“El sistema de controles de obra siempre fue muy light. Hasta el año 2000 (gestión Ibarra) estaba a cargo de inspectores que pertenecían a la planta permanente. Esto siempre trajo problemas por el grado de corrupción extrema y las coimas que pedían. En general todo tenía un precio y sólo pasaban las infracciones al Código de Edificación más groseras. En el 2000 se creó el Registro de Verificadores de obra, profesionales externos que van a obra en cuatro oportunidades, sin que se puedan repetir los mismos cada vez. Esto arregló sólo parcialmente el tema coimas porque finalmente el trámite termina en la ventanilla de aprobaciones y casi todo tiene un precio, especialmente mirar para otro lado cuando construís más de lo permitido. El sistema tiene su gran falla en que no se previó el nivel de incapacidad de muchos profesionales para encarar obras importantes y la especulación de las empresas-inversores para bajar costos. Esto siempre existió, pero nunca con tal desaprensión como ahora.”
Este repaso rápido y preciso sobre los sistemas de control de obras pertenece al arquitecto Jaime Sorín, ex decano de la facultad de Arquitectura de la Uba y miembro fundador de Carta Abierta. “Cuando empezaron los derrumbes –dice Sorín– la Legislatura aprobó la Ley 3.562 que Macri no reglamentó porque el lobby profesional y de las constructoras se opuso. Igual, no creo que el tema se resuelva sólo con pasar dos veces más por las obras.” El arquitecto suma otro problema: “El Código de Edificación es muy antiguo y hoy, con los avances tecnológicos, se construye mucho más rápido y con menos cuidado, con profesionales y personal no siempre capacitados. Habría que cambiar las normas, actualizarlas. Esto sí es responsabilidad del Ejecutivo que nunca se preocupó por hacerlo. Supongo que a las empresas tampoco les interesa tener normas técnicas más rígidas”.
–¿Qué nuevo sistema de control se propone desde otros ámbitos? ¿Con participación de qué otros actores además de los estatales?
–No hay otros sistemas de control propuestos más que los verificadores. A los lobbies profesionales (el Colegio de Ingenieros, el Consejo de Arquitectura, la Sociedad Central de Arquitectos) sólo les preocupa mantener la actividad y miran para otro lado a la hora de castigar a los profesionales. Al Gobierno de la Ciudad tampoco le interesa apartar a las empresas y maltrata a los verificadores (no les paga) porque no pueden controlar lo que informan. Quizás si las Comunas funcionaran y tuvieran incumbencia podría seguirse más de cerca la marcha de las obras, especialmente de las clandestinas. Pero tampoco hay que creer mucho en la participación de los “vecinos” porque a nadie le gusta tener una obra al lado y se inventan daños o se trata de sacar ventajas.
Sorín relativiza la idea y el peso del boom de la construcción “ya que en otras épocas, los ’50 y ’60, también se construyó mucho y no se caían las obras. Antes el margen de ganancia era menor, porque los inversores no eran golondrina. Muchas empresas eran también inversoras y cuidaban el prestigio. Hoy no se sabe de quién es el capital que entra y sale, no cuidan el negocio.
–¿Cómo evitar que sea el mercado el que dirija las estrategias de edificación en la Ciudad?
–El mercado siempre decidió las políticas de vivienda y también los planes urbanos. Si no son los inversores inmobiliarios es el lobby de las empresas constructoras (Cámara de la Construcción y otros). Esto es así en todos los niveles de gobierno. Estamos en una sociedad capitalista o anarco-capitalista en el caso de la construcción y la construcción no sólo es un canal de movilización de recursos financieros, sino de creación de mano de obra. De ahí las alianzas que se forman, que son difíciles de quebrar.
–¿Y las promesas de igualdad Norte-Sur?
–No es fácil movilizar los recursos hacia la zona Sur, si no hay una intervención activa del Estado en la determinación de un nuevo código de planificación que desaliente absolutamente la construcción en el Norte. Y, simultáneamente, una mejora en los indicadores sociales en el sur que permita una mixtura social necesaria para que existan condiciones para asentar diferentes sectores sociales, sin provocar desplazamiento de población pobre. Acerca de la igualdad Norte-Sur, hay que discutir qué significa. En principio debiéramos avanzar en generar oportunidades para el Sur que sean semejantes a las que tiene el Norte: en transporte público, escuelas, salud, seguridad. Y pensar en fuentes de trabajo que sean capaces de incorporar mano de obra local con dificultades para entrar al mercado de trabajo más allá de actividades de servicio. El déficit de vivienda no puede solucionarse obligando a alquilar. La mayor parte de estas viviendas está en la zona Norte, con gastos de consorcio importantes y difíciles de afrontar por los sujetos del déficit
http://sur.elargentino.com/notas/jaime-sorin-nunca-hubo-tal-nivel-de-desaprension-como-hoy
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