LOS ASESINOS Y LA La Justicia dormida.
Durante más de 35 años, la mayoría de los integrantes de la patota platense de la Concentración Nacional Universitaria siguió sus vidas con toda normalidad. Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio fue un estrecho colaborador del carapintada Aldo Rico y siguió en libertad hasta mayo de este año, cuando fue detenido en Córdoba, acusado de narcotráfico. Esa detención obligó al juez Arnaldo Corazza a dictar su procesamiento por los crímenes cometidos por la CNU. Juan José Pomares (a) Pipi se incorporó al Partido Justicialista y, desde 1984 en adelante, ocupó diversos cargos partidarios. Fue detenido por Corazza –luego de que fuera señalado por testigos de un secuestro y asesinato– en julio de este año, cuando tenía un cargo de asesor en el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Su ex mujer, Susana Gordillo, es colaboradora cercana del intendente de La Plata, Pablo Bruera.
La investigación de Miradas al Sur obligó a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a separar de sus cargos a otros dos notorios miembros de la banda, señalados como autores de varias decenas de crímenes. Hasta hace pocos meses, Ricardo Calvo (a) Richard era director Legislativo de esa Cámara, mientras que Antonio Agustín Jesús (a) Tony estaba a cargo de la Dirección de Referencia Legislativa.
Hasta el momento, ni Calvo ni Jesús, igual que el resto de los integrantes de la patota de la CNU identificados por la investigación de Miradas al Sur, han sido citados a declarar por los jueces que tienen a su cargo las causas: Arnaldo Corazza, titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, y Manuel Humberto Blanco, magistrado del Juzgado Federal 1 de la misma ciudad. Sólo uno de los miembros del grupo de tareas, el ex policía bonaerense Alfredo Lozano (a) Boxer, se presentó espontáneamente en el Juzgado de Corazza, pero se negó a declarar por recomendación de la defensora oficial que le fue asignada. También un miembro de la patota declaró –y su declaración fue grabada en video– ante un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Julio Alak. Hasta la fecha, Corazza no pidió ese testimonio, así como tampoco llamó a declarar a los autores de esta investigación, a pesar de la información contenida en la serie de notas publicada hasta ahora en Miradas al Sur (ver “A su disposición, señor juez”).
Como ya señalaron los autores de esta investigación en reiteradas ocasiones, las víctimas de la Concentración Nacional Universitaria platense esperan justicia desde hace más de 35 años. Sus familiares, compañeros y amigos también. Es mucho tiempo, demasiado, incluso para la Justicia más lenta. Se trata de crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado y, por lo tanto, calificados como de lesa humanidad. No prescriben ni prescribirán.
La investigación de Miradas al Sur obligó a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a separar de sus cargos a otros dos notorios miembros de la banda, señalados como autores de varias decenas de crímenes. Hasta hace pocos meses, Ricardo Calvo (a) Richard era director Legislativo de esa Cámara, mientras que Antonio Agustín Jesús (a) Tony estaba a cargo de la Dirección de Referencia Legislativa.
Hasta el momento, ni Calvo ni Jesús, igual que el resto de los integrantes de la patota de la CNU identificados por la investigación de Miradas al Sur, han sido citados a declarar por los jueces que tienen a su cargo las causas: Arnaldo Corazza, titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, y Manuel Humberto Blanco, magistrado del Juzgado Federal 1 de la misma ciudad. Sólo uno de los miembros del grupo de tareas, el ex policía bonaerense Alfredo Lozano (a) Boxer, se presentó espontáneamente en el Juzgado de Corazza, pero se negó a declarar por recomendación de la defensora oficial que le fue asignada. También un miembro de la patota declaró –y su declaración fue grabada en video– ante un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Julio Alak. Hasta la fecha, Corazza no pidió ese testimonio, así como tampoco llamó a declarar a los autores de esta investigación, a pesar de la información contenida en la serie de notas publicada hasta ahora en Miradas al Sur (ver “A su disposición, señor juez”).
Como ya señalaron los autores de esta investigación en reiteradas ocasiones, las víctimas de la Concentración Nacional Universitaria platense esperan justicia desde hace más de 35 años. Sus familiares, compañeros y amigos también. Es mucho tiempo, demasiado, incluso para la Justicia más lenta. Se trata de crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado y, por lo tanto, calificados como de lesa humanidad. No prescriben ni prescribirán.
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