Legisladores denuncian que Macri desconoce la estructura de costos y temen que el boleto llegue a cuatro pesos.
El viernes debutó la nueva tarifa del boleto de subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, debajo de la tierra los trabajadores levantaron los molinetes en varias estaciones, en apoyo a los pasajeros. Arriba, los legisladores porteños que no pertenecen al PRO y organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores presentaron un amparo ante la Justicia para detener el aumento del 127,27% decidido por el macrismo, hasta tanto se discuta el valor real que debe costar cada viaje. En el medio, mientras tanto, en el área de las imprecisiones, las versiones crecieron en sólo una semana como una madreselva rabiosa.
Es que primero se pedían tres meses; pero, el lunes se acordó el traspaso, el miércoles se anunció el aumento y el viernes a las siete de la mañana, en la estación Independencia de la línea C, por ejemplo, ya se cobraba $ 2,50 el boleto. Para peor, por los pasillos oficiales deslizaban que llegará a los $ 4. No obstante, en el boletín oficial no estaba publicado ni el decreto que ordenaba el primer tarifazo. De hecho, la legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) acudió a la secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad y le confirmaron que no contaban ni con el número ni con el texto del decreto, es decir, no existía.
La medida cautelar presentada tuvo la firma de, entre otros, el ex diputado nacional Héctor Polino, hoy titular de la ONG Consumidores Libres. Por sorteo había recaído en el juzgado 4 de la jueza Elena Liberatori, pero al haber “conexidades” con denuncias anteriores, el amparo terminó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Fernando Juan Lima, un magistrado de bajo perfil al que se le conoce haber fallado en favor de la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido un esfuerzo a la Ciudad, y ofreció mantener la mitad del subsidio para disminuir el impacto. Pero el gobierno de Mauricio no sólo lo trasladó a los ciudadanos, sino que tuvo tiempo de calcular un plus.
Polino dijo a Miradas al Sur que el amparo tiene su fundamento en que el aumento es “arbitrario, inconsulto e ilegal. Es arbitrario, porque nadie sabe cuáles son los costos”. El ex diputado socialista afirma que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “no tuvo tiempo de analizar la estructura de costos de la empresa. Se transfirió el lunes, de inmediato anunciaron el aumento y ya se cobra el viernes”. El pedido de una medida cautelar se recuesta en el poco afán democrático del macrismo. Polino recuerda que se “tenía que haber convocado a audiencias públicas, es lo que corresponde, está obligado”.
Es que primero se pedían tres meses; pero, el lunes se acordó el traspaso, el miércoles se anunció el aumento y el viernes a las siete de la mañana, en la estación Independencia de la línea C, por ejemplo, ya se cobraba $ 2,50 el boleto. Para peor, por los pasillos oficiales deslizaban que llegará a los $ 4. No obstante, en el boletín oficial no estaba publicado ni el decreto que ordenaba el primer tarifazo. De hecho, la legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) acudió a la secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad y le confirmaron que no contaban ni con el número ni con el texto del decreto, es decir, no existía.
La medida cautelar presentada tuvo la firma de, entre otros, el ex diputado nacional Héctor Polino, hoy titular de la ONG Consumidores Libres. Por sorteo había recaído en el juzgado 4 de la jueza Elena Liberatori, pero al haber “conexidades” con denuncias anteriores, el amparo terminó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Fernando Juan Lima, un magistrado de bajo perfil al que se le conoce haber fallado en favor de la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido un esfuerzo a la Ciudad, y ofreció mantener la mitad del subsidio para disminuir el impacto. Pero el gobierno de Mauricio no sólo lo trasladó a los ciudadanos, sino que tuvo tiempo de calcular un plus.
Polino dijo a Miradas al Sur que el amparo tiene su fundamento en que el aumento es “arbitrario, inconsulto e ilegal. Es arbitrario, porque nadie sabe cuáles son los costos”. El ex diputado socialista afirma que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “no tuvo tiempo de analizar la estructura de costos de la empresa. Se transfirió el lunes, de inmediato anunciaron el aumento y ya se cobra el viernes”. El pedido de una medida cautelar se recuesta en el poco afán democrático del macrismo. Polino recuerda que se “tenía que haber convocado a audiencias públicas, es lo que corresponde, está obligado”.
El PRO y las instituciones. En el inciso C, del artículo 13, de la ley 210, la Constitución porteña ordena que “en caso de solicitud de modificación de la tarifa” será “obligatorio” realizar una convocatoria a audiencia pública. Aunque ésta sea no vinculante. Polino recuerda, además, el artículo 42 de la carta magna de la Nación, que garantiza a los usuarios y consumidores “el derecho a tener una información veraz y la Justicia interpretó en infinidad de causas judiciales, que el mecanismo idóneo para acceder a una información adecuada y veraz, es el de las audiencias públicas. Es más –agrega el titular de Consumidores Libres–, Macri convocó a audiencias públicas para tratar el aumento en el peaje de las autopistas urbanas, la 25 de mayo, la Perito Moreno y la Arturo Ilia. Y, en el mes de noviembre, convocó a otra para tratar el aumento a los taxímetros”, incluso.
Otro legislador de Nuevo Encuentro, Edgardo Form, subraya ante este dominical el impacto que el aumento ejercerá “en el bolsillo de las personas, tanto de la Ciudad como del conurbano, que viajan diariamente en la red de subterráneos”, y advierte: “Tiene una significación muy fuerte”. El legislador se refiere a que son unos doce millones de habitantes los que sufren las modificaciones en el transporte público, porque es un problema que debe abordarse desde el área metropolitana y no desde la Ciudad, ésta debe articular con la Nación, la Provincia y 14 municipios del conurbano bonaerense.
Además, aunque la audiencia pública no sea vinculante es obligatorio “evaluar el impacto que produce en las personas”. Form explica que “medidas como éstas pueden hacer que todo el mundo se vuelque a los transportes de superficie, que se produzca el caos y que el sistema colapse, por ejemplo, por usar una hipótesis bastante fundada”. Además recuerda que ya hoy, sin ese impacto, a los 800 mil automóviles que hay en la Ciudad se le suman un millón trescientos mil que ingresan diariamente a los doscientos kilómetros cuadrados de territorio porteño.
Eduardo Epszteyn, auditor del Gobierno porteño y ex legislador del Frente Progresista y Popular, le asegura a Miradas al Sur que está seguro que los asiste “toda la razón del mundo” con la presentación de la medida cautelar. Desde el punto de vista jurídico y desde el político. Lo dice porque de prosperar la medida de no innovar, al macrismo le quedan dos caminos: el de la apelación o el del llamado a audiencia pública y, aunque el primero es el preferido del PRO, este último es un procedimiento mucho más rápido.
Otro legislador de Nuevo Encuentro, Edgardo Form, subraya ante este dominical el impacto que el aumento ejercerá “en el bolsillo de las personas, tanto de la Ciudad como del conurbano, que viajan diariamente en la red de subterráneos”, y advierte: “Tiene una significación muy fuerte”. El legislador se refiere a que son unos doce millones de habitantes los que sufren las modificaciones en el transporte público, porque es un problema que debe abordarse desde el área metropolitana y no desde la Ciudad, ésta debe articular con la Nación, la Provincia y 14 municipios del conurbano bonaerense.
Además, aunque la audiencia pública no sea vinculante es obligatorio “evaluar el impacto que produce en las personas”. Form explica que “medidas como éstas pueden hacer que todo el mundo se vuelque a los transportes de superficie, que se produzca el caos y que el sistema colapse, por ejemplo, por usar una hipótesis bastante fundada”. Además recuerda que ya hoy, sin ese impacto, a los 800 mil automóviles que hay en la Ciudad se le suman un millón trescientos mil que ingresan diariamente a los doscientos kilómetros cuadrados de territorio porteño.
Eduardo Epszteyn, auditor del Gobierno porteño y ex legislador del Frente Progresista y Popular, le asegura a Miradas al Sur que está seguro que los asiste “toda la razón del mundo” con la presentación de la medida cautelar. Desde el punto de vista jurídico y desde el político. Lo dice porque de prosperar la medida de no innovar, al macrismo le quedan dos caminos: el de la apelación o el del llamado a audiencia pública y, aunque el primero es el preferido del PRO, este último es un procedimiento mucho más rápido.
Un túnel oscuro. Funcionarios del PRO, en la semana, sondearon el recurso de tomar como celebrada la audiencia pública y agarrarse de otra de hace doce años, cuando en el ’99 se hizo un intento fallido de devolver el subte a la Ciudad. Entonces se había fijado el boleto en 0,75 centavos de dólar. “No se puede seriamente argumentar que se hizo la audiencia pública en referencia a aquella, se hizo en momentos de la convertibilidad, es decir, en una Argentina que no tiene nada que ver con la actual, la paridad con el dólar después explotó por el aire”, exclama Form. Y tanto él como Epszteyn consideraron que el anuncio del aumento en estos momentos fue estratégico. Epszteyn dice que “el aumento convino a partir de enero, porque la gente está en otra, como se hacía en los mejores tiempos del menemismo, y no hay que olvidarse –agrega– de que en el mes de marzo se viene el ABL”. Para Form, parte del “blindaje mediático” tuvo su conjugación en las tapas de los principales diarios, con falsos anuncios de aumentos para colectivos y trenes. “Todo esto y la falta de inversión en el subte por parte de la Ciudad demuestra que no hay vocación de resolver seriamente estos problemas porque emplean una filosofía de un Estado que deja al mercado y no se ocupa de los grandes temas de la ciudadanía”.
Epszteyn concede que hasta puede “estar de acuerdo con que se necesita algún aumento, pero debe hacerse de manera transparente”. Afirma que desde el ente de control de los servicios públicos del Gobierno porteño le confirmaron que no conocen la estructura de costos. Este diario consultó al ministro de Hacienda y Desarrollo Económico, Néstor Grindetti, por el mismo tema y tampoco tuvo respuesta. Para colmo, a la falta de respuesta y al blindaje mediático se le sumaron una cantidad de versiones inverosímiles de las que el macrismo se especializa en convertir en verdaderas. Se habló de que esta administración pretende un subte para pocos a $ 4, Form sospechaba que lo hacían para asustar y terminar subiendo a $ 3,20. Según los 0,75 centavos de dólar que es fijado el boleto en la audiencia pública de hace doce años, significan unos $ 3,25. Es decir, la versión increíble empieza a tomar forma.
El metrodelegado Claudio Dellacarbonara desmintió categóricamente que algún pedido de salario por parte de los trabajadores tuviera algo que ver con los aumentos y anticipó que seguirán con las medidas de protesta hasta que la situación, definida por su colega Néstor Segovia como “un robo a los pasajeros”, cese.
Epszteyn concede que hasta puede “estar de acuerdo con que se necesita algún aumento, pero debe hacerse de manera transparente”. Afirma que desde el ente de control de los servicios públicos del Gobierno porteño le confirmaron que no conocen la estructura de costos. Este diario consultó al ministro de Hacienda y Desarrollo Económico, Néstor Grindetti, por el mismo tema y tampoco tuvo respuesta. Para colmo, a la falta de respuesta y al blindaje mediático se le sumaron una cantidad de versiones inverosímiles de las que el macrismo se especializa en convertir en verdaderas. Se habló de que esta administración pretende un subte para pocos a $ 4, Form sospechaba que lo hacían para asustar y terminar subiendo a $ 3,20. Según los 0,75 centavos de dólar que es fijado el boleto en la audiencia pública de hace doce años, significan unos $ 3,25. Es decir, la versión increíble empieza a tomar forma.
El metrodelegado Claudio Dellacarbonara desmintió categóricamente que algún pedido de salario por parte de los trabajadores tuviera algo que ver con los aumentos y anticipó que seguirán con las medidas de protesta hasta que la situación, definida por su colega Néstor Segovia como “un robo a los pasajeros”, cese.
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