Desde el año 2007 hubo 23 desmoronamientos que provocaron 10 muertes.
El del viernes de la semana pasada fue el vigésimo tercer derrumbe que suma en un solo mandato, Mauricio Macri. Isidoro Madueña, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el último jueves bajo los escombros, es su décima víctima mortal. Los heridos registrados suman alrededor de 60 personas.
Una de las principales herramientas para controlar habilitaciones, seguridad e higiene, obras civiles de arquitectura y salubridad de alimentos es la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Allí hay 126 inspectores, de los que sólo 65 están destinados a control de obras, según su titular, Javier Ibáñez. Por año, se realizan entre 10 mil y 15 mil obras en la ciudad. Es decir, cada inspector deberá ver de 150 a 230 obras, la misma cantidad de días hábiles.
A nueve meses de asumir, Macri tuvo el primer aviso. Una demolición se vino abajo en Caballito, atrapando a dos obreros. Cuatro meses más tarde, seis personas resultaron heridas al caer el encofrado del edificio de Billinghurst 1153. En febrero de 2009, en Chacabuco al 1000 se derrumba la medianera de una panadería y una residencia universitaria, sin víctimas. En marzo de ese año, termina su ciclo el primer director de la historia de la AGC, Federico Young, más pendiente de los funcionarios de la dictadura que había contratado que de la seguridad de las obras. Lo reemplaza Pablo Bourlot.
El 16 de mayo, en San Nicolás al 800, otro derrumbe deja dos heridos. El 27 de octubre fallece Gustavo Lescano, un obrero de 28 años, debajo de una medianera, en Sánchez de Loria al 1100. En diciembre, un hombre muere y otro resulta herido, al derrumbarse una losa en avenida Córdoba y Pringles. Esa semana cae el techo de una obra en Mataderos, hiriendo a seis personas.
Ya en 2010, no hay heridos en el derrumbe de un local de Colegiales que era refaccionado. Sí en la AGC: renuncia Bourlot. Una investigación lo señala integrando un circuito ilegal de dinero. Asume Raúl Oscar Ríos, un dirigente de Boca sin experiencia de gestión. A los dos meses, en Caballito, otra medianera. Días más tarde, otra, en Mármol al 800. Tres pisos de un edificio en refacción caen en pleno centro, Viamonte y Esmeralda, en julio. El 8 de agosto mueren tres personas en el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza. Cuando los rescatistas encuentran el tercer cuerpo, Ríos está votando en contra de Juan Román Riquelme en una asamblea xeneize. Macri lo echa y llega Javier Ibáñez.
A los tres días, una nena es herida al desplomarse una obra en Villa del Parque. El 10 de septiembre de 2010 se derrumba el boliche Beara. Deja dos muertos y 36 heridos graves. De la AGC son expulsados el director de Habilitaciones, Martín Farrell, y la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski. Ibáñez resulta ileso. Cae otra casa en Urquiza, sin heridos .
En enero, muere un obrero de 42 años en Lacarra y Riestra. Ese mes, vecinos de Parque Chas denuncian una obra, son ignorados pero una medianera les da la razón, cayendo. Luego, graves detrozos produce una grúa que cae de 35 metros en Las Cañitas. En abril, tres heridos por otra medianera en Lafinur al 3000. En agosto, otro obrero herido por el derrumbe de un encofrado en Floresta (Campana y Bacacay). A los pocos días, cae el cielo raso de cuatro aulas de la Escuela nº 3 de Barracas. No hace dos meses de la muerte de otro obrero, de apenas 23 años, en avenida Directorio 428, al ceder el techo de una edificación a punto de demolerse.
Tras el derrumbe del viernes pasado, Ibáñez quedó en la mira. Esta vez es el hilo delgado. No hay más margen, el gobierno no hizo los controles a pesar de la advertencia de uno de sus inspectores, un mes y medio antes del siniestro. “El 26 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad tuvo una alerta clave: según consta en el acta de inspección, se informaba sobre la fecha de excavación y del peligro que podían sufrir los edificios linderos a la obra. El funcionario que realizó dicha inspección solicitaba la verificación de la submuración, solicitud que fue desoída por el Gobierno”, relató Eduardo Epszteyn, legislador porteño del Frente Progresista y Popular.
Tampoco puede ocultar su resistencia antidemocrática a la Ley 3562, cuyo primer artículo establece la “obligación de inspeccionar toda obra en construcción durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las inspecciones que se realicen en el avance de la obra”. Para colmo, Ibáñez reconoció que la entrada en vigencia de la norma estaba siendo consultada con las cámaras empresariales del sector.
A los pocos inspectores que tiene la AGC se suma el virtual desmantelamiento de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores (Appv), otro dispositivo de control dedicado a verificar el "estricto cumplimiento a las normas, cuidando así a todos los habitantes, ya que su presencia en los controles edilicios evita actos irresponsables de connivencias que ponen en peligro" a todos. Los peritos de la Appv, sin embargo, cobran 300 pesos por verificación. Cuando se creó el organismo, en el 2000, percibían 200 dólares. Su presidenta, Eva Liliana Rodríguez, asegura que la base del problema es que fallan los sistemas de control.
Los vecinos no creen en la preocupación que muestra ahora el Gobierno. No los convencieron ni el chaleco del ministro Guillermo Montenegro ni las promesas indemnizatorias de Macri.
El mismo Montenegro, seis días antes, hablaba del protocolo que lo obligaba a abandonar a Madueña y seis días después le decía a las cámaras que al hombre lo habían buscado desde el primer momento. Los damnificados leyeron en los diarios que habían cobrado subsidios que no habían percibido. El derrumbe del viernes anterior espantó porque fue la confirmación del estado de inseguridad verdadera que existe en la ciudad de Buenos Aires.
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