–¿Cómo trabaja esta auditoría y qué es lo que se ve cuando se trabaja sobre los concesionarios ferroviarios?
–En principio, me pasa lo que le pasa a usted y nos pasa a todos: conmoción y consternación por lo sucedido, y en todo caso habría que recapitular sobre cuál es la actividad de la AGN porque puede ayudar mucho. Porque en el momento de tomar algunas decisiones, la verdad es que nosotros hemos hecho cuatro auditorías sobre TBA, aparte de haber auditado todos los servicios, los ramales de entrada a Buenos Aires, tanto de transporte de pasajeros como de carga en el país, pero específicamente TBA, le diría que en estas cuatro auditorías (y estamos a punto de concluir la última en estos días). Lo que hemos comprobado es que en general hay un marcado nivel de incumplimiento, sobre todo en las inversiones. El Estado ha entregado muchos subsidios, y no se ha traducido en inversiones, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene al ser concesionario. Y también hemos hecho observaciones muy pertinentes y graves sobre aquellas cuestiones vinculadas a las tareas de mantenimiento, tanto de las vías como de los rodados. Fíjese que este accidente ha tenido su origen, aparentemente, en un problema de no funcionamiento de los frenos.
–Eso se comenta, lo primero que han dicho.
–Si eso fuese así, estaríamos encuadrando el accidente dentro de lo que vienen siendo reiteradas observaciones que hemos hecho por parte de la AGN con anterioridad. Son señalamientos muy precisos que hacen impacto directo cuando no se cumple con el mantenimiento, la no inversión y, al mismo tiempo, las condiciones de inseguridad que se generan. Estaríamos ante incumplimientos muy graves por parte de la empresa. Casi subjetivamente, pero fundado en los informes que nosotros hemos realizado, están dadas las causales para pedir la rescisión de la concesión. Y en todo caso, el Estado podría invocar. Es cierto que Néstor Kirchner en varias oportunidades invocó nuestros informes, como para el San Martín y para el Roca. En este caso, están dadas las condiciones. Una cosa es cuando uno retira una concesión sin causal o por una opción de política pública. Y otra cosa es cuando usted tiene un organismo como la auditoría que le está diciendo que el nivel de incumplimiento es de tal magnitud, que el Estado podría tomar esto bajo la responsabilidad de los incumplimientos de la empresa, y no como que el Estado da vuelta la página en una concesión debidamente otorgada.
–El Estado ha venido en los últimos años fijándose más en cómo sostener la tarifa y mantener el servicio. Acá el concesionario tiene una responsabilidad mayúscula cuando vemos cómo funcionan los trenes todos los días. Al principio de la concesión, echaron un montón de gente. Después tomaron mucho personal de seguridad, y hoy hay un abandono evidente. Hay ausencia. Una de las caras posibles del Estado es la policía y aparecen ahí, pero el resto es muy poco el empleado que se ve.
–Estoy de acuerdo. Habría que evaluar con profundidad cuál fue el impacto de las políticas de subsidios, ¿no? No tuvieron en el fondo el impacto que uno esperaba, porque el Estado ha puesto mucho dinero. Y al mismo tiempo, señalábamos nosotros que era muy importante exigir la rendición de cuentas, y que se verificara si efectivamente se aplicaban a las áreas en las cuales se necesitaba el dinero. Pudo no hacerse, y la prueba está en que ni siquiera el mantenimiento se hizo, pero el Estado debió haber intervenido, para vigilar con mayor vigor la aplicación concreta de esos fondos, su impacto, cuáles eran las áreas, qué se hacía con el dinero. Seguramente, ahí ha estado el déficit, más que en la ausencia de fondos. De ahí la importancia de nuestros informes, porque marcaban precisamente que había dinero pero no inversión, hay subsidios pero el mantenimiento y la calidad del servicio sigue siendo mala, las condiciones de seguridad se siguen agravando. Estamos hablando de una empresa que ha tenido muchas vicisitudes en los últimos tiempos, desde aquel accidente no hace mucho de Ferrobayres, por un problema de frenos justamente. O el accidente de Haedo hace unos años, y el más reciente en Flores y otro en Caballito. Situaciones todas que plantean ya una cuestión preocupante y hasta alarmante, por sus consecuencias. Probablemente aprobaremos un Informe de Auditoría próximamente, y ahí charlaremos. Ahí vamos a poder verificar ya a la luz de todos los informes que nos presentan los técnicos y veremos si el Estado no ha tenido un comportamiento negligente o si ha aplicado sanciones y si se hicieron efectivas, con los técnicos del Estado mismo. Vamos a poder ver exactamente el diagnóstico.
–Como impresión primera de esta tragedia, ¿no tiene la sensación de que se ha llegado a un límite?
–Sí. Creo que sí. Algunas tragedias están demostrando que este nivel de tolerancia del Estado no puede sobrepasarse. Esta tragedia, que se suma a otras, con una dimensión difícil de evaluar en este momento, hay una situación de gravedad extrema donde es posible que se produzcan este tipo de tragedias, y no hay una reacción estatal acorde. Hace unos meses, el tren de carga en San Luis, probó que el incumplimiento por parte de las empresas, lo indican. Los niveles estatales de exigencia son débiles, son insuficientes. El Estado debe tomarlo en sus manos. Creo, como usted dice que estamos en el límite, y ojalá que estemos en el límite y que el Estado tome las medidas que se deben tomar ante estas situaciones y a la luz de las observaciones que ya hemos hecho reiteradamente.
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