Fiel a la rutina política que practica desde hace meses, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó una ley sancionada en diciembre por la Legislatura que creaba un Registro de Autoexclusión a las salas de juego para prevenir la ludopatía entre los porteños. El veto –el número 103 durante la gestión macrista– fue comunicado formalmente a la Legislatura el viernes, aunque recién esta semana se publicaría en el Boletín Oficial.
La Ley N° 4085, impulsada por el legislador Daniel Amoroso y sancionada por unanimidad en la Legislatura 1 de diciembre de 2011, creaba un registro de autoexclusión para impedir el acceso de los ludópatas a las salas de juego y apuestas de la Ciudad. Según establecía la norma, la inscripción al registro sería voluntaria y estaría administrada por la autoridad de aplicación que registraría nombre y apellido, número de DNI, una fotografía actualizada, una fecha de alta y otra de baja de la prohibición y el motivo por el cual la persona decide inscribirse en el registro. Además, la ley establecía un sistema de autoexclusiones reforzadas que proponía que un tercero –un amigo o un familia– avalara la solicitud. El veto de Macri sorprendió al bloque del PRO que apoyó el proyecto, confiado en que el Instituto del Juego de la Ciudad lo había avalado. Por otra parte, el Instituto también difunde la práctica del registro de autoexclusión durante los congresos y eventos en los que se trata la adicción al juego.
En los argumentos que se usaron para vetar la ley, el Ejecutivo sostuvo que el hecho de que se requiera la voluntad de un tercero para dar de baja a una persona en el registro “afecta derechos y garantías de orden constitucional –la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, principalmente– en tanto la norma no requiere ningún tipo de intervención judicial que determine la restricción de derechos y libertades individuales”. Lo curioso es que la participación de un tercero en el proceso es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud para que los ludópatas encaren un tratamiento para frena su adicción. El decreto del veto considera que la norma “no se compadece con las disposiciones de los artículos 10 y 13 de la Constitución de la Ciudad y 18 de la Constitución Nacional, y normas concordantes de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional”. También, establece que existen diversas tecnologías –además de la de “reconocimiento facial” que propone la norma– que deberían ser analizadas para implementar una ley de esas características.
Ante el decreto del Poder Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (ALEARA) rechazó ayer en un comunicado el veto por considerarlo “arbitrarió, incoherente y sin fundamentos sólidos”. “Estamos asombrados por un veto que demuestra una enorme arbitrariedad y un gran desconocimiento del gobierno de la Ciudad. Esta ley es una herramienta que se usa con éxito en Chile, Canadá, Uruguay, Australia, Sudáfrica y varios estados de los Estados Unidos”, aseguró el secretario general de ALEARA, Mariano Zeiss. “¿El jefe de gobierno lo hace por incoherente o por interés? En los fundamentos del veto no aparece ningún argumento sólido. Nos queda pensar que persigue algún interés sobre el tema”, sostuvo Zeiss y adelantó que el sindicato insistirá en la Legislatura para que se vuelva a sancionar una norma con un espíritu similar.
El veto a la ley para combatir la ludopatía forma parte del cuerpo de 103 normas que fueron rechazadas por el Ejecutivo porteño. Las últimas fueron acordar con el lobby del sector más reaccionario de la Iglesia para dar de baja el Congreso Pedagógico –que era el primer paso para tener una Ley de Educación– y un proyecto del fallecido legislador de su partido, Gerardo Ingaramo, que concedía una ayuda monetaria de 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down. <
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