La regulación no significa afectar la rentabilidad, ese fue un verso de los ’90 que nadie se traga. Hay que garantizar el derecho de todos los usuarios. Y que nadie se sienta perseguido; no queremos que se fundan, sólo queremos equilibrar y podemos hacerlo sin pelearnos.” El 16 de mayo pasado, el mismo día en que Tiempo Argentino cumplía su primer aniversario, la presidenta Cristina Fernández utilizaba esas palabras para promulgar la Ley de Regulación de la Medicina Prepaga. No fueron elegidas al azar. Con ese discurso, la mandataria daba por tierra con algunos de los argumentos largamente esgrimidos por los representantes del negocio privado de salud (“las prepagas van a la quiebra con la nueva ley”) y que, en pleno año electoral, tenían campo fértil en vastos sectores de la oposición política.
Lo cierto es que la dimensión que adquirió la medicina privada en la Argentina –tiene cerca de 5 millones de usuarios, es un negocio híper rentable y concentrado en muy pocas manos– hacía prever un duro enfrentamiento cuando desde algún sector se intentara regular la actividad. Y así fue. Desde su media sanción en la Cámara de Diputados hasta su reglamentación efectiva pasaron casi tres años. En el medio hubo de todo: un “cajoneo” de casi dos años que estuvo a punto de hacerle perder estado parlamentario, intentos legislativos para derribar los artículos más sensibles de la ley y un lobby fenomenal por parte de la cámara que agrupa a las prepagas para derribar o, al menos modificar, la inminente legislación, y que Tiempo denunció detalladamente durante su cobertura.
El proyecto de ley original obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2008, su principal impulsora era la legisladora del Frente para la Victoria Patricia Vaca Narvaja, hoy embajadora en México pero con un pasado en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor durante los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner. Justamente, la norma sancionada en la Cámara Baja recogía en gran parte las quejas que los consumidores llevaban a esa dependencia, principalmente por deficiencias en las prestaciones, cláusulas abusivas, problemas en la cobertura y alzas de precios injustificadas.
Tras la media sanción, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, donde fue cajoneado durante dos años y estuvo a punto de perder estado parlamentario. “Corría mayo de 2010, nos apersonamos en el despacho del senador radical José Miguel Cano, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Salud, para ver qué pasaba con el proyecto de ley de medicina prepaga, que dormía en un cajón el ‘sueño de los injustos’, a punto de perder estado parlamentario”, recuerda Ernesto Alfieri, presidente de la Liga de Consumidores (LIDECO) que, como otras asociaciones de consumidores, tuvieron una activa participación en el reclamo por la ley. La Cámara de Diputados había dado media sanción al texto en agosto de 2008.
La regulación tuvo que avanzar sobre importantes intereses económicos. Según un informe de la consultora Claves, publicado en el primer semestre de 2011, sólo cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) concentran el 75% de la facturación, en tanto el 25% restante se reparte entre unas 60 empresas distribuidas en las principales ciudades del país. Fuentes ligadas al sector sitúan la rentabilidad del rubro muy por encima de la media de la economía argentina, que es del 6 por ciento. Incluso la estructura sin controles les permitió a algunas compañías del sector ramificar su cartera de negocios fundando empresas de seguros, sanatorios y hasta financiar equipos deportivos y gimnasios. Otras duplicaron su negocio fundando planes prepagos.
¿Cuáles son los puntos más destacados de la ley? El primero de ellos tiene que ver con la imposibilidad por parte de las prepagas de modificar arbitrariamente los valores que cobran a los usuarios, quitándoles la potestad de que se aumente a jubilados mayores de 65 años con antigüedad de diez años en la compañía. Pero además, la ley incluye la imposibilidad de discriminar a pacientes enfermos, y a tal fin establece tres niveles de patologías por las cuales las empresas podrán cobrar un plus. Justamente, uno de los mayores escándalos del proceso legislativo tuvo lugar cuando, en octubre de 2010, Tiempo Argentino dio a conocer un borrador del dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores donde se permitía a las prepagas rechazar a los pacientes con enfermedades preexistentes como criterio de admisión, una acto de discriminación que desvirtuaba el espíritu de la norma que provenía de Diputados. Ningún legislador se hizo cargo de la polémica y muchos de ellos lo negaron, pero el artilugio puso de manifiesto el intenso lobby empresarial (ver aparte).
Asimismo, la nueva ley creó un registro de empresas y usuarios que será utilizado por el Ministerio de Salud para confeccionar un mapa del sector y conocer cómo opera. También, se obliga a las compañías a presentar balances, modelos de contratos de los usuarios y esquema de gastos, transparentando los manejos oscuros de la medicina privada. En relación con las tarifas, desde ahora los valores sólo podrán incrementarse previa autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud y en relación con la estructura de costos de las compañías y los gastos. <
Lo cierto es que la dimensión que adquirió la medicina privada en la Argentina –tiene cerca de 5 millones de usuarios, es un negocio híper rentable y concentrado en muy pocas manos– hacía prever un duro enfrentamiento cuando desde algún sector se intentara regular la actividad. Y así fue. Desde su media sanción en la Cámara de Diputados hasta su reglamentación efectiva pasaron casi tres años. En el medio hubo de todo: un “cajoneo” de casi dos años que estuvo a punto de hacerle perder estado parlamentario, intentos legislativos para derribar los artículos más sensibles de la ley y un lobby fenomenal por parte de la cámara que agrupa a las prepagas para derribar o, al menos modificar, la inminente legislación, y que Tiempo denunció detalladamente durante su cobertura.
El proyecto de ley original obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2008, su principal impulsora era la legisladora del Frente para la Victoria Patricia Vaca Narvaja, hoy embajadora en México pero con un pasado en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor durante los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner. Justamente, la norma sancionada en la Cámara Baja recogía en gran parte las quejas que los consumidores llevaban a esa dependencia, principalmente por deficiencias en las prestaciones, cláusulas abusivas, problemas en la cobertura y alzas de precios injustificadas.
Tras la media sanción, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, donde fue cajoneado durante dos años y estuvo a punto de perder estado parlamentario. “Corría mayo de 2010, nos apersonamos en el despacho del senador radical José Miguel Cano, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Salud, para ver qué pasaba con el proyecto de ley de medicina prepaga, que dormía en un cajón el ‘sueño de los injustos’, a punto de perder estado parlamentario”, recuerda Ernesto Alfieri, presidente de la Liga de Consumidores (LIDECO) que, como otras asociaciones de consumidores, tuvieron una activa participación en el reclamo por la ley. La Cámara de Diputados había dado media sanción al texto en agosto de 2008.
La regulación tuvo que avanzar sobre importantes intereses económicos. Según un informe de la consultora Claves, publicado en el primer semestre de 2011, sólo cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) concentran el 75% de la facturación, en tanto el 25% restante se reparte entre unas 60 empresas distribuidas en las principales ciudades del país. Fuentes ligadas al sector sitúan la rentabilidad del rubro muy por encima de la media de la economía argentina, que es del 6 por ciento. Incluso la estructura sin controles les permitió a algunas compañías del sector ramificar su cartera de negocios fundando empresas de seguros, sanatorios y hasta financiar equipos deportivos y gimnasios. Otras duplicaron su negocio fundando planes prepagos.
¿Cuáles son los puntos más destacados de la ley? El primero de ellos tiene que ver con la imposibilidad por parte de las prepagas de modificar arbitrariamente los valores que cobran a los usuarios, quitándoles la potestad de que se aumente a jubilados mayores de 65 años con antigüedad de diez años en la compañía. Pero además, la ley incluye la imposibilidad de discriminar a pacientes enfermos, y a tal fin establece tres niveles de patologías por las cuales las empresas podrán cobrar un plus. Justamente, uno de los mayores escándalos del proceso legislativo tuvo lugar cuando, en octubre de 2010, Tiempo Argentino dio a conocer un borrador del dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores donde se permitía a las prepagas rechazar a los pacientes con enfermedades preexistentes como criterio de admisión, una acto de discriminación que desvirtuaba el espíritu de la norma que provenía de Diputados. Ningún legislador se hizo cargo de la polémica y muchos de ellos lo negaron, pero el artilugio puso de manifiesto el intenso lobby empresarial (ver aparte).
Asimismo, la nueva ley creó un registro de empresas y usuarios que será utilizado por el Ministerio de Salud para confeccionar un mapa del sector y conocer cómo opera. También, se obliga a las compañías a presentar balances, modelos de contratos de los usuarios y esquema de gastos, transparentando los manejos oscuros de la medicina privada. En relación con las tarifas, desde ahora los valores sólo podrán incrementarse previa autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud y en relación con la estructura de costos de las compañías y los gastos. <
No hay comentarios:
Publicar un comentario