Mauricio Macri tendrá este fin de año un motivo más para brindar. La jueza María Fontbona de Pombo –que remplaza al juez Facundo Cubas en el Juzgado N°49– decidió sobreseerlo en la causa en la que estaba imputado por los abusos cometidos contra personas en situación de calle a través del funcionamiento represivo de la disuelta Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). El beneficio sólo recayó sobre el jefe de gobierno y no sobre la treintena de investigados, entre los que se encuentra un ex ministro y otros funcionarios de los que dependía la patota acusada por 17 hechos violentos, entre ellos el abuso sexual a una mujer embarazada. El polémico fallo que fue notificado sobre el filo del comienzo de la feria judicial será apelado recién en febrero por los abogados querellantes, que consideraron que la magistrada no tomó ninguna medida de prueba adicional, ni valoró la documentación que incrimina a las más altas esferas de la gestión PRO.
Fechado el 21 de diciembre, Fontbona de Pombo emitió un único dictamen sobre la situación procesal del jefe de gobierno, desligándolo de la acusación. Entendió que la “intervención” de Macri “aparece reducida al dictado del Decreto 1223/08”, con el cual se le dio creación a la UCEP y tenía como fin “el objeto de mejorar el orden y la organización en el espacio público”. Tiempo Argentino accedió al fallo, donde la jueza se apoyó en el sobreseimiento pedido por el fiscal Marcelo Roma. El 30 de junio –una semana antes de la primera vuelta electoral en la Ciudad– Cubas había dictado la falta de mérito para todos los acusados y le recomendó al fiscal “profundizar” la investigación. Por su parte, Roma, sin tomar medida alguna, aseguró que desde entonces no se sumaron elementos de peso a la causa que ya contaba con 17 denuncias, testimonios de testigos y dos informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, además de reiteradas denuncias periodísticas y videos de la patota en acción.
“Luego de más de tres años de instrucción, no se han reunido pruebas suficientes” afirmó Fontbona de Pombo, “y se estima que tampoco se podrán sumar elementos en el futuro”, arriesgó. El fallo no hace mención alguna a la prueba fílmica, pero tampoco a una serie de documentos revelados por Tiempo que corresponden a una de las computadoras de uno de los encargados de la UCEP, donde se describe con detalles los operativos, hay fotos, planos y un código de siglas para asignar prioridad a los desalojos según el nivel de los funcionarios PRO que los solicitaran.
La forma en que se comunicó el fallo judicial fue curiosa: la notificación a las partes fue el 28 de diciembre, siete días después de que la magistrada lo firmara y a tan sólo tres del comienzo de la feria judicial. Adrián Albor, patrocinante de Carla Baptista –embarazada al momento del ataque– y Graciela Cisneros, otra de las víctimas, anticipó a este diario que apelará el sobreseimiento antes del segundo día hábil de febrero. Pasadas las 9 de la mañana de ese día, la sentencia quedará firme, ya que se incluye dentro del plazo legal para la apelación la media jornada que se trabajó en los juzgados ayer. “El juez Cubas decidió que había elementos suficientes para escuchar a Macri en la indagatoria, por eso lo citó. La jueza no valoró la prueba documental que lo involucra, y el sobreseimiento requiere plena certeza de que el hecho no fue cometido, situación de lo que estamos muy lejos”, sostuvo Albor. Fuentes judiciales deslizaron que no es habitual que un juez firme una resolución de tanto impacto político cuando está remplazando a otro magistrado y al borde del receso estival. La diputada del FAP Liliana Parada –la denunciante que originó el expediente– dijo que el fallo “es vergonzante y lamentable”, y que “con los testimonios y la cantidad de pruebas recopiladas es claro que se intentó limpiar la causa” para no afectar a Macri.
La jueza, por su parte, dio por válidos todos los argumentos que esgrimió en su defensa el jefe de gobierno cuando el 15 de junio finalmente asistió al cuarto llamado a declaración indagatoria. Allí, deslindó su responsabilidad en el accionar de la UCEP y cargó la culpa en su entonces ministro de Espacio Público y hoy a cargo de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Juan Pablo Piccardo. “Yo me entero cuando se licita algo grande”, se excusó Macri sobre la compra de chalecos antipunzantes para la UCEP, órgano que dijo se organizó “por una propuesta del ministro”. Aunque dijo que su función no era desalojar indigentes se despegó de “eventuales usos indebidos”. La acusación que pesaba sobre el jefe comunal era la de haber conformado una unidad cuyo “objetivo central y real era desocupar los lugares públicos de personas en situación de calle mediante prácticas contrarias a la ley”, además de violar tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Carta Magna porteña.
Fontbona de Pombo reconoció un posible uso inadecuado del “término usurpador” en la letra del decreto, pero afirmó que Macri cumplió con el control administrativo debido al pedido de que se iniciaran sumarios por los abusos, pero que la “supervisión” de su accionar recaía en Piccardo. De manera que no hay elementos “que lo vinculen directamente con el accionar concreto e ilegal” y tampoco con la “incidencia en los operativos ni en la metodología implementada”, concluyó.
http://tiempo.infonews.com/notas/macri-fue-sobreseido-causa-maltratos-y-abusos-de-ex-ucep
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