La disputa entre Nación y Ciudad por la transferencia del subte no tuvo pausas durante este fin de año y la pelea judicial que desató el ajuste, ordenado por el gobierno porteño hace una semana, promete no tomarse vacaciones en enero. La primera señal la dio ayer la fiscal porteña Ana Di Iorio, quien le pidió al juez contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, Fernando Juan Lima, que acelere la resolución de los “reclamos que afectan el interés ciudadano”. El pedido, que forma parte de un dictamen firmado por la funcionaria del Ministerio Público fiscal porteño, es un pedido de celeridad al magistrado que encabeza el Juzgado Nº 11 del fuero contencioso, donde se tramitan cuatro amparos presentados por legisladores porteños y asociaciones de consumidores que recurrieron a los tribunales porteños para frenar el aumento del 127% que ordenó el jefe de gobierno, Mauricio Macri, apenas estrenó la “potestad tarifaria” que le devolvió la Nación el 2 de enero, luego de una compleja negociación que arrancó el 11 de noviembre.
Si el juez Lima le da la razón a la fiscal Di Iorio, los abogados de la Procuración General de la Ciudad deberán afrontar la próxima semana cuatro amparos presentados por Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi, Alejandro Bodart y Edgardo Form, y los ex legisladores Eduardo Epszteyn y Vilma Ripoll. A estos tres amparos que se tramitan en juzgados de la Ciudad, se sumó un cuarto pedido de freno al aumento, presentado por los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
En su dictamen, Di Iorio se pronunció a favor de habilitar la feria de verano, porque están en juego “reclamos que afectan derechos ciudadanos, además de que el servicio de justicia no puede paralizarse por el receso de verano”. La intervención de la fiscal no sólo se remitió a reclamarle al juez que active el caso durante los próximos 20 días de enero. También habilitó la competencia del fuero contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, para tratar los amparos. Esta instancia judicial es una de las más resistidas por el macrismo, ya que desde su nacimiento, posterior a la proclamación de la autonomía porteña, todas las gestiones de la Ciudad cosecharon duros fallos en su contra por la violación a derechos consagrados por la Constitución del distrito.
Con el desembarco de la justicia porteña en los temas del subte, fuentes cercanas a Lima confirmaron que el magistrado podría expedirse entre el viernes o el lunes, mientras analiza pedirle la opinión al gobierno porteño, ya que la ley ordena este tipo de consultas en reclamos sobre servicios públicos. Sin embargo, más allá de algún pedido de opinión que pueda solicitar el titular del Juzgado Contencioso 11, lo cierto es que los abogados de la Procuración ya preparan una defensa jurídica ante un caso que podría transformarse en el primero de envergadura sobre la tarifa de un transporte público masivo que tramita el fuero capitalino en su corta vida.
Mientras los abogados del Estado porteño se preparan para defender, durante enero, al gobierno PRO, en un caso que desconocen casi por completo, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contestó que el futuro de los amparos “lo tiene que resolver la justicia”, luego de aclarar que la audiencia pública que reclaman los legisladores para tratar el aumento del 127%, están dentro “del decreto que firmó Macri”, pero esa instancia recién se concretará cuando “se termine” de concretar el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad. Si Lima habilita la feria, la justicia podría obligarlo a realizarlo mucho antes, quizás en pleno verano. Si sucede, será el debate público sobre aumento de tarifas más caliente de los últimos años. <
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