MACRI Y LA POLICIA METROPOLITANA

La fuerza creada por el macrismo está en el centro de las denuncias por vulneración de derechos. La represión en el Parque Indoamericano, hace un año, un antecedente clave.
 
Bruno Pappa, Rodrigo Alfredo Romero, Jesuán Ariel Marchioni y Francisco Nirta comparten una desgraciada coincidencia. Los cuatro fueron asesinados en 2011 por balas porteñas y son los primeros cuatro casos de “gatillo fácil” de la Policía Metropolitana, la fuerza creada en 2008 en el gobierno de la Ciudad. En la actualidad, la 26ª fuerza policial del país tiene 2800 efectivos, desplegados en tres comunas, y para 2012 tendrá un incremento del 43% en su presupuesto. Según el PRO, se trata de uno de los cambios más importantes de su gestión, pero en su corta vida, la fuerza creada por Mauricio Macri ya tiene un largo historial de acusaciones por crímenes por abuso de autoridad y sospechas de irregularidades que fueron relevadas y recopiladas por el Informe 2011 sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, un estudio anual realizado por Observatorio porteño en la materia (ODH). Detrás de la traza de las balas porteñas, el estudio se enfoca en el bautismo de fuego de la Metro, durante el operativo conjunto que realizó junto a la Policía Federal, hace exactamente un año, cuando ambas fuerzas reprimieron ferozmente una toma pacífica del Parque Indoamericano, ubicado en Villa Lugano. El ataque derivó en la ocupación de tierras más grande de la historia porteña y terminó con dos muertos por balas policiales y otro en un confuso episodio de xenofobia, además de decenas de miles de personas sin techo desplazadas y 7000 encerradas en un cerco perimetral controlado por la Gendarmería Nacional. Los crímenes todavía no tienen culpables, pero en el caso que indaga los asesinatos policiales de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Churapuña, hace dos días el fiscal Sandro Abraldes llamó a declaración indagatoria a 33 oficiales de la Metro, 12 de la Federal, entre ellos a los comisarios Roberto Palavecino y Hugo Lompizano, además de la jueza penal de la Ciudad María Cristina Nazar, que ordenó el primer desalojo del 7 de diciembre. A un año de la represión del Indoamericano, el informe del ODH advierte que “las autoridades de seguridad civiles de la Ciudad, lejos de haber facilitado la investigación judicial, han entorpecido procedimientos, llegando incluso a la mentira”, como en el allanamiento realizado en marzo de este año, cuando “una delegación judicial comandada por el fiscal Abraldes halló 98 cartuchos de perdigones de plomo de una dependencia de la fuerza porteña”. El hallazgo derribó las explicaciones que realizó hace un año el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. El 7, poco antes de conocer los primeros datos de los muertos, el ex juez federal festejó el operativo conjunto, pero al día siguiente, acorralado por la crisis, sostuvo que la Metro no usaba balas de plomo. El allanamiento del plomo porteño no sólo contradijo al funcionario, sino que demostró que eran “del mismo calibre que los utilizados en la sangrienta represión”, y “habían sido compradas dos meses antes de la toma”. En los pedidos de indagatoria, Abraldes sostuvo que “algunos de los integrantes de la Policía Metropolitana sindicados efectuaron disparos de arma larga tipo escopeta, contra las víctimas, utilizando cartuchos de escopeta del tipo antitumulto (AT) adulterados mediante la sustitución previa con una posta de plomo”.
De acuerdo con la investigación del ODH sobre la nueva ruta de la pólvora porteña, el capítulo más controvertido tiene que ver con sus integrantes. El 83% de sus cargos de jerarquía proviene de la Policía Federal, el 80% hizo sus primeros años en la fuerza azul durante los 70, en alguna de las 53 comisarías. En 2010, el ODH había advertido que los cadetes eran sometidos a un régimen militar y antidemocrático. Un año después ya hay cuatro asesinatos. El 8 de septiembre, el agente Enzo Fabián Álvarez, vestido de civil, “asesinó al joven de 25 años Bruno Pappa de un disparo en la cabeza en la esquina de Concepción Arenal y Lemos.” Hace un mes la Cámara del Crimen “confirmó el procesamiento por “homicidio simple”, pero el uso indebido de armas de fuego, la forma en que se causó la herida mortal y la denuncia de amigos, familiares y testigos, concurren en un supuesto caso de gatillo fácil por parte del agente”.
El 15 de agosto el “metropolicía” David Alejandro Barrios, “también de civil”, asesinó a Rodrigo Romero, de 16 y Jesús Marchioni de 23, en el interior de un colectivo de la línea 79. “De las primeras pericias –dice el documento– surgió que la única persona que disparó fue el policía, descartándose la existencia de un tiroteo. No obstante, el agente fue condecorado por las autoridades de la Metropolitana.
La saga se completa con el agente Juan José Lisondo, de 25 años, que “discutió con su vecino Francisco Nirta, de 46, y lo baleó en la cabeza”.
La sucesión de estos crímenes resulta inquietante para los autores del informe. “Nos llevan a preguntarnos qué modelo de institución se está formando.” Una pregunta que se multiplicó hace un año, cuando el agente de la Metro Gabriel Sobenko de 21 años fue detenido por integrar un grupo neonazi. <
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