” VIP entre políticos y famosos. Al mismo tiempo, Tatino es un fiel exponente del desembarco que antiguos dirigentes de la UCR vienen haciendo en el entorno macrista, por lo general, de la mano de buenos negocios.
En lo concreto, la relación comercial empezó con la puesta en funciones de la policía porteña. Desde entonces, la empresa Rex Argentina SA, propiedad de Tatino y dedicada a la limpieza de edificios, resultó beneficiada con una serie de adjudicaciones por fuera del normal proceso de licitaciones públicas. Para dejar de lado los criterios establecidos en la Ley 2095, el Ejecutivo porteño alegó una especial situación de “necesidad y urgencia”.
Sin embargo, estas condiciones de excepción, que permitieron contratar de forma directa los servicios de Rex Argentina, se volvieron recurrentes: ocho veces en apenas un año, por un monto total de casi 1,5 millones de pesos, aprobados por la Subsecretaría de Administración de la Metropolitana. Con este mecanismo de excepción, en 2010 y 2011, a esta compañía se le encargó el aseo del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en la calle Santiago de Compostela, donde el policía del PRO forma a sus agentes, y del Centro de Incorporaciones. Recién el 24 de agosto de 2011, por Resolución Nº 576 del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Guillermo Montenegro, el macrismo regularizó esta situación, si bien la estrella de Tatino permaneció intacta. Fue a través de la licitación pública Nº 1518, a la que se habían presentado dos oferentes. Una vez más, Rex Argentina SA contó con la aprobación del ministro Montenegro, que la adjudicó el “servicio integral de limpieza para ser prestado en instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública”, por un plazo de 24 meses y un monto global de 4.512.000 pesos. Si se suman los ocho convenios antes mencionados, hasta el momento los negocios de Ibáñez con la Ciudad redondearon los 6 millones de pesos.
Además, esta relación con el gobierno porteño le permitió a Tatino ampliar sus horizontes y firmar un contrato con el flamante presidente de Boca Daniel Angelici, de extracción macrista, para encargarse de la limpieza del club.
La historia sobre los orígenes de Ibáñez cuenta que supo ser integrante de la barra del club atlético Huracán y que sus contactos le permitieron acercarse al fallecido sindicalista Jorge Triaca, que lo adoptó como su chofer personal. Este vínculo con el ex ministro de Trabajo menemista explica la aceitada relación de Tatino con el sindicalismo y su amistad con Saúl Ubaldini y Luis Barrionuevo, entre otros pesos pesados de la CGT. Sin embargo, este pasado peronista no le impidió sumarse luego, y con total entrega, a las filas del radicalismo, hasta volverse una pieza importante en la estructura que la Coordinadora mantenía en la sombra.
De esa forma dio sus primeros pasos como lobista, aprovechando su experiencia en el mundo deportivo: era el encargado de la organización de partidos en quintas privadas, donde la dirigencia alfonsinista compartía la cancha con figuras del fútbol y también del espectáculo. Más tarde, contribuiría para la llegada de Fernando de la Rúa a la Casa Rosada, y cuando la experiencia de la Alianza terminó caóticamente, volvió a acercarse al PJ, aportando sus talentos para la fallida campaña presidencial de Carlos Menem en 2003.
Con el paso de los años, Tatino supo construir una carrera donde destacan dos aspectos difíciles de combinar: la influencia en los despachos de todo tipo y color político, junto a un perfil siempre bajo. Esta es la razón de que su rostro sea conocido por todos aquellos que detentan el poder en la Argentina y que, al mismo tiempo, sea un personaje ignoto para el público y las cámaras.
En ese derrotero, su vínculo actual con el gobierno porteño es parte del acercamiento que ya antes ensayaron otros ex radicales que, desencantados con la constante crisis interna que sufre la UCR, vieron en el PRO un buen lugar para recalar.
En el macrismo sabrán valorar los servicios de Tatino. Mientras, él hace buenos negocios
http://tiempo.infonews.com/notas/quien-es-tatino-nexo-entre-los-negocios-de-ucr-portena-y-macri
En lo concreto, la relación comercial empezó con la puesta en funciones de la policía porteña. Desde entonces, la empresa Rex Argentina SA, propiedad de Tatino y dedicada a la limpieza de edificios, resultó beneficiada con una serie de adjudicaciones por fuera del normal proceso de licitaciones públicas. Para dejar de lado los criterios establecidos en la Ley 2095, el Ejecutivo porteño alegó una especial situación de “necesidad y urgencia”.
Sin embargo, estas condiciones de excepción, que permitieron contratar de forma directa los servicios de Rex Argentina, se volvieron recurrentes: ocho veces en apenas un año, por un monto total de casi 1,5 millones de pesos, aprobados por la Subsecretaría de Administración de la Metropolitana. Con este mecanismo de excepción, en 2010 y 2011, a esta compañía se le encargó el aseo del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en la calle Santiago de Compostela, donde el policía del PRO forma a sus agentes, y del Centro de Incorporaciones. Recién el 24 de agosto de 2011, por Resolución Nº 576 del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Guillermo Montenegro, el macrismo regularizó esta situación, si bien la estrella de Tatino permaneció intacta. Fue a través de la licitación pública Nº 1518, a la que se habían presentado dos oferentes. Una vez más, Rex Argentina SA contó con la aprobación del ministro Montenegro, que la adjudicó el “servicio integral de limpieza para ser prestado en instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública”, por un plazo de 24 meses y un monto global de 4.512.000 pesos. Si se suman los ocho convenios antes mencionados, hasta el momento los negocios de Ibáñez con la Ciudad redondearon los 6 millones de pesos.
Además, esta relación con el gobierno porteño le permitió a Tatino ampliar sus horizontes y firmar un contrato con el flamante presidente de Boca Daniel Angelici, de extracción macrista, para encargarse de la limpieza del club.
La historia sobre los orígenes de Ibáñez cuenta que supo ser integrante de la barra del club atlético Huracán y que sus contactos le permitieron acercarse al fallecido sindicalista Jorge Triaca, que lo adoptó como su chofer personal. Este vínculo con el ex ministro de Trabajo menemista explica la aceitada relación de Tatino con el sindicalismo y su amistad con Saúl Ubaldini y Luis Barrionuevo, entre otros pesos pesados de la CGT. Sin embargo, este pasado peronista no le impidió sumarse luego, y con total entrega, a las filas del radicalismo, hasta volverse una pieza importante en la estructura que la Coordinadora mantenía en la sombra.
De esa forma dio sus primeros pasos como lobista, aprovechando su experiencia en el mundo deportivo: era el encargado de la organización de partidos en quintas privadas, donde la dirigencia alfonsinista compartía la cancha con figuras del fútbol y también del espectáculo. Más tarde, contribuiría para la llegada de Fernando de la Rúa a la Casa Rosada, y cuando la experiencia de la Alianza terminó caóticamente, volvió a acercarse al PJ, aportando sus talentos para la fallida campaña presidencial de Carlos Menem en 2003.
Con el paso de los años, Tatino supo construir una carrera donde destacan dos aspectos difíciles de combinar: la influencia en los despachos de todo tipo y color político, junto a un perfil siempre bajo. Esta es la razón de que su rostro sea conocido por todos aquellos que detentan el poder en la Argentina y que, al mismo tiempo, sea un personaje ignoto para el público y las cámaras.
En ese derrotero, su vínculo actual con el gobierno porteño es parte del acercamiento que ya antes ensayaron otros ex radicales que, desencantados con la constante crisis interna que sufre la UCR, vieron en el PRO un buen lugar para recalar.
En el macrismo sabrán valorar los servicios de Tatino. Mientras, él hace buenos negocios
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MACRI VETA TODO LO QUE SEA POPULAR
Las empresas recuperadas nucleadas en la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) continuarán hoy su plan de lucha para resistir el veto que Mauricio Macri impuso a la Ley 4008. La normativa que había sido votada por unanimidad en noviembre por la Legislatura porteña prorrogaba por otros seis años el régimen de protección a las recuperadas y fue dejada sin efecto el 23 de diciembre pasado. Una treintena de empresas autogestionadas de la Ciudad quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad ante eventuales pedidos de quiebra por parte de acreedores de sus antiguos dueños, poniendo en peligro los más de 2000 empleos directos que generan y los muchos más que crean de manera indirecta.
En el marco de la lucha contra el veto y con el objetivo de dar mayor visibilidad al conflicto los trabajadores de las empresas recuperadas, la UPEA convocó a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a participar de la proyección de la película Industria Nacional que hoy se realizará partir de las 20 y de forma gratuita en la Cooperativa de Trabajo Mc Body, ubicada en la calle Andonaegui 2720, Villa Urquiza. Entre las organizaciones sociales, políticas y gremiales que respaldan la lucha se encuentran el Movimiento Evita, La Cámpora, el Colectivo Militante, Carta Abierta y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Los trabajadores prevén para el mes de marzo organizar un gran festival en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para mostrar a los porteños el trabajo que realizan diariamente y por el que luchan desde hace diez años. <
En el marco de la lucha contra el veto y con el objetivo de dar mayor visibilidad al conflicto los trabajadores de las empresas recuperadas, la UPEA convocó a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a participar de la proyección de la película Industria Nacional que hoy se realizará partir de las 20 y de forma gratuita en la Cooperativa de Trabajo Mc Body, ubicada en la calle Andonaegui 2720, Villa Urquiza. Entre las organizaciones sociales, políticas y gremiales que respaldan la lucha se encuentran el Movimiento Evita, La Cámpora, el Colectivo Militante, Carta Abierta y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Los trabajadores prevén para el mes de marzo organizar un gran festival en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para mostrar a los porteños el trabajo que realizan diariamente y por el que luchan desde hace diez años. <
MAXIMO KIRCHNER CONOCE Y BASE DE QUE ESTÁ HABLANDO"
El debate sobre la ascendencia de Máximo Kirchner dentro del gobierno llegó ayer hasta el senador y ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Tras varias notas periodísticas que alertaban sobre el creciente protagonismo del hijo mayor de la presidenta, Fernández salió a elogiarlo públicamente. “Tiene una particularidad que destaco siempre: ser hijo de un ex presidente y de la presidenta es una mochila que le puede dar a uno un nivel de manejo de cosas que sería gravoso para el gobierno. Pero él (por Máximo) es un pibe de un nivel de ubicación superlativo. Nunca le escuché decir estupideces”, fue lo primero que dijo. Y enseguida destacó “el liderazgo y la conducción” de Máximo como fundador de La Cámpora. “Conduce una agrupación muy importante, con unos cuadros políticos impresionantes”, subrayó Fernández.
El ex jefe de Gabinete tuvo mucho trato con dirigentes camporistas: de hecho, el secretario general de La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, tuvo su primera responsabilidad ejecutiva en la jefatura de Gabinete: primero fue nombrado director nacional de Fortalecimiento de la Democracia, luego fue ascendido a subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
El ex jefe de Gabinete tuvo mucho trato con dirigentes camporistas: de hecho, el secretario general de La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, tuvo su primera responsabilidad ejecutiva en la jefatura de Gabinete: primero fue nombrado director nacional de Fortalecimiento de la Democracia, luego fue ascendido a subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
Ayer, consultado por un programa de radio, el senador elogió a Máximo Kirchner y defendió su potestad para opinar sobre determinados hechos de gobierno. “Sabe muy bien de lo que está hablando”, afirmó.<
MOMO EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES RURALES, el sindicalismo y la oligarquia quiere seguir explotando gente
El nuevo régimen de Trabajo Agrario, sancionado a fines de diciembre por una abrumadora mayoría parlamentaria, pasará posiblemente a la historia por ser una legislación que explicita y amplía una serie de derechos laborales para los trabajadores del sector. Pero también por el insólito hecho de ser fuertemente resistido, no por los empresarios –cómo podría esperarse– sino por los propios representantes de los trabajadores, más precisamente por el sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que desde hace más de una década comanda el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas.
Las razones de tal oposición poco tienen que ver con la discusión relativa a mejorar las graves condiciones vigentes en buena parte de la producción agropecuaria, sino más bien con los fondos que van a parar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), una entidad cuya misión es “controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone la ley” y que está conformado por representantes de la UATRE y las patronales que integran la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural).
Creado durante el segundo gobierno de Carlos Menem, el RENATRE tiene carácter de “ente autártico de derecho público”, es decir, se trata de una entidad extrapresupuestaria que se financia a través del aporte patronal de los empleadores rurales. Entró en vigencia en 1999, y entre sus principales funciones se encuentra el otorgamiento y control de la Libreta de Trabajo, “un documento personal, intransferible y probatorio de la relación laboral” y el otorgarmiento de fondos de desempleo.
Para cumplir con semejantes y nobles tareas, recibe una contribución del 1,5% del total de la remuneración abonada por los empleadores a cada trabajador, fondos que son recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y giradas a una cuenta a nombre del propio RENATRE.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la eliminación del RENATRE, el cual queda absorbido por una nueva entidad, el RENATE, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Esa es la pelea de fondo.
¿Por qué? Para explicarlo, bastan algunos números. Según consta en la página web de la AFIP, las sumas giradas durante el año pasado superan cada mes los $ 10 millones. Fueron $ 13.062 millones en enero, $10.699 en febrero, $10.583 en marzo, $ 10.926 millones en abril, $ 11.244 en mayo, $ 11.248 en junio y de $ 11.873 millones en agosto, último dato disponible.
Es decir, sólo por aportes patronales la cifra supera ampliamente los 100 millones de pesos anuales. Entre 2002 y 2010 esos fondos suman 496 millones. Pero no son los únicos ingresos. A ese monto hay que sumarle la rentabilidad de las inversiones del RENATRE y las multas que la entidad aplica a partir de las fiscalizaciones realizadas por una empresa de dudosa constitución. Según una investigación de la Revista Veintitrés, la firma Gregard –contratada para llevar a cabo las inspecciones– tiene domicilio en Reconquista 630 de la Ciudad de Buenos Aires, la misma dirección que la UATRE, y dos de sus directores estarían estrechamente vinculados con el ex presidente Duhalde.
Si bien la responsabilidad última siempre es del Estado, existe un amplio consenso entre los funcionarios y especialistas en que la implementación y funcionamiento del RENATRE no movió el amperímetro en cuanto al nivel y la gravedad de las condiciones de trabajo en el campo, donde la falta de registración es la norma.
Durante 2011 saltaron a la luz dramáticos casos de trabajo esclavo en establecimientos agropecuarios, algunos vinculados a multinacionales, y que tenían como víctimas a trabajadores temporarios, más conocidos como “golondrinas”.
La nueva norma remplaza la legislación proveniente de la última dictadura militar. Lejos de ser un capricho del oficialismo, fue avalada por 68 votos positivos y uno negativo en la Cámara de Senadores, mientras que en Diputados fue acompañada por 174 votos a favor y solamente cuatro en contra.
“No se entiende la preocupación de la dirigencia sindical de la UATRE por defender la caja del RENATRE en vez de salir a defender una ley que protege los derechos de los trabajadores rurales”, indicó el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se mostró esperanzado de que la justicia avale finalmente la implementación de la norma. “Esperamos que las apelaciones a las medidas cautelares que hicimos durante la semana pasada permitan darle pleno cumplimiento a una ley que ya está en vigencia”, indicó el funcionario. <
Cortes, insultos, patovicas y cautelares
Desde el mes de diciembre, cuando comenzó la discusión del nuevo régimen de trabajo agrario en el ámbito legislativo, se multiplicaron las protestas de la UATRE, que incluyeron algunos cortes de ruta y duras diatribas del Momo Venegas contra los legisladores que apoyaron la iniciativa.
Tras la sanción de la norma, la semana pasada, patovicas de la UATRE impidieron la entrada de la autoridades oficiales designadas por el ministro de Trabajo.
El último escalón de la disputa tiene lugar en la justicia. El gremio de la UATRE que dirige Gerónimo Venegas obtuvo una medida cautelar que puso en suspenso la postergada implementación de la norma.
Un juez bajo sospecha
“¿Cuánto hay que pagar para cobrar?” le preguntó un jubilado al juez Alberto Ize. Era el año 2010 y el incidente, que provocó la renuncia del magistrado a la subrogancia que ejercía en el Juzgado Federal 3 del fuero de la Seguridad Social, desencadenó una investigación que puso al descubierto una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El accionar de Ize y de sus dos secretarios, Fernando Mora y Emmanuel Catardo fue puesto bajo la lupa al detectarse una serie de irregularidades vinculadas al trámite y liquidación de sentencias en juicios por actualización de haberes jubilatorios. “Los dos secretarios embargaban a las ANSES y sacaban sentencias superiores al millón de pesos: en primer lugar, el retroactivo era muy superior a lo que correspondía y segundo, estaban asociados a abogados patrocinantes de jubilados con quienes tenían claros vínculos de connivencia”, detalló Diego Bossio, titular de la ANSES.
Por esta y otras causas, el magistrado tiene actualmente tres denuncias en etapa de investigación preliminar presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Cómo es la nueva ley
Entre otras mejoras, la nueva norma que regula las relaciones laborales en el sector agropecuario, incorpora a los trabajadores a la Ley de Contrato de Trabajo y establece límites precisos a las jornadas de trabajo, las cuales no podrán exceder las ocho horas diarias y 44 horas semanales.
También se ocupa de los empleados estacionales o “golondrinas” –representan cerca del 75% de la masa laboral y es el sector más alcanzado por la precarización– a partir de la creación de la figura del “trabajador permanente discontinuo”, quien “tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones”. Al mismo tiempo prohíbe el trabajo infantil y regula la contratación de adolescentes de entre 16 y 18 años, previa autorización de los padres. Y crea un régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad jubilatoria (con 25 años de aportes).
http://tiempo.infonews.com/notas/las-maniobras-de-venegas-para-quedarse-con-una-caja-de-100-m
CON MACRI NADA FUNCIONA EN LA CABA
Tratando de hacer funcionar más rápido un endeble y viejo ventilador de techo. Moviendo inútilmente la perilla que giraba en falso, mientras la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires, del otro lado de la ventana entreabierta, se arrimaba a los 40 grados centígrados.
Así me encontraba el pasado martes en el box Nº3 de la Guardia del Hospital Álvarez, acompañando a Tina, de 86 años, la abuela de mi mujer, quien padece una anemia galopante, cuando como un campanazo seco y agudo se escuchó: “Se está incendiando el hospital. ¡Hay que salir ya!”
miércoles, 11 de enero de 2012
Horacio Rodríguez Larreta UN NEOLIBERAL PRO anti popular cara de fierro que siempre miente
La disputa entre Nación y Ciudad por la transferencia del subte no tuvo pausas durante este fin de año y la pelea judicial que desató el ajuste, ordenado por el gobierno porteño hace una semana, promete no tomarse vacaciones en enero. La primera señal la dio ayer la fiscal porteña Ana Di Iorio, quien le pidió al juez contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, Fernando Juan Lima, que acelere la resolución de los “reclamos que afectan el interés ciudadano”. El pedido, que forma parte de un dictamen firmado por la funcionaria del Ministerio Público fiscal porteño, es un pedido de celeridad al magistrado que encabeza el Juzgado Nº 11 del fuero contencioso, donde se tramitan cuatro amparos presentados por legisladores porteños y asociaciones de consumidores que recurrieron a los tribunales porteños para frenar el aumento del 127% que ordenó el jefe de gobierno, Mauricio Macri, apenas estrenó la “potestad tarifaria” que le devolvió la Nación el 2 de enero, luego de una compleja negociación que arrancó el 11 de noviembre.
Si el juez Lima le da la razón a la fiscal Di Iorio, los abogados de la Procuración General de la Ciudad deberán afrontar la próxima semana cuatro amparos presentados por Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi, Alejandro Bodart y Edgardo Form, y los ex legisladores Eduardo Epszteyn y Vilma Ripoll. A estos tres amparos que se tramitan en juzgados de la Ciudad, se sumó un cuarto pedido de freno al aumento, presentado por los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
En su dictamen, Di Iorio se pronunció a favor de habilitar la feria de verano, porque están en juego “reclamos que afectan derechos ciudadanos, además de que el servicio de justicia no puede paralizarse por el receso de verano”. La intervención de la fiscal no sólo se remitió a reclamarle al juez que active el caso durante los próximos 20 días de enero. También habilitó la competencia del fuero contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, para tratar los amparos. Esta instancia judicial es una de las más resistidas por el macrismo, ya que desde su nacimiento, posterior a la proclamación de la autonomía porteña, todas las gestiones de la Ciudad cosecharon duros fallos en su contra por la violación a derechos consagrados por la Constitución del distrito.
Con el desembarco de la justicia porteña en los temas del subte, fuentes cercanas a Lima confirmaron que el magistrado podría expedirse entre el viernes o el lunes, mientras analiza pedirle la opinión al gobierno porteño, ya que la ley ordena este tipo de consultas en reclamos sobre servicios públicos. Sin embargo, más allá de algún pedido de opinión que pueda solicitar el titular del Juzgado Contencioso 11, lo cierto es que los abogados de la Procuración ya preparan una defensa jurídica ante un caso que podría transformarse en el primero de envergadura sobre la tarifa de un transporte público masivo que tramita el fuero capitalino en su corta vida.
Mientras los abogados del Estado porteño se preparan para defender, durante enero, al gobierno PRO, en un caso que desconocen casi por completo, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contestó que el futuro de los amparos “lo tiene que resolver la justicia”, luego de aclarar que la audiencia pública que reclaman los legisladores para tratar el aumento del 127%, están dentro “del decreto que firmó Macri”, pero esa instancia recién se concretará cuando “se termine” de concretar el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad. Si Lima habilita la feria, la justicia podría obligarlo a realizarlo mucho antes, quizás en pleno verano. Si sucede, será el debate público sobre aumento de tarifas más caliente de los últimos años. <
http://tiempo.infonews.com/notas/subtes-reclaman-al-juez-lima-que-se-expida-tarifazo-del-macrismo
Si el juez Lima le da la razón a la fiscal Di Iorio, los abogados de la Procuración General de la Ciudad deberán afrontar la próxima semana cuatro amparos presentados por Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi, Alejandro Bodart y Edgardo Form, y los ex legisladores Eduardo Epszteyn y Vilma Ripoll. A estos tres amparos que se tramitan en juzgados de la Ciudad, se sumó un cuarto pedido de freno al aumento, presentado por los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
En su dictamen, Di Iorio se pronunció a favor de habilitar la feria de verano, porque están en juego “reclamos que afectan derechos ciudadanos, además de que el servicio de justicia no puede paralizarse por el receso de verano”. La intervención de la fiscal no sólo se remitió a reclamarle al juez que active el caso durante los próximos 20 días de enero. También habilitó la competencia del fuero contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, para tratar los amparos. Esta instancia judicial es una de las más resistidas por el macrismo, ya que desde su nacimiento, posterior a la proclamación de la autonomía porteña, todas las gestiones de la Ciudad cosecharon duros fallos en su contra por la violación a derechos consagrados por la Constitución del distrito.
Con el desembarco de la justicia porteña en los temas del subte, fuentes cercanas a Lima confirmaron que el magistrado podría expedirse entre el viernes o el lunes, mientras analiza pedirle la opinión al gobierno porteño, ya que la ley ordena este tipo de consultas en reclamos sobre servicios públicos. Sin embargo, más allá de algún pedido de opinión que pueda solicitar el titular del Juzgado Contencioso 11, lo cierto es que los abogados de la Procuración ya preparan una defensa jurídica ante un caso que podría transformarse en el primero de envergadura sobre la tarifa de un transporte público masivo que tramita el fuero capitalino en su corta vida.
Mientras los abogados del Estado porteño se preparan para defender, durante enero, al gobierno PRO, en un caso que desconocen casi por completo, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contestó que el futuro de los amparos “lo tiene que resolver la justicia”, luego de aclarar que la audiencia pública que reclaman los legisladores para tratar el aumento del 127%, están dentro “del decreto que firmó Macri”, pero esa instancia recién se concretará cuando “se termine” de concretar el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad. Si Lima habilita la feria, la justicia podría obligarlo a realizarlo mucho antes, quizás en pleno verano. Si sucede, será el debate público sobre aumento de tarifas más caliente de los últimos años. <
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Gerónimo Venegas (a) Momo, impidió la entrada de un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación a la sede del ex organismo. El funcionario es Oscar Marcelo Maffe,
Momo con patota. La otra foto tiene mucho menos glamour y seguramente no será publicada por la revista Caras. Fue tomada el viernes en la puerta del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), organismo que fue disuelto por el Congreso cuando aprobó la ley que establece un nuevo régimen laboral para los trabajadores del campo. La imagen muestra cómo un grupo de patoteros de la Uatre, capitaneada por el duhaldista Gerónimo Venegas (a) Momo, impidió la entrada de un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación a la sede del ex organismo. El funcionario es Oscar Marcelo Maffe, designado por el Gobierno Nacional para dirigir el Renatea, el organismo que reemplazó al Renatre.
“Es un atentado a la democracia”, dijo Venegas para justificar la intimidante presencia de sus matones. Resulta cuanto menos extraño que haya utilizado esta fórmula, ya que la ley cuya aplicación resiste fue votada por una amplia mayoría en las dos Cámaras del Congreso. Por 174 votos contra 4 en Diputados, y por 68 a 1 en Senadores. Pero dos votaciones tan concluyentes representan, para Venegas, algo que va a contramano de su concepción de democracia. Más extraña todavía resulta esa justificación si se tiene en cuenta que la nueva norma reemplaza al cuasi esclavizante Estatuto del Peón Rural decretado durante la última dictadura, con las firmas del genocida Jorge Rafael Videla y su ruralista ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Vale la pena recordar que aquel decreto dictatorial permitía someter a los empleados rurales a jornadas de trabajo que comenzaban al amanecer y terminaban, si tenían suerte, con la puesta del sol.
Quemá esas fotos.
http://sur.infonews.com/notas/dos-fotos
“Es un atentado a la democracia”, dijo Venegas para justificar la intimidante presencia de sus matones. Resulta cuanto menos extraño que haya utilizado esta fórmula, ya que la ley cuya aplicación resiste fue votada por una amplia mayoría en las dos Cámaras del Congreso. Por 174 votos contra 4 en Diputados, y por 68 a 1 en Senadores. Pero dos votaciones tan concluyentes representan, para Venegas, algo que va a contramano de su concepción de democracia. Más extraña todavía resulta esa justificación si se tiene en cuenta que la nueva norma reemplaza al cuasi esclavizante Estatuto del Peón Rural decretado durante la última dictadura, con las firmas del genocida Jorge Rafael Videla y su ruralista ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Vale la pena recordar que aquel decreto dictatorial permitía someter a los empleados rurales a jornadas de trabajo que comenzaban al amanecer y terminaban, si tenían suerte, con la puesta del sol.
Quemá esas fotos.
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Julio Garachico Un policía de la CNU vive tranquilo en Mar del Plata
Julio Garachico liberaba las zonas para la patota del Indio Castillo, pero ni la Justicia ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de él.
El paradero del ex policía Julio César Garachico, identificado por Miradas al Sur como uno de los integrantes de la Bonaerense encargados de liberar zonas para el accionar impune del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, parece ser un misterio para el Juzgado Federal de Arnaldo Corazza, que debe investigar esos crímenes. Sin embargo, esa es una falsa impresión, ya que el juez cuenta información certera que ubica a Garachico en la ciudad de Mar del Plata, donde adquirió una vivienda y un lote en la calle Nápoles 3626. Esos datos fueron obtenidos y suministrados al juez por organismos de derechos humanos en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, quien lo mencionó como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo secuestró durante la dictadura.
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
¿QUE PASA QUE LA JUSTICIA NO LO DETIENE A ESTE ASESINO DENUNCIADO PUBLICAMENTE POR JULIO LOPEZ?
¿QUE JUEZ LO PROTEJE?
Julio Garachico Un policía de la CNU vive tranquilo en Mar del Plata
Julio Garachico liberaba las zonas para la patota del Indio Castillo, pero ni la Justicia ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de él.
El paradero del ex policía Julio César Garachico, identificado por Miradas al Sur como uno de los integrantes de la Bonaerense encargados de liberar zonas para el accionar impune del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, parece ser un misterio para el Juzgado Federal de Arnaldo Corazza, que debe investigar esos crímenes. Sin embargo, esa es una falsa impresión, ya que el juez cuenta información certera que ubica a Garachico en la ciudad de Mar del Plata, donde adquirió una vivienda y un lote en la calle Nápoles 3626. Esos datos fueron obtenidos y suministrados al juez por organismos de derechos humanos en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, quien lo mencionó como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo secuestró durante la dictadura.
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
¿QUE PASA QUE LA JUSTICIA NO LO DETIENE A ESTE ASESINO DENUNCIADO PUBLICAMENTE POR JULIO LOPEZ?
¿QUE JUEZ LO PROTEJE?
Julio Garachico liberaba las zonas para la patota del Indio Castillo, pero ni la Justicia ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de él.
Julio Garachico liberaba las zonas para la patota del Indio Castillo, pero ni la Justicia ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ocupan de él. El paradero del ex policía Julio César Garachico, identificado por Miradas al Sur como uno de los integrantes de la Bonaerense encargados de liberar zonas para el accionar impune del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, parece ser un misterio para el Juzgado Federal de Arnaldo Corazza, que debe investigar esos crímenes. Sin embargo, esa es una falsa impresión, ya que el juez cuenta información certera que ubica a Garachico en la ciudad de Mar del Plata, donde adquirió una vivienda y un lote en la calle Nápoles 3626. Esos datos fueron obtenidos y suministrados al juez por organismos de derechos humanos en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, quien lo mencionó como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo secuestró durante la dictadura.
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Años de impunidad protegida. Terminada la dictadura, Garachico se radicó en la provincia de Chubut, donde regenteó un casino y vivió apaciblemente hasta que fue reconocido por una vecina como uno de los hombres de la Bonaerense que habían sido acusados del primer secuestro de Jorge Julio López. Desde entonces, la Justicia pareció perderle el rastro mientras el Ministerio de Seguridad Bonaerense mostraba una llamativa reticencia a aportar datos sobre su persona.
Un año después de la desaparición de López, en una presentación ante el juez Corazza, varios organismos de derechos humanos señalaban: “Aunque se solicitó también en forma reiterado la localización e información sobre Julio César Garachico, esta prueba parcialmente y sólo luego de insistentes pedidos fue aportada por el Ministerio de Seguridad. Consta a fojas 1367 y siguientes que su teléfono es 02965-47-5707, que el teléfono de su domicilio fiscal es 02945-45-0444 (Casino Esquel) y también los teléfonos de sus domicilios alternativos 02965-47-1337. El domicilio de La Plata, en calle 35 N° 1175 carece de teléfono, aunque una simple consulta en guía informa que existen dos números en el lugar, uno correspondiente a la planta baja y otro al primer piso”.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia nunca suministró el domicilio de Garachico en Mar del Plata, que fue descubierto y aportado a la causa por los organismos de derechos humanos luego de hacer una simple consulta al Registro de la Propiedad. Los organismos también informaron al juez nuevos números de teléfono del ex policía y de su hijo. En esa presentación, los organismos agregaban: “Asombra entonces que el Ministerio de Seguridad, con toda su estructura y el supuesto empeño puesto en esta investigación, no pueda al día de hoy informar esto en el expediente, y mucho menos informar, de una vez por todas, lo que se le requiere hace un año: el listado de llamadas entrantes y salientes de esta persona, sobre la que, recordemos, pesa un requerimiento de instrucción”.
La comparecencia de Julio César Garachico ante la Justicia es fundamental para por lo menos cuatro investigaciones: la del primer secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, la de su segunda desaparición, la del secuestro de Clara Anahí Mariani, y la del accionar de los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria. Sin embargo, el represor sigue viviendo impune en Mar del Plata, sin que la Justicia ni el Ministerio de Seguridad bonaerense se ocupen de él.
http://sur.infonews.com/notas/un-policia-de-la-cnu-vive-tranquilo-en-mar-del-plata
En octubre de este año, durante el juicio a los represores de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex policía fue señalado por el genocida Carlos García (a) El Oso, en una declaración clave que lo conecta con la represión ilegal antes y después del 24 de marzo de 1976. “Yo no estaba en una patota, pero había una patota, la patota de Garachico”, declaró García, quien también precisó que tenía como base de operaciones la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios artículos publicados en Miradas al Sur, los autores de esta investigación han ubicado a Garachico, al comisario Carlos Alberto Masulli y al suboficial mayor Juan Bilardo tres piezas clave para el accionar coordinado de la CNU con la Bonaerense. Garachico también fue el oficial encargado de allanar las viviendas de los integrantes de la patota comandada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando el jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, decidió abortar su accionar a fines de abril de 1976. Asimismo, fue identificado como uno de los participantes del ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, el 24 de noviembre de 1976, donde fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani, a quien todavía busca su abuela, Chicha Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Años de impunidad protegida. Terminada la dictadura, Garachico se radicó en la provincia de Chubut, donde regenteó un casino y vivió apaciblemente hasta que fue reconocido por una vecina como uno de los hombres de la Bonaerense que habían sido acusados del primer secuestro de Jorge Julio López. Desde entonces, la Justicia pareció perderle el rastro mientras el Ministerio de Seguridad Bonaerense mostraba una llamativa reticencia a aportar datos sobre su persona.
Un año después de la desaparición de López, en una presentación ante el juez Corazza, varios organismos de derechos humanos señalaban: “Aunque se solicitó también en forma reiterado la localización e información sobre Julio César Garachico, esta prueba parcialmente y sólo luego de insistentes pedidos fue aportada por el Ministerio de Seguridad. Consta a fojas 1367 y siguientes que su teléfono es 02965-47-5707, que el teléfono de su domicilio fiscal es 02945-45-0444 (Casino Esquel) y también los teléfonos de sus domicilios alternativos 02965-47-1337. El domicilio de La Plata, en calle 35 N° 1175 carece de teléfono, aunque una simple consulta en guía informa que existen dos números en el lugar, uno correspondiente a la planta baja y otro al primer piso”.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia nunca suministró el domicilio de Garachico en Mar del Plata, que fue descubierto y aportado a la causa por los organismos de derechos humanos luego de hacer una simple consulta al Registro de la Propiedad. Los organismos también informaron al juez nuevos números de teléfono del ex policía y de su hijo. En esa presentación, los organismos agregaban: “Asombra entonces que el Ministerio de Seguridad, con toda su estructura y el supuesto empeño puesto en esta investigación, no pueda al día de hoy informar esto en el expediente, y mucho menos informar, de una vez por todas, lo que se le requiere hace un año: el listado de llamadas entrantes y salientes de esta persona, sobre la que, recordemos, pesa un requerimiento de instrucción”.
La comparecencia de Julio César Garachico ante la Justicia es fundamental para por lo menos cuatro investigaciones: la del primer secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, la de su segunda desaparición, la del secuestro de Clara Anahí Mariani, y la del accionar de los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria. Sin embargo, el represor sigue viviendo impune en Mar del Plata, sin que la Justicia ni el Ministerio de Seguridad bonaerense se ocupen de él.
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Esteban Bullrich del PROcesado. mis hijos no van a un colegio publico
Esteban Bullrich debe ir mañana a Tribunales. La jueza Elena Liberatori emplazó al ministro de Educación para que explique si usa folletos oficiales para la campaña electoral y sobre la falsedad de los datos que allí se publicitan.
El ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, debe presentarse mañana ante la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 4 para dar explicaciones sobre supuestas inexactitudes publicadas en un folleto de publicidad oficial titulado “El futuro empieza en las aulas”. En ese volante se consignan datos sobre la educación porteña que los sindicatos docentes han considerado como “mentirosos”. Así, se publicó que el salario mínimo de un maestro de jornada completa es de 5.808 pesos, cuando en realidad, según la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) se encuentra en 4.820 pesos.
La citación a Bullrich es consecuencia de la acción de amparo presentada por la entidad gremial patrocinada legalmente por la agrupación estudiantil “14 bis”, de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En la audiencia, a la que fueron convocados Bullrich y el secretario general de la UTE, Eduardo López, el ministro deberá presentar información que respalde diversos datos consignados en el folleto tales como que durante la actual gestión se construyeron 13 escuelas, que se están edificando otras 46 y la supuesta instalación de gas y calefacción en todos los establecimientos escolares porteños. En la presentación judicial se señala que además de la absoluta falsedad del salario que figura en el volante, muchas escuelas prometidas no se han terminado y que ni siquiera tienen habilitación de la empresa Metrogas.
La magistrada pedirá explicaciones a Bullrich acerca de si el folleto es de carácter institucional del Gobierno porteño o si se trata de un folleto partidario enmarcado en actividades de la campaña electoral. Esto se debe a que quienes denuncian el folleto señalan que aparece con el logo del Ministerio de Educación pero es repartido en mesas partidarias del PRO con la consigna “Mauricio 2011”. El sindicato docente denunció la violación del derecho a la información veraz por parte del Gobierno de la Ciudad y reclama que se publique un nuevo folleto rectificando los datos y aclarando que los que fueron repartidos hasta ahora contenían errores. Según Eduardo López, secretario general de UTE: “Los docentes que transitamos diariamente las escuelas de la Ciudad sabemos perfectamente el estado de la educación porteña y por eso vamos a estar presentes mañana en la audiencia para evitar que sigan haciendo campaña con mentiras”.
La citación a Bullrich es consecuencia de la acción de amparo presentada por la entidad gremial patrocinada legalmente por la agrupación estudiantil “14 bis”, de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En la audiencia, a la que fueron convocados Bullrich y el secretario general de la UTE, Eduardo López, el ministro deberá presentar información que respalde diversos datos consignados en el folleto tales como que durante la actual gestión se construyeron 13 escuelas, que se están edificando otras 46 y la supuesta instalación de gas y calefacción en todos los establecimientos escolares porteños. En la presentación judicial se señala que además de la absoluta falsedad del salario que figura en el volante, muchas escuelas prometidas no se han terminado y que ni siquiera tienen habilitación de la empresa Metrogas.
La magistrada pedirá explicaciones a Bullrich acerca de si el folleto es de carácter institucional del Gobierno porteño o si se trata de un folleto partidario enmarcado en actividades de la campaña electoral. Esto se debe a que quienes denuncian el folleto señalan que aparece con el logo del Ministerio de Educación pero es repartido en mesas partidarias del PRO con la consigna “Mauricio 2011”. El sindicato docente denunció la violación del derecho a la información veraz por parte del Gobierno de la Ciudad y reclama que se publique un nuevo folleto rectificando los datos y aclarando que los que fueron repartidos hasta ahora contenían errores. Según Eduardo López, secretario general de UTE: “Los docentes que transitamos diariamente las escuelas de la Ciudad sabemos perfectamente el estado de la educación porteña y por eso vamos a estar presentes mañana en la audiencia para evitar que sigan haciendo campaña con mentiras”.
El PROcesado y neoliberal menemista macri miente siempre
Legisladores denuncian que Macri desconoce la estructura de costos y temen que el boleto llegue a cuatro pesos.
El viernes debutó la nueva tarifa del boleto de subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, debajo de la tierra los trabajadores levantaron los molinetes en varias estaciones, en apoyo a los pasajeros. Arriba, los legisladores porteños que no pertenecen al PRO y organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores presentaron un amparo ante la Justicia para detener el aumento del 127,27% decidido por el macrismo, hasta tanto se discuta el valor real que debe costar cada viaje. En el medio, mientras tanto, en el área de las imprecisiones, las versiones crecieron en sólo una semana como una madreselva rabiosa.
Es que primero se pedían tres meses; pero, el lunes se acordó el traspaso, el miércoles se anunció el aumento y el viernes a las siete de la mañana, en la estación Independencia de la línea C, por ejemplo, ya se cobraba $ 2,50 el boleto. Para peor, por los pasillos oficiales deslizaban que llegará a los $ 4. No obstante, en el boletín oficial no estaba publicado ni el decreto que ordenaba el primer tarifazo. De hecho, la legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) acudió a la secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad y le confirmaron que no contaban ni con el número ni con el texto del decreto, es decir, no existía.
La medida cautelar presentada tuvo la firma de, entre otros, el ex diputado nacional Héctor Polino, hoy titular de la ONG Consumidores Libres. Por sorteo había recaído en el juzgado 4 de la jueza Elena Liberatori, pero al haber “conexidades” con denuncias anteriores, el amparo terminó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Fernando Juan Lima, un magistrado de bajo perfil al que se le conoce haber fallado en favor de la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido un esfuerzo a la Ciudad, y ofreció mantener la mitad del subsidio para disminuir el impacto. Pero el gobierno de Mauricio no sólo lo trasladó a los ciudadanos, sino que tuvo tiempo de calcular un plus.
Polino dijo a Miradas al Sur que el amparo tiene su fundamento en que el aumento es “arbitrario, inconsulto e ilegal. Es arbitrario, porque nadie sabe cuáles son los costos”. El ex diputado socialista afirma que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “no tuvo tiempo de analizar la estructura de costos de la empresa. Se transfirió el lunes, de inmediato anunciaron el aumento y ya se cobra el viernes”. El pedido de una medida cautelar se recuesta en el poco afán democrático del macrismo. Polino recuerda que se “tenía que haber convocado a audiencias públicas, es lo que corresponde, está obligado”.
Es que primero se pedían tres meses; pero, el lunes se acordó el traspaso, el miércoles se anunció el aumento y el viernes a las siete de la mañana, en la estación Independencia de la línea C, por ejemplo, ya se cobraba $ 2,50 el boleto. Para peor, por los pasillos oficiales deslizaban que llegará a los $ 4. No obstante, en el boletín oficial no estaba publicado ni el decreto que ordenaba el primer tarifazo. De hecho, la legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) acudió a la secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad y le confirmaron que no contaban ni con el número ni con el texto del decreto, es decir, no existía.
La medida cautelar presentada tuvo la firma de, entre otros, el ex diputado nacional Héctor Polino, hoy titular de la ONG Consumidores Libres. Por sorteo había recaído en el juzgado 4 de la jueza Elena Liberatori, pero al haber “conexidades” con denuncias anteriores, el amparo terminó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Fernando Juan Lima, un magistrado de bajo perfil al que se le conoce haber fallado en favor de la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido un esfuerzo a la Ciudad, y ofreció mantener la mitad del subsidio para disminuir el impacto. Pero el gobierno de Mauricio no sólo lo trasladó a los ciudadanos, sino que tuvo tiempo de calcular un plus.
Polino dijo a Miradas al Sur que el amparo tiene su fundamento en que el aumento es “arbitrario, inconsulto e ilegal. Es arbitrario, porque nadie sabe cuáles son los costos”. El ex diputado socialista afirma que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “no tuvo tiempo de analizar la estructura de costos de la empresa. Se transfirió el lunes, de inmediato anunciaron el aumento y ya se cobra el viernes”. El pedido de una medida cautelar se recuesta en el poco afán democrático del macrismo. Polino recuerda que se “tenía que haber convocado a audiencias públicas, es lo que corresponde, está obligado”.
El PRO y las instituciones. En el inciso C, del artículo 13, de la ley 210, la Constitución porteña ordena que “en caso de solicitud de modificación de la tarifa” será “obligatorio” realizar una convocatoria a audiencia pública. Aunque ésta sea no vinculante. Polino recuerda, además, el artículo 42 de la carta magna de la Nación, que garantiza a los usuarios y consumidores “el derecho a tener una información veraz y la Justicia interpretó en infinidad de causas judiciales, que el mecanismo idóneo para acceder a una información adecuada y veraz, es el de las audiencias públicas. Es más –agrega el titular de Consumidores Libres–, Macri convocó a audiencias públicas para tratar el aumento en el peaje de las autopistas urbanas, la 25 de mayo, la Perito Moreno y la Arturo Ilia. Y, en el mes de noviembre, convocó a otra para tratar el aumento a los taxímetros”, incluso.
Otro legislador de Nuevo Encuentro, Edgardo Form, subraya ante este dominical el impacto que el aumento ejercerá “en el bolsillo de las personas, tanto de la Ciudad como del conurbano, que viajan diariamente en la red de subterráneos”, y advierte: “Tiene una significación muy fuerte”. El legislador se refiere a que son unos doce millones de habitantes los que sufren las modificaciones en el transporte público, porque es un problema que debe abordarse desde el área metropolitana y no desde la Ciudad, ésta debe articular con la Nación, la Provincia y 14 municipios del conurbano bonaerense.
Además, aunque la audiencia pública no sea vinculante es obligatorio “evaluar el impacto que produce en las personas”. Form explica que “medidas como éstas pueden hacer que todo el mundo se vuelque a los transportes de superficie, que se produzca el caos y que el sistema colapse, por ejemplo, por usar una hipótesis bastante fundada”. Además recuerda que ya hoy, sin ese impacto, a los 800 mil automóviles que hay en la Ciudad se le suman un millón trescientos mil que ingresan diariamente a los doscientos kilómetros cuadrados de territorio porteño.
Eduardo Epszteyn, auditor del Gobierno porteño y ex legislador del Frente Progresista y Popular, le asegura a Miradas al Sur que está seguro que los asiste “toda la razón del mundo” con la presentación de la medida cautelar. Desde el punto de vista jurídico y desde el político. Lo dice porque de prosperar la medida de no innovar, al macrismo le quedan dos caminos: el de la apelación o el del llamado a audiencia pública y, aunque el primero es el preferido del PRO, este último es un procedimiento mucho más rápido.
Otro legislador de Nuevo Encuentro, Edgardo Form, subraya ante este dominical el impacto que el aumento ejercerá “en el bolsillo de las personas, tanto de la Ciudad como del conurbano, que viajan diariamente en la red de subterráneos”, y advierte: “Tiene una significación muy fuerte”. El legislador se refiere a que son unos doce millones de habitantes los que sufren las modificaciones en el transporte público, porque es un problema que debe abordarse desde el área metropolitana y no desde la Ciudad, ésta debe articular con la Nación, la Provincia y 14 municipios del conurbano bonaerense.
Además, aunque la audiencia pública no sea vinculante es obligatorio “evaluar el impacto que produce en las personas”. Form explica que “medidas como éstas pueden hacer que todo el mundo se vuelque a los transportes de superficie, que se produzca el caos y que el sistema colapse, por ejemplo, por usar una hipótesis bastante fundada”. Además recuerda que ya hoy, sin ese impacto, a los 800 mil automóviles que hay en la Ciudad se le suman un millón trescientos mil que ingresan diariamente a los doscientos kilómetros cuadrados de territorio porteño.
Eduardo Epszteyn, auditor del Gobierno porteño y ex legislador del Frente Progresista y Popular, le asegura a Miradas al Sur que está seguro que los asiste “toda la razón del mundo” con la presentación de la medida cautelar. Desde el punto de vista jurídico y desde el político. Lo dice porque de prosperar la medida de no innovar, al macrismo le quedan dos caminos: el de la apelación o el del llamado a audiencia pública y, aunque el primero es el preferido del PRO, este último es un procedimiento mucho más rápido.
Un túnel oscuro. Funcionarios del PRO, en la semana, sondearon el recurso de tomar como celebrada la audiencia pública y agarrarse de otra de hace doce años, cuando en el ’99 se hizo un intento fallido de devolver el subte a la Ciudad. Entonces se había fijado el boleto en 0,75 centavos de dólar. “No se puede seriamente argumentar que se hizo la audiencia pública en referencia a aquella, se hizo en momentos de la convertibilidad, es decir, en una Argentina que no tiene nada que ver con la actual, la paridad con el dólar después explotó por el aire”, exclama Form. Y tanto él como Epszteyn consideraron que el anuncio del aumento en estos momentos fue estratégico. Epszteyn dice que “el aumento convino a partir de enero, porque la gente está en otra, como se hacía en los mejores tiempos del menemismo, y no hay que olvidarse –agrega– de que en el mes de marzo se viene el ABL”. Para Form, parte del “blindaje mediático” tuvo su conjugación en las tapas de los principales diarios, con falsos anuncios de aumentos para colectivos y trenes. “Todo esto y la falta de inversión en el subte por parte de la Ciudad demuestra que no hay vocación de resolver seriamente estos problemas porque emplean una filosofía de un Estado que deja al mercado y no se ocupa de los grandes temas de la ciudadanía”.
Epszteyn concede que hasta puede “estar de acuerdo con que se necesita algún aumento, pero debe hacerse de manera transparente”. Afirma que desde el ente de control de los servicios públicos del Gobierno porteño le confirmaron que no conocen la estructura de costos. Este diario consultó al ministro de Hacienda y Desarrollo Económico, Néstor Grindetti, por el mismo tema y tampoco tuvo respuesta. Para colmo, a la falta de respuesta y al blindaje mediático se le sumaron una cantidad de versiones inverosímiles de las que el macrismo se especializa en convertir en verdaderas. Se habló de que esta administración pretende un subte para pocos a $ 4, Form sospechaba que lo hacían para asustar y terminar subiendo a $ 3,20. Según los 0,75 centavos de dólar que es fijado el boleto en la audiencia pública de hace doce años, significan unos $ 3,25. Es decir, la versión increíble empieza a tomar forma.
El metrodelegado Claudio Dellacarbonara desmintió categóricamente que algún pedido de salario por parte de los trabajadores tuviera algo que ver con los aumentos y anticipó que seguirán con las medidas de protesta hasta que la situación, definida por su colega Néstor Segovia como “un robo a los pasajeros”, cese.
Epszteyn concede que hasta puede “estar de acuerdo con que se necesita algún aumento, pero debe hacerse de manera transparente”. Afirma que desde el ente de control de los servicios públicos del Gobierno porteño le confirmaron que no conocen la estructura de costos. Este diario consultó al ministro de Hacienda y Desarrollo Económico, Néstor Grindetti, por el mismo tema y tampoco tuvo respuesta. Para colmo, a la falta de respuesta y al blindaje mediático se le sumaron una cantidad de versiones inverosímiles de las que el macrismo se especializa en convertir en verdaderas. Se habló de que esta administración pretende un subte para pocos a $ 4, Form sospechaba que lo hacían para asustar y terminar subiendo a $ 3,20. Según los 0,75 centavos de dólar que es fijado el boleto en la audiencia pública de hace doce años, significan unos $ 3,25. Es decir, la versión increíble empieza a tomar forma.
El metrodelegado Claudio Dellacarbonara desmintió categóricamente que algún pedido de salario por parte de los trabajadores tuviera algo que ver con los aumentos y anticipó que seguirán con las medidas de protesta hasta que la situación, definida por su colega Néstor Segovia como “un robo a los pasajeros”, cese.
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