Todo estaba perfectamente habilitado”, respondió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Pero el movilero insistió: “¿Se habían hecho las inspecciones correspondientes?”. “Todo estaba perfecto, todo”, se defendió el funcionario. “El lugar había sido revisado en nueve ocasiones. La última vez hace sólo cinco días”. Son las mismas respuestas a las mismas preguntas que sobrevolaron los medios en el caso del gimnasio de Villa Urquiza y que, ahora, volvieron tras el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, en la madrugada del viernes, en el que murieron dos jóvenes. Pero si –en las palabras capicúas de Larreta– “todo estaba perfecto, todo”, tal vez ya sea hora de revisar las preguntas. Porque si las inspecciones se hacen y son cada vez más, algo en el modo de realizarlas es lo que no funciona. O, en todo caso, pone en evidencia a un tándem que indefectiblemente reaparece de tragedia en tragedia: la falta de control efectivo por parte del Estado, por un lado, y la voracidad empresarial, por el otro, capaz de mimetizar como “salón de fiestas privadas” a un boliche que de “privado” no tenía nada y en el que se realizaban shows multitudinarios. Es decir, sitios en donde el negocio pasa –precisamente– por abarrotar el lugar de personas para multiplicar la ganancia.
Miradas al Sur se comunicó con especialistas e inspectores cuyas respuestas desnudan, una vez más, una estructura imbatible. Una malla, ya no de corrupción, sino de criminalidad lisa y llana, en la que el lucro manda y la desidia arancelada de los funcionarios, en la era post-Cromañón, sigue imperando.
“En realidad, más que inspecciones, son visitas”, señala Roberto Corne, sociólogo e inspector hasta hace pocos meses de locales en la ciudad de Buenos Aires. “Desde hace años, los inspectores de Documentación –que no tienen poder de clausura– y los de Seguridad e Higiene –que sí poseen ese poder– deberían llegar simultáneamente a un boliche porque así lo establece la ley 265 de Policía del Trabajo”, agrega. Pero (siempre hay un “pero”, y alrededor de ese “pero” siempre terminan brotando muertos) “ya desde la gestión de Aníbal Ibarra viene siendo uso y costumbre que eso no suceda y que se llegue en días separados, con lo que se pierde impacto investigativo”. Y continúa: “En los hechos, lo que termina pasando es que la visita de ‘Documental’ es como un aviso para los dueños de que en pocos días llegarán los de Seguridad e Higiene. Entonces, cuando estos finalmente van, el boliche ya ocultó todo”. Cabe sin embargo preguntar –y sobre todo a la luz de lo sucedido en Beara– cómo es que se “oculta” una estructura enclenque, toda durlock, cañas, baranda de metal y temblor. ¿Cómo es que nadie –especialmente un inspector especializado en seguridad– advirtió que un entrepiso como ése no podía soportar mucho más que el par de sillones y los cuatro fanales que tenía encima?
Miradas al Sur se comunicó con especialistas e inspectores cuyas respuestas desnudan, una vez más, una estructura imbatible. Una malla, ya no de corrupción, sino de criminalidad lisa y llana, en la que el lucro manda y la desidia arancelada de los funcionarios, en la era post-Cromañón, sigue imperando.
“En realidad, más que inspecciones, son visitas”, señala Roberto Corne, sociólogo e inspector hasta hace pocos meses de locales en la ciudad de Buenos Aires. “Desde hace años, los inspectores de Documentación –que no tienen poder de clausura– y los de Seguridad e Higiene –que sí poseen ese poder– deberían llegar simultáneamente a un boliche porque así lo establece la ley 265 de Policía del Trabajo”, agrega. Pero (siempre hay un “pero”, y alrededor de ese “pero” siempre terminan brotando muertos) “ya desde la gestión de Aníbal Ibarra viene siendo uso y costumbre que eso no suceda y que se llegue en días separados, con lo que se pierde impacto investigativo”. Y continúa: “En los hechos, lo que termina pasando es que la visita de ‘Documental’ es como un aviso para los dueños de que en pocos días llegarán los de Seguridad e Higiene. Entonces, cuando estos finalmente van, el boliche ya ocultó todo”. Cabe sin embargo preguntar –y sobre todo a la luz de lo sucedido en Beara– cómo es que se “oculta” una estructura enclenque, toda durlock, cañas, baranda de metal y temblor. ¿Cómo es que nadie –especialmente un inspector especializado en seguridad– advirtió que un entrepiso como ése no podía soportar mucho más que el par de sillones y los cuatro fanales que tenía encima?
Muertes habilitadas. Un inspector que actualmente es parte de la estructura de control –y que por ese motivo pidió reserva de su nombre– planteó un posible descargo en defensa de sus compañeros. “El tema es que si bien la ley dispone que deberíamos ser empleados de planta permanente, en realidad, todos tenemos un contrato a plazo fijo sumamente precario. Esto hace que, a pesar de que algunos son abogados o contadores, el sueldo sea bajo, por lo que debemos tener otras ocupaciones y, por ende, sea inevitable cierto relajo. Muchas de nuestras inspecciones caen en los tribunales judiciales y son declaradas nulas porque deberían haber sido hechas por trabajadores de planta, que casi no existen en ninguna dependencia de la administración pública porteña. Es una ilegalidad legal”. Nada de qué sorprenderse entonces, si el Gobierno al hacer su descargo explica que nada de ilegal había en Beara. “Los planos estaban habilitados”, repiten las autoridades. Y es verdad. Una vez más, la “ilegalidad legal” tomando control de la situación. Las muertas de Beara serán, entonces, “muertas habilitadas”.
Pero lo perverso de esta lógica no termina allí. Porque, además, como los inspectores no llevan consigo registro ni antecedentes de los lugares que van a inspeccionar, la documentación que los dueños de los boliches exhiben nunca es confrontada con la que el Gobierno de la Ciudad tiene en sus archivos. “Así, por ejemplo, si yo inspecciono la seguridad laboral no puedo ver cómo viene actuando esa empresa, no hay seguimiento”, destacó Corne. Es, una vez más, la vieja lógica de “hacer estadística”, inflando números para que –a mayor desempeño– se pueda pedir, también, mayor presupuesto. “A los jefes de los inspectores les interesa que se hagan muchas actas, para así después tener ‘razones’ y pedir más presupuesto al siguiente año. Si los locales tienen trabajadores en negro, piden prórroga y siguen trabajando. De esta manera, más que una inspección, termina siendo un asesoramiento empresarial acerca de qué cosas se deben corregir, pero las anomalías se mantienen en el tiempo”, se sincera.
Pero lo perverso de esta lógica no termina allí. Porque, además, como los inspectores no llevan consigo registro ni antecedentes de los lugares que van a inspeccionar, la documentación que los dueños de los boliches exhiben nunca es confrontada con la que el Gobierno de la Ciudad tiene en sus archivos. “Así, por ejemplo, si yo inspecciono la seguridad laboral no puedo ver cómo viene actuando esa empresa, no hay seguimiento”, destacó Corne. Es, una vez más, la vieja lógica de “hacer estadística”, inflando números para que –a mayor desempeño– se pueda pedir, también, mayor presupuesto. “A los jefes de los inspectores les interesa que se hagan muchas actas, para así después tener ‘razones’ y pedir más presupuesto al siguiente año. Si los locales tienen trabajadores en negro, piden prórroga y siguen trabajando. De esta manera, más que una inspección, termina siendo un asesoramiento empresarial acerca de qué cosas se deben corregir, pero las anomalías se mantienen en el tiempo”, se sincera.
Salí inseguro. La jueza de Instrucción Alicia Iermini es quien lleva a cabo la investigación por las muertes de Ariana Lizarraga (21) y Leticia Provedo (20), las dos jóvenes que fallecieron en la ambulancia camino al Hospital Fernández, luego de ser aplastadas por la estructura que cayó en el boliche. Hasta hoy, el único que se presentó ante los estrados es Juan Carlos García Yun, un joven empresario de 27 años y uno de los cuatro socios que regenteaba el local. Los otros son Iván Fliess (27), Roberto Kattan Coria (28) y Agustín Dobrila (27). Dobrila es organizador de eventos y posee otros dos boliches, uno de ellos en sociedad con Fliess, quien juega al rugby en Hindú Club. Si bien en un primer momento se señaló en diversos medios que el nombre comercial de la empresa era El Viejo Sabio S.A., Miradas al Sur pudo confirmar que en realidad la firma es Complejo La Mole S.A. Ambas son integradas por los mismos cuatro socios, quienes a fines del año pasado hicieron un cambio de denominación ante la Inspección General de Justicia tras una serie de graves problemas bancarios que habría sufrido El Viejo Sabio S.A.
Por lo demás, la firma podía recostarse en la impericia del sistema de controles. “Hay una rutina de lugares por seguir –agregó Corne–, pero es uso y costumbre que muchos inspectores no reparen en un lugar que no está en su hoja de ruta. Es decir, que si un inspector ve cientos de personas comprando entradas en un lugar que evidentemente por lo reducido de sus dimensiones, no tiene la habilitación apropiada, no lo inspecciona porque está fuera de su hoja de ruta”.
Al respecto, Fernando Forns, ingeniero eléctrico y ex director general de Obras Públicas de la Ciudad, dijo que “el 85 por ciento de los boliches utiliza los mismos cables para alimentar la licuadora, la heladera, el sistema lumínico y buena parte de las instalaciones de luz de esos lugares. Esto incrementa la posibilidad de cortocircuitos y de posibles incendios. Además, en la mayoría de los casos, la iluminación de emergencia no es la adecuada”.
Pero si todo esto ya es de por sí grave, hay en esta historia algo más que roza lo patético y pone en claro de qué clase de inseguridad estamos hablando. Veamos: la Agencia Gubernamental de Control (AGC) es el organismo que tras la tragedia de Cromañon implementó el programa Salí Seguro. Según se lee en su página Web Esto es “el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que te permite consultar el grado de seguridad de los locales nocturnos”. Quién sabe. Quizá, antes de ir al recital de Ráfaga, Ariana y Leticia se enteraron que Beara era un sitio que “no registra clausuras por incumplimiento de medidas de seguridad, ni por haber realizado actividades sin permiso en el último año”. Tenía permiso para matar. Y lo usó, justamente con ellas.
Por lo demás, la firma podía recostarse en la impericia del sistema de controles. “Hay una rutina de lugares por seguir –agregó Corne–, pero es uso y costumbre que muchos inspectores no reparen en un lugar que no está en su hoja de ruta. Es decir, que si un inspector ve cientos de personas comprando entradas en un lugar que evidentemente por lo reducido de sus dimensiones, no tiene la habilitación apropiada, no lo inspecciona porque está fuera de su hoja de ruta”.
Al respecto, Fernando Forns, ingeniero eléctrico y ex director general de Obras Públicas de la Ciudad, dijo que “el 85 por ciento de los boliches utiliza los mismos cables para alimentar la licuadora, la heladera, el sistema lumínico y buena parte de las instalaciones de luz de esos lugares. Esto incrementa la posibilidad de cortocircuitos y de posibles incendios. Además, en la mayoría de los casos, la iluminación de emergencia no es la adecuada”.
Pero si todo esto ya es de por sí grave, hay en esta historia algo más que roza lo patético y pone en claro de qué clase de inseguridad estamos hablando. Veamos: la Agencia Gubernamental de Control (AGC) es el organismo que tras la tragedia de Cromañon implementó el programa Salí Seguro. Según se lee en su página Web Esto es “el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que te permite consultar el grado de seguridad de los locales nocturnos”. Quién sabe. Quizá, antes de ir al recital de Ráfaga, Ariana y Leticia se enteraron que Beara era un sitio que “no registra clausuras por incumplimiento de medidas de seguridad, ni por haber realizado actividades sin permiso en el último año”. Tenía permiso para matar. Y lo usó, justamente con ellas.
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