Los talleres clandestinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan un enorme negocio donde los principales beneficiarios son las grandes marcas de ropa, tanto nacionales como extranjeras. Un negocio que muchas veces incluye delitos tan aberrantes como trata de personas, reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Este drama social tuvo uno de sus capítulos más trágicos en marzo de 2006, luego del incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos, todos ellos de nacionalidad boliviana.
Sin embargo, a partir de la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno, las estrategias para desarticular este entramado de poderes fácticos fueron puestas en reposo.
Al amparo de esta inacción estatal se fueron consolidando lo que desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denominan “guardias blancas”, en alusión a las patotas chacareras que se formaron en el campo argentino para proteger los intereses de los hacendados y amedrentan a los campesinos que reclaman por sus derechos.
En este caso, también se trata de grupos de choque, pero que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección. Al mismo tiempo, tendrían estrechas conexiones con algunas radios de la colectividad y con empresas de transportes clandestinas que llevan y traen gente del barrio de Liniers a la frontera con Bolivia.
A partir de la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, y la posterior represión policial, el equipo de Investigación de Radio Nacional se dedicó a indagar quiénes estuvieron detrás de la toma y cuáles fueron sus motivaciones, más allá de las necesidades concretas de las miles de personas que sufren el déficit habitacional en la Capital Federal.
Un hecho llamó la atención desde el primer momento. A pesar de que los tres muertos en el Indoamericano eran extranjeros –un ciudadano paraguayo y dos bolivianos–, Macri responsabilizó por los desmanes a la “inmigración descontrolada”. Y no sólo eso: a los dos días de la brutal represión, el jefe de gobierno porteño brindó una conferencia de prensa junto a representantes de ambas colectividades, como una manera de legitimar sus dichos y, al mismo tiempo, ratificarlos.
Uno de los que acompañó a Macri en esa oportunidad fue Isidro Méndez Chávez, presidente de la Asociación Civil Casa Paraguaya, quien es cuestionado por su cercanía con la dictadura de Alfredo Stroessner y con el ex general golpista Lino Oviedo.
En el caso de la colectividad boliviana, al convite de Macri concurrieron dos miembros de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas en Argentina (FACBOL): Edwin Álvarez y Ricardo Fernández.
Según Juan Carlos Estrada Vázquez, boliviano y ex trabajador de talleres clandestinos, FACBOL es una organización que desde hace varios años oficia de nexo informal con el macrismo. Por detrás de esta entidad se encuentra el principal referente de la colectividad del altiplano en el país, Alfredo Ayala, quien en los papeles oficia como titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (ACIFEBOL).
Luego de los hechos de Soldati, ambas entidades firmaron un documento conjunto a la altura de los deseos del PRO: en él manifestaron su repudio a “todo tipo de ocupación ilegal de espacios públicos y privados”, aclarando además que representaban a “gente honesta y de trabajo, no ocupas o usurpadores”.
A pesar de que el titular de ACIFEBOL se muestra como un simple remisero, según miembros de la colectividad y fundaciones dedicadas a combatir la trata de personas como La Alameda, Ayala sería en realidad una suerte de “intelectual orgánico” de los talleristas.
A Ayala lo acusan de dedicarse a defender el actual sistema de producción de los talleres, que en muchos casos supone la explotación de los costureros, sean hombres, mujeres o niños, que por sus urgencias económicas, el desarraigo y situación de vulnerabilidad, terminan accediendo a trabajar en condiciones paupérrimas y por sueldos de miseria.
Se trata, sin duda, de una situación de extrema gravedad, reflejada por abundantes datos. Según el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), una fábrica y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas, existen más de 5000 talleres clandestinos de ropa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Por su parte, las organizaciones de la colectividad boliviana afirman que cerca del 80% de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Esto significa que, en pleno siglo XXI, hay cerca de 30 mil trabajadores que se desempeñan y viven en condiciones de precariedad extrema, rayanas con la esclavitud.
El mismo Ayala, en diálogo con la Radio Pública, reconoció que “de repente, una mayoría de los talleres no están regularizados” y que existen casos de trata y de esclavitud, aunque se encargó de desmentir que esto constituya una situación generalizada.
Sin embargo, el jefe del área de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría porteña, Mario Ganora, indicó a Ayala como uno de los responsables del accionar de las “guardias blancas” textiles. Para Ganora, Ayala, a través de estos grupos, “impide los procedimientos y ataca tanto a los funcionarios que intentan realizar fiscalizaciones en los talleres como a las víctimas que intentan salir de los lugares”.
La misma Defensoría, cuya máxima autoridad es Alicia Pierini, realizó una denuncia penal contra Ayala, a quien acusa del delito de “asociación ilícita”. En respuesta, el dirigente realizó un escrache a la entidad.
“Hay relaciones económicas entre lo que hace Ayala y lo que hacen las grandes marcas”, sostuvo Ganora. Para el funcionario de la Defensoría, “la producción de indumentaria está fundada en el trabajo esclavo. Hay una convergencia de intereses entre los fabricantes y estas organizaciones de talleristas que deben contar con una estructura de intimidación, una estructura de corrupción de la policía y, a veces, de los gobiernos locales”.
A mediados de 2006, luego del incendio del taller de Luis Viale, comenzaron las agresiones a la fundación La Alameda, según denunció su titular, Gustavo Vera, que además sufrió un atentado cuando desconocidos intentaron prender fuego su casa. Para muchos, el grupo de Ayala estuvo detrás de los episodios, y esa no sería la única vez.
En 2009, durante la inspección a un taller clandestino ubicado en la calle Lacarra, en el barrio de Floresta, se señaló al dirigente boliviano como quien, desde las principales radios de la colectividad, habría convocado a una movilización para frenar el operativo. Según La Alameda, una vez retirados los medios de comunicación, se inició un ataque feroz del que Vera se llevó la peor parte: 13 puntos en su cabeza. Ayala, que estuvo presente en ese momento, no desmintió la violencia, pero alegó haber tratado de defender a Vera frente a la agresión.
Por otra parte, varias de las fuentes consultadas aseguraron que Ayala obtiene beneficios de la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia .
Según relata Estrada Vázquez, esta empresa ayuda a los migrantes con los papeles e incluso presta el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista, a cambio de que se compre allí el pasaje. Esta empresa, agrega Vázquez, no tiene un espacio físico donde funciona, por eso, para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad, que transmiten publicidades y ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa a qué hora y de dónde salen los micros que van y vienen a la frontera.
De su experiencia como costurero explotado, Estrada Vázquez también aseguró que “Ayala trabaja supuestamente como defensor de la comunidad, pero en realidad es el defensor de los talleristas. Una de las metodologías que más usa y que lo muestra como ‘víctima’ es que frente a un allanamiento se para delante de la policía y de los funcionarios para evitar los procedimientos”.
El 30 de marzo de 2007, una inspección del gobierno porteño descubrió un taller clandestino donde había funcionado el ex centro de detención y tortura conocido como Automotores Orletti, en la zona de Floresta. El por entonces subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ariel Lieutier, encabezó el procedimiento que terminó con la clausura del lugar. Fue otro de los episodios en que Alfredo Ayala estuvo involucrado. En su defensa, Ayala dijo no haberse negado a la inspección, aunque reconoció haberse llevado la maquinaria del local. Lieutier, autor del libro Esclavos, sobre el sistema de producción en los talleres porteños, no coincidió con esa versión: “Nosotros detectamos el taller y lo clausuramos obligando a que las máquinas se retiren porque ese espacio estaba destinado a ser un museo para la memoria –sostuvo el ex funcionario–. Pero al otro día a la mañana, el sector de Ayala estaba encabezando un piquete para que las máquinas no se fueran, convocando por las radios a una movilización. Para cuando llegué, me encontré un escenario en el que los tipos no querían negociar nada. No querían que el taller se desarmara.”
Las emisoras son esenciales en la estrategia de Ayala. “Desde las radios generaban un clima de zozobra. Imaginate adentro de un taller donde estás trabajando y escuchas que están allanando otro taller en el que un ‘monstruo argentino’ está viniendo a quitarte el laburo. Entonces, por eso es que aparecen estas contradicciones en las que un costurero está defendiendo a un tallerista”, explicó Estrada Vázquez.
A partir de ese hecho, en La Alameda concluyeron que las radios de la colectividad del sudoeste de la Capital Federal eran manejadas por dueños de talleres. Un dato les resultó esclarecedor: los avisos clasificados de estos medios pedían casi exclusivamente empleados para los locales en cuestión.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana, entre las que se destacan las FM Constelación y Favorita. Funcionarios gubernamentales, miembros de distintas ONG dedicadas a la lucha contra la trata de personas e incluso organizaciones de la propia comunidad, sostienen que muchas de estas señales responden y son manejadas por Ayala. Sin embargo, el dirigente lo desmiente.
Para Estrada Vázquez, “en esas radios se impulsa el nacionalismo, porque uno en el taller lo que busca es recrear las condiciones que perdió con la inmigración. Entonces pasan noticias bolivianas, música boliviana… ”. Pero, en manos de los patrones, ese mensaje adquiere otras finalidades: “Este nacionalismo busca mantener el sometimiento, porque el objetivo es mantenerte en este círculo nacionalista porque sería peligroso que hubiera una racionalidad ya más de clase.”
fuente:
http://tiempo.elargentino.com/notas/como-opera-patota-que-protege-los-talleres-clandestinos-de-ropa
